El gobierno ajusta decreto para cortar con “abuso” en las certificaciones médicas en el Estado y reasignar recursos
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El Poder Ejecutivo prevé aprobar en los próximos días un decreto para que los organismos públicos implementen lo dispuesto en una ley, ya vigente, que busca racionalizar el uso de las certificaciones médicas y lograr ahorros que se puedan reutilizar en esas mismas instituciones, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
La idea de obtener recursos por esa vía ha sido conversada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), uno de los organismos que pretende obtener mayor presupuesto en la Ley de Rendición de Cuentas que empezó a analizar el Parlamento. Pero no es el único organismo donde se entiende que hay “abuso” de las certificaciones médicas de sus funcionarios.
“Hay que hacer un doble click en el uso de las certificaciones médicas. (…) No podemos tener, como en los casos de ASSE, Ministerio del Interior y ANEP, muchísimas licencias. Entonces, no viene la maestra y hay que llamar al suplente de la maestra y al otro suplente de la maestra…”, dijo Arbeleche ayer miércoles 12 en Radio Carve. Indicó que el costo en ese rubro en el caso de la ANEP supera los US$ 100 millones anuales.
Según la ministra, el instrumento de la certificación “no puede prestarse” para “un abuso”.
Por su parte, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, Marcela Bensión, aseguró a Búsqueda que hay otros organismos y algunos ministerios que deben destinar a las certificaciones “montos similares” al mencionado para el caso de la ANEP, que es una “cifra enorme”.
La jerarca informó que, comandado por el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, “hay todo un equipo trabajando a partir de la ley que establece el tema de las certificaciones médicas”. El propósito es “reglamentar esto y lograr eficiencias por ese lado y, por lo tanto, obtener recursos” para que “el inciso lo pueda reutilizar y reasignar para las necesidades que tiene”, explicó Bensión.
En octubre del año pasado el Parlamento aprobó la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios del Estado como parte de la Ley de Rendición de Cuentas de 2021 que comenzó a regir en enero pasado. Estableció —como máximo— nueve días al año de licencia médica y a partir del décimo corresponde un subsidio por enfermedad del 75% del salario, con excepciones como en los casos de embarazo, enfermedades crónicas o situaciones de internación.
En el marco de esa Rendición de Cuentas la ANEP profundizó en el análisis sobre las suplencias por certificaciones y las licencias médicas. En 2021 el gasto por suplencias totalizó $ 6.713 millones (unos US$ 154 millones), 4% superior al de 2020, lo que se vinculó a la mayor presencialidad en el sistema educativo en comparación con el primer año de la pandemia de Covid-19.
El presupuesto de la ANEP en 2022 fue equivalente a US$ 1.225 millones. El presidente de su Consejo Directivo Central, el colorado Robert Silva, reclama que en el proyecto de Rendición de Cuentas hoy en discusión se incrementen los recursos en US$ 60 millones, básicamente para utilizar en la reforma educativa.
Bensión defendió el proyecto presupuestal enviado por el Ejecutivo, que en materia de gasto prevé otorgar US$ 20 millones para la salud mental y el tratamiento de las adicciones. “Los recursos que se propone asignar son los que se enviaron al Parlamento; como dijo la ministra, se buscarán soluciones para tratar de conseguir recursos para la transformación educativa mediante eficiencias”, sostuvo.
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