Semanas atrás el gobierno comenzó a negociar las modificaciones al proyecto de ley que pretende sustituir a la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 19.307). El año pasado, tras idas y vueltas entre los socios de la coalición que discrepaban con algunos aspectos del proyecto, su discusión fue postergada para 2021.
Esta semana finalmente se acordó una fórmula para avanzar y votar la iniciativa en junio, tras una reunión entre el ministro de Industria, Omar Paganini, y legisladores de los partidos de la coalición, informó la diaria.
Así, el gobierno acordó eliminar dos artículos centrales del proyecto de ley que eran cuestionados por el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Uno de ellos es el artículo 48, que por un lado habilitaba a los cableoperadores a brindar servicios de Internet y, por otro, establecía que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los prestadores privados (luego la obligación se amplió a todas las empresas de telecomunicaciones). Y a su vez, se eliminó el artículo 40, referido al llamado “must carry”, que refiere a la retransmisión de los canales de aire en los cables del interior.
Está previsto que la redacción del nuevo articulado se envíe al Parlamento a fines de esta semana, con el objetivo de que sea votado en la Comisión de Industria de Diputados en mayo y luego pase al plenario.
Nuevas libertades
El titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, que también participó del encuentro con los legisladores, dijo a Búsqueda que la idea fue llegar a un consenso con las cinco bancadas.
Al analizar la redacción del artículo 48 del proyecto, observaron que si el objetivo es eliminar la prohibición que establece el artículo 56 de la Ley 19.307 (que impide a los cableoperadores prestar servicios de Internet), es “innecesario”. Esto porque el proyecto de ley establece “la derogación total de la ley vigente, entonces si lo que no está prohibido está permitido, obviamente al sacarse la prohibición era innecesario hacer una declaración en el artículo 48”, explicó el jerarca. “No tenía sentido e incluso podía generar malas interpretaciones”, añadió.
Esta decisión no afecta a los cableros, quienes una vez que se apruebe este proyecto de ley, podrán acudir a la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) y solicitar el permiso para ofrecer servicios de Internet, que será aprobado por el Poder Ejecutivo.
En el anterior gobierno, al menos cuatro empresas de cable presentaron con éxito recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 56, alegando que no existían elementos jurídicos para prohibirles dar servicios de Internet. Y si bien hoy esos cableoperadores estarían en condiciones de iniciar el trámite para brindar el servicio, lo importante para Acosta y Lara es que la norma sea pareja para todos y que no solo puedan hacerlo quienes acudan a la Suprema Corte de Justicia.
“Era fundamental que se derogara la ley en relación a esa prohibición. Esto da tranquilidad a aquellas personas que entendían que este artículo podía ser contraproducente para Antel, y también porque podía tener un efecto declarativo; se podía cerrar la banda si mañana el gobierno quisiera permitir que otras personas u empresas pudieran dar Internet por fibra al hogar. Y para no cerrar la banda solo a los cableoperadores, fue que decidimos sacar el artículo 48”, explicó.
En cuanto al arrendamiento de las redes de Antel, algo que Paganini ha intentado impulsar desde hace muchos años, Acosta y Lara explicó que no hubo consenso para mantenerlo en el proyecto.
De esta forma, la opción de arrendar su infraestructura a empresas de cable quedará librada a las decisiones comerciales de la estatal (que no tendrá obligación de hacerlo).
El artículo 40, que también se eliminó, contemplaba las diferencias que pudieran existir entre los cableoperadores y las empresas de TV abierta para fijar los precios de retransmisión. Finalmente, el gobierno prefirió “no meterse en ese aspecto ni hacer de mediadores”, explicó el titular de la Dinatel.
Además, como no había acuerdo político para mantener ese artículo ni existía un reclamo real de las empresas en la práctica, el gobierno entendió que tampoco era necesario.
Otro de los aspectos que se está analizando aún en la redacción del nuevo proyecto de ley es el límite a la titularidad de frecuencias de radio y TV. Inicialmente se manejó en el proyecto permitir hasta ocho licencias por persona (la ley actual solo autoriza hasta tres, si una incluye a Montevideo). Sin embargo, está a estudio una propuesta para establecer un límite de cuatro para frecuencias de Montevideo y de seis para el interior, algo que Cabildo Abierto pretende ajustar para que no sean acumulativas.
“Eso está casi acordado, pero también se está viendo de hacer un solo cupo de cinco para las frecuencias en todo el país, como para eliminar el problema”, dijo Acosta y Lara.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo a Búsqueda, está previsto que el nuevo proyecto, con las modificaciones acordadas y las que están por definirse, esté listo para enviarlo la semana que viene a la Comisión de Industria para que se apruebe “rápidamente”.
Acosta y Lara hizo énfasis en que una vez que se determine el límite y se cumplan los plazos previstos para la adecuación de medios de comunicación, el gobierno “se va a encargar de hacer cumplir la ley”. “No va a pasar como pasó con otras administraciones donde no cumplieron. Va a haber más controles, vamos a hacer una ley para que se cumpla”, afirmó.
Entre los artículos que se prevé que lleguen al Parlamento entre jueves y viernes, estarán contemplados aspectos como viabilizar la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva a través del lenguaje de señas, no retroceder en la publicidad dirigida a preservar los derechos de niños y adolescentes, y mantener la objeción de conciencia de los periodistas, informó por su parte el diputado colorado Martín Melazzi en su cuenta de Twitter.
Puerta abierta
El sector privado espera con ansias la aprobación de la nueva “ley de medios”, en particular, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA). Según dijo a Búsqueda el asesor legal de la institución, Juan Felipe Orticochea, están pendientes de la redacción final, ya que ellos entienden conveniente que se mantenga el artículo 40 para que se regule la relación que existe entre los canales de aire de Montevideo y los cables del interior para poder retransmitir esos contenidos.
Por otra parte, Orticochea ve con buenos ojos la eliminación del artículo 48, ya que comparte que al derogarse toda la ley actual quedarán habilitados a diversificar sus servicios.
“Al no haber una norma expresa que lo prohíba, rige el principio de libertad del comercio”, dijo. La eliminación del artículo “deja la puerta abierta” para que se desarrollen además diferentes acuerdos comerciales con la estatal.
Sin embargo, Orticochea aseguró que la CUTA entiende que debe haber una “apertura gradual”, es decir, que no se abra de un momento a otro la posibilidad de que cualquier empresa pudiera competir en el mercado de Internet. Esto se debe a que podría ser contraproducente para las pequeñas cableras, que no podrían competir con grandes empresas internacionales que quisieran instalarse en el país para vender Internet.
“Incluso sería peligroso para la propia Antel, si se concedieran permisos a nivel nacional para competir con ella. La apertura gradual no está prevista en el proyecto de ley, pero se podría instrumentar mediante la reglamentación que lleve adelante el Ejecutivo”, opinó.
“Dirección inversa”
