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    El gobierno aprobó un fideicomiso por US$ 23 millones al Casmu para digitalización clínica y cancelación de deudas

    La mutualista Casmu, una de las instituciones con más afiliados de Montevideo (tiene cerca de 200.000 socios) recibió un nuevo fideicomiso con garantía del Estado por US$ 23 millones. La operativa fue aprobada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según consta en un decreto fechado el 11 de agosto y que lleva la firma del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En el texto de la resolución se aclara que el ministro de Salud, Daniel Salinas, se excusó de intervenir en el expediente en el que se tramitó la emisión de los fondos del fideicomiso. Salinas fue gerente de Recursos Materiales de la mutualista hasta que asumió como ministro en marzo de 2020.

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    Según el decreto, los fondos estarán destinados para financiar un plan de reestructuración presentado por las autoridades del Casmu al MSP. El dinero será desembolsado en distintas etapas y de acuerdo a determinados objetivos trazados.

    En una primera fase el destino de la plata será para la reingeniería de personal (US$ 1.993.923) y la cancelación de pasivos comerciales vencidos (US$ 9.635.839). La segunda etapa también incluye cancelación de pasivos comerciales vencidos por US$ 5.814.881. Y en una tercera fase se invertirá en software y hardware para desarrollar la historia clínica electrónica.

    El presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, dijo a Búsqueda que los pagos de los fondos están atados al cumplimiento de las metas trazadas y vinculados a indicadores que serán controlados por dos veedores. Rodríguez precisó que en esta primera etapa se concentrarán en el pago a proveedores y en incentivos económicos para el retiro de funcionarios.

    La mutualista Casmu, junto con Casa de Galicia y la Asociación Española, es una de las tres instituciones de Montevideo que está intervenida con veedores designados por el gobierno. La resolución fue tomada el 4 de marzo de este año para “asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos” e informar al MSP sobre “eventuales desvíos en la ejecución del plan de reestructuración” en estas tres mutualistas que accedieron al Fondo de Garantía IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) otorgado por el Estado. El MSP designó a dos veedores, un contador y un abogado, por cada una de las mutualistas intervenidas. El Casmu está controlado por Gabriela Casal y Fernando Barbé.

    Si bien estos funcionarios fueron designados a comienzos de este año a sugerencia de los miembros de la Junasa, en el organismo aún no han recibido reportes ni ningún tipo de informe sobre sus actuaciones, algo que distintos integrantes del directorio han hecho notar con preocupación en recientes sesiones.

    Cambios en la Junasa

    El miércoles 18, sesionó por última vez la Junta Nacional de Salud (Junasa) con Luis González Machado al frente. El funcionario, que fue designado por el ministro Salinas para que presida el organismo de contralor del sistema de salud y las mutualistas, presentó la renuncia a su cargo en los últimos días. Su salida fue “precipitada”, dijeron a Búsqueda distintas fuentes oficiales.

    Si bien González Machado había avisado a las autoridades sanitarias que no se quedaría hasta el final de esta administración, su renuncia causó sorpresa entre sus propios compañeros de la Junasa. Las fuentes agregaron que estaba previsto que se mantuviera en el cargo al menos hasta fin de año. Y entienden que hay razones “políticas” detrás de su salida. González Machado ha declarado no tener ninguna afinidad partidaria. En su despedida transmitió que seguirá en la función pública y aseguró que trabajará en la transición con su sustituto en la Junasa, el contador Alberto Yagoda, un exfuncionario de la mutualista Casmu, que asumirá el cargo en setiembre.