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El gasto de las principales dependencias públicas que prestan servicios de salud tuvo un crecimiento significativo en el inicio del siglo XXI, y las remuneraciones tendieron a aumentar su peso en el total. Las inversiones, en cambio, mantuvieron una proporción muy baja, lo que confronta con la necesidad de incorporar mejoras en el equipamiento tecnológico y hacer frente a una “estructura edilicia obsoleta”.
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Eso plantea un análisis elaborado por Ariel Rodríguez Machado, quien estuvo al frente de la Contaduría General de la Nación entre 2005 y 2010, luego fue adjunto a la Gerencia Administrativa de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), y desde mayo de 2013 a marzo de 2015 ocupó el cargo de director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública.
En el gobierno central (incluidos los organismos del artículo 220 de la Constitución) se destinó entre 11% y 17% del presupuesto a inversiones. Pero en el área de la salud pública esos porcentajes “no llegan a la mitad” en el período estudiado (2000 a 2015) y en algunos casos fueron apenas la tercera parte, señala en un análisis presentado recientemente ante socios de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público, y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores. “Esta conclusión es más alarmante” si se tiene en consideración la “estructura edilicia obsoleta”, la “exigencia de requerimientos modernos de la salud”, así como la mejora tecnológica, que requiere de “equipamientos de alto costo y alta rotación”, agrega Rodríguez.
Gasto.
Su análisis, basado en la ejecución presupuestal, se centró en ASSE, y en los hospitales de Clínicas (Universidad de la República), Militar (Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas) y Policial (Dirección de Sanidad Policial).
De las series elaboradas surge que el gasto total en salud bajó en términos reales o valores constantes en 2001, 2002 y 2003, aumentó modestamente en los dos años siguientes, y lo hizo a un ritmo de entre 10% y 21% de 2006 a 2009. Después los porcentajes de incremento se fueron moderando, hasta ubicarse en 3% en 2015 (siempre respecto al año previo). De esa forma, los egresos en salud pública se duplicaron al comparar con 2000. Con relación al Producto Bruto Interno, llegaron a representar un máximo de 2,9%, justamente el año pasado.
El gasto en ASSE y los tres hospitales ascendió en 2015 a $ 35.664 millones (unos U$S 1.413 millones).
El Hospital Militar, que atiende al personal en actividad y pasivo de las tres Armas así como a sus familiares directos, gastó $ 3.052 millones el año pasado. A su vez, el presupuesto ejecutado por el Hospital Policial fue de $ 2.750 millones, y de $ 2.316 millones en el caso del Clínicas.
Otras instituciones de salud que reciben partidas presupuestales son el Fondo Nacional de Recursos, las comisiones honorarias para la Lucha Antituberculosa, contra el Cáncer y de Salud Cardiovascular. En 2015, Rentas Generales les asignó como “subsidios y subvenciones” $ 1.749 millones, lo que significa 5% del gasto total en salud.
También el Banco de Previsión Social, las Intendencias departamentales y los entes autónomos prestan algunos servicios médicos, por lo que si se suman a lo anterior el gasto público en salud supera el 3% del PBI.
En cuanto a su estructura, algo más de la mitad (55%) del gasto de ASSE y de los tres hospitales se destinó a remuneraciones en 2015. El costo salarial con relación a los egresos corrientes osciló entre 44% en el Policial y 78% en el Clínicas.
Otro 42% del gasto total correspondió a rubros de funcionamiento y el restante 3% a inversiones. ASSE fue el organismo que más recursos invirtió ($ 831 millones en 2015), aunque fueron solo 3% de sus egresos totales.
Rodríguez Machado aclaró a Búsqueda que, por razones de registración (por ejemplo, de gastos de mantenimiento que se contabilizan como inversión), dichos porcentajes se encuentran sobredimensionados en un valor no cuantificado.
Financiamiento.
En 2015 la mayor parte (64%) de los recursos de ASSE y los tres hospitales provino de Rentas Generales, aunque esa proporción llegaba a ser superior a 90% a comienzos de siglo. Es que los recursos de afectación especial fueron aumentando su importancia en los años más recientes con la creación del Fondo Nacional de Salud, que se financia con aportes obreros y patronales, también de los afiliados a ASSE (a diferencia del desaparecido DISSE).
Otro 5% del financiamiento del gasto corriente y de inversiones de los organismos de salud pública provinó de fondos de terceros (básicamente aportes de funcionarios de los Ministerios del Interior y de Defensa, así como las “tasas moderadoras” de medicamentos y algunos estudios clínicos).
¿Empresa pública?
Rodríguez Machado plantea en su análisis la posibilidad de incluir en el artículo 221 de la Constitución a ASSE, un servicio descentralizado creado por la ley 18.161. Con una “interpretación económica”, dicho organismo constituye una “empresa comercial que vende servicios de salud”, razona.
El ex contador general de la Nación señala que asimilar a ASSE al artículo 221 de la Constitución le daría “mayor flexibilidad para la gestión” y la posibilidad de operar como una empresa en régimen de libre competencia con las del sector privado. Pero marca que algunas “carencias” en el organismo “inhabilitan la propuesta en el corto plazo”, como una “estructura no consolidada”, la “inexistencia de una carrera administrativa”, y la ausencia de una contabilidad integral y de costos, entre otras.
