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El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, suele repetir que la política es el arte de lo posible. Esa frase podría resumir el proceso de redacción de un proyecto de ley de reforma jubilatoria que terminó el jueves 20 con la firma de todos los ministros. El texto, con 328 artículos, llegará este viernes 21 al Senado y es el resultado de una propuesta que se diluyó en sus etapas.
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Primero hubo recomendaciones de una comisión de expertos integrada por técnicos de los partidos, que en algunos casos opinaron a título personal. En julio, esas sugerencias se incorporaron parcialmente en un anteproyecto que debió sumar nuevos pedidos de los partidos socios del gobierno y que derivaron en el proyecto de ley.
Los cambios surgieron luego de que los partidos de la coalición de gobierno alcanzaran un “acuerdo político que es muy sólido” —tras un encuentro de sus líderes en la Torre Ejecutiva, el lunes 17— y que permite afirmar con contundencia que “habrá reforma”, dijo el principal redactor del proyecto de ley, Rodolfo Saldain, al participar de un evento organizado por la diaria y la Facultad de Economía, el martes 18.
El más relevante de los cambios está en la edad de retiro. Si bien la propuesta final extiende la vida laboral hasta los 65 años —salvo para algunos puestos de la construcción y el sector rural—, cambia el año de nacimiento en el que se comienza a aplicar. La transición para el aumento no comenzará para los nacidos en 1967, como planteaba el anteproyecto, sino en 1973, quienes se podrán jubilar a los 63. Para la generación de 1974, la edad mínima para el retiro se establece en 64 años. Los nacidos de 1975 y en años posteriores, podrán jubilarse teniendo al menos 65 años.
También se acordaron modificaciones respecto a la distribución de los aportes jubilatorios: se destinará 10% al régimen general (BPS) y 5% a la capitalización individual (AFAP), en lugar del 7,5% que se reparte actualmente. En las pensiones de sobrevivencia, se añadieron beneficios a quienes cobran pensiones por discapacidad, entre otros cambios.
Los cálculos iniciales estimaban que hacia el 2070 el gasto público se estabilizaría en nueve puntos del Producto Interno Bruto. Pero con estos ajustes los efectos de los primeros años se dilatan.
En su exposición en la Facultad de Economía, Saldain explicó que la proporción de la población en edad de trabajar de Uruguay empieza a caer en 2040, cuando “se dispara” el gasto previsional. “Es ahora que hay que tomar estas medidas”, salvo que se quiera hipotecar “decididamente las posibilidades de crecimiento económico y bienestar de la sociedad”, alertó.
El abogado dijo que se debe aprovechar la “ventana de la política”: “Es bastante atípico que un gobierno en su mitad de camino decida transitar por esta vía, cuando todo parece indicar que hay más para perder que para ganar en términos políticos”.
Sin embargo, el asesor del gobierno afirmó que si la reforma no se aprueba hacia mediados del año que viene, quedará para el próximo período.
Pecar de “conservadores”
La “multipilaridad” caracteriza al proyecto de ley que, según lo anunciado, llegará el viernes al Parlamento. Hay un “pilar cero” que establece la financiación de algunas jubilaciones con base en recursos fiscales; un pilar básico que refiere al régimen general; y otro “adicional”, sobre la capitalización individual, que administran las AFAP.
La reforma propone que todos los nuevos trabajadores, a partir de la aprobación de la ley, deban aportar en una AFAP. Hoy, eso es obligatorio para quienes tienen un sueldo nominal mayor a $ 71.726.
Saldain adelantó que “hay un montón de cambios sobre el pilar de AFAP que “van en sentidos diferentes” a lo que establecía el anteproyecto. Y fue autocrítico: “Me parece que podríamos haber ido más a fondo. Pecamos de ser conservadores por mantener lo conocido”.
En el modelo actual, definió, los sistemas no están “integrados” sino “yuxtapuestos” porque la capitalización individual “está arriba” del régimen general.
Entre otras cosas, la reforma modifica el mecanismo (de oficio) por el que se asigna la AFAP cuando la persona no elige una. Los nuevos trabajadores que estén en esa situación irán a un “régimen distinto” durante los primeros tres años, en los que sus aportes se destinarán a la “cuenta de crecimiento”, el subfondo en el que las AFAP invierten con más riesgo, pero obtienen mayor rentabilidad.
Además, se plantean cambios sobre las comisiones que cobran las administradoras, ya que para los nuevos trabajadores tendrá un costo menor. El modelo actual implica que el pago de la comisión sea según el aporte mensual de cada trabajador (denominado como “flujo”). A los nuevos afiliados se les cobrará sobre un “saldo de administración”, que equivale a la mitad de aporte por “flujo”, explicó un técnico del gobierno.
Para las AFAP, ese cambio implica menores ingresos.
En su exposición, Saldain advirtió: “Veremos si están todas dispuestas a operar en el mercado con estas reglas”.
Otro cambio respecto al anteproyecto es sobre el “ahorro por consumo”, que implica que el dinero que hoy se devuelve de IVA por compras hechas con tarjetas pase a integrar el ahorro de la persona. En el texto final se establece este plan como una facultad del Poder Ejecutivo, con un mecanismo que “por defecto” se destina al ahorro, pero que puede cambiar.
Saldain destacó que esta propuesta se puede llevar adelante por la “experiencia” que acumuló Uruguay en la inclusión financiera, desarrollada durante los gobiernos del Frente Amplio. Elogió a Martín Valcorba —presente entre la audiencia de la facultad— por el “camino avanzado” que lideró siendo asesor del Ministerio de Economía.
La convergencia
La extensión de la aplicación de la edad de retiro implica un cambio también en la convergencia de los distintos subsistemas previsionales. La reforma propone que haya un régimen único, que abarque a todos bajo las mismas reglas, a partir de 2043.
El anteproyecto establecía un aumento gradual de la incidencia de las nuevas reglas, a medida que decrecía la aplicación del régimen actual. Pero ahora esta transición será más brusca.
El proyecto de ley establece que hasta el 2032 todos los sistemas se mantendrán con las reglas actuales. A partir del 2033 —si la ley se aprueba el año que viene—, al momento de configurar causal la incidencia será de 50% por el régimen viejo y 50% por el nuevo. Así hasta el 2043, cuando el modelo vigente hoy quedará en cero.
En esta convergencia quedan excluidas las cajas de Profesionales y la Bancaria, que necesitan cambios “más fuertes” para equilibrar las finanzas de los institutos, explicó Saldain.
