El gobierno avanza en la regulación del mercado del supergás, un negocio costoso para Ancap y en el que los privados ganan

Por otro, hasta ayer miércoles 7 Ancap recibió ofertas de una licitación internacional lanzada en octubre para el alquiler de cada una de sus dos plantas de envasado de supergás (que hoy operan Acodike y Riogas), con lo que pretende comenzar a independizarse de ese eslabón de la cadena para concentrarse en el suministro. De hecho, el Poder Ejecutivo encomendó que el ente celebre nuevos contratos de suministro con los envasadores.

En la etapa de distribución participan Acodike (34% del mercado), Riogas (34%), Megal (13%) y también Ducsa (19%), subsidiaria de Ancap.

En los 12 meses cerrados a octubre, la comercialización se ubicó algo por encima de los 160.000 metros cúbicos en total, una baja de 2% respecto al año móvil precedente, informó la consultora SEG Ingeniería.

Si bien el mercado en volúmenes es relativamente estable, en general, arroja sobrecostos para Ancap (US$ 72 millones en enero-setiembre de este año) y ganancias para los privados. El ente pierde porque el precio de venta tiene un subsidio implícito al estar por debajo del costo de producción y de importación (la paridad calculada por la Ursea es de $ 42,44 por kilo, pero a Ancap le ingresan $ 27 menos). De los $ 63,35 de precio máximo de venta al público por kilo de GLP, la empresa pública recibe $ 15,44; la cadena de envasado y comercialización se queda con $ 36,44 y los restantes $ 11,47 corresponden a impuestos y tasas.

“Competencia desleal”

“Siempre hemos reclamado por la transparencia del mercado y la competencia”, dijo a Búsqueda Rossana Bucheli, dueña de 60% de las acciones de Megal.

A su juicio, es “positivo” que Ancap esté licitando las plantas porque está “peleando para mejorar sus costos, ya que todo el mundo sabe que hay un subsidio y un negocio ruinoso”.

“Si vas a la planta de Riogas hay miles y miles de garrafas tiradas de Ducsa para reparar. Cuando viene la zafra primero envasan para ellos (Riogas) y así manejan el mercado. Por eso Ducsa quiere que nos presentemos (a la licitación de las plantas). Estuvieron en la planta de Megal y nos han manifestado su interés en trabajar con nosotros”, aseguró la empresaria.

Dijo que la competencia de Acodike “es razonable”, pero que la de Riogas “es muy desleal” y actúa como “patotero” porque visita a los distribuidores de Megal ofreciéndoles descuentos y beneficios. “Usan todo lo que tengan a mano para castigar” a su empresa, aseguró. Y añadió: “No los quiere nadie, pero tienen su negocio, ganan US$ 7 millones por año, son argentinos… Y qué argentino quiere dejar un negocio que les deja ese dinero en Uruguay. Sabemos que ellos van a seguir aferrados a esa competencia desleal”.

Bucheli dijo que Megal ganó en el último año entre US$ 300.000 y US$ 400.000 y que “está en condiciones de operar, de seguir pagando el convenio concursal de 2018 y de crecer” en el negocio del envasado, por lo que ofertó en la licitación de las plantas con el objetivo de ganar capacidad y “envasarle a Ducsa o a otros”.

El pliego de la licitación fue impugnado por Gasur, Acodike y Riogas, pero el procedimiento siguió adelante. Ayer esas dos empresas se presentaron al llamado.

Luego de publicado, Ancap extendió el plazo hasta ayer porque incluyó la condición de que quien licite debe tomar el personal que trabaja en las plantas (unos 109 puestos en cada una, con una masa salarial que ronda $ 230 millones en cada caso). Para Bucheli, esa dotación es “excesiva” y engloba salarios elevados, pero apuntó que esas “son las reglas de juego”. “En este mercado, cualquier trabajador con segundo de secundaria tiene un salario de $ 60.000 o $ 70.000, con doble vacacional y doble aguinaldo”, dijo.

Dijo que Megal tiene 40 trabajadores en su planta de envasado y es “eficiente”.

Actualmente, la empresa tiene 370.000 garrafas, en un stock total de 3 millones (entre 12% y 14% de participación), informó. En tanto, Riogas y Acodike, que poseen el 70% del mercado de envasado, señalaron en un documento conjunto entregado a varios legisladores cuando Ancap lanzó el proceso competitivo por las plantas que no estaban dadas las condiciones para ofertar por el arrendamiento de las plantas que operan porque hasta entonces no se conocía el marco regulatorio que plantearía la Ursea. En ese texto, reclamaron una respuesta del gobierno a su propuesta de “renegociación” de los contratos (firmados en 2007 y que vencen el 28 de febrero de 2023) como una “forma válida y ajustada al ordenamiento jurídico de satisfacer los intereses de todas las partes”.

Riogas y Acodike indicaron que su horizonte como empresas y el de todos los trabajadores es “absolutamente incierto”. Señalaron que existe un “grave problema de escala en el sector, ya que es el segundo más pequeño” de América del Sur —luego de Paraguay— y advirtieron que de “incorporarse” más actores a la cadena se “comprometerá” su “viabilidad económica”, lo que degradará la “eficiencia del sistema”.

Adujeron que tanto Acodike como Riogas se han encargado de desarrollar el sector de envasado y distribución por más de 45 años, realizando “inversiones millonarias” en centros logísticos, plantas de distribución, locales de venta y flota de vehículos. E indicaron que en forma directa e indirecta el sector emplea a “más de 6.000 personas” en todo el país.

Además, rechazaron que Ancap alegue “pérdidas millonarias” en este rubro que son “una mera ficción (…) calculada a partir de cuánto más podría ganar el ente si vendiera localmente el supergás al precio de paridad de importación y suponiendo que lo importara en su totalidad. Ese supuesto no se condice con la realidad, ya que Ancap solo importa el 20%”.

Consulta pública.

En la propuesta de regulación del mercado, publicada para recibir las observaciones y consultas de los distintos actores, la Ursea alude a las obligaciones de los distintos agentes del sector (suministrador, envasador, distribuidor) que deberán tener vinculaciones contractuales y especifica las condiciones y los criterios “bajo principios de eficiencia y no discriminación”, entre otras especificaciones de “trato equitativo” entre las contrapartes. Por ejemplo, establece que el suministrador en el contrato de suministro de GLP deberá “abstenerse de imponer condiciones inequitativas en perjuicio de los distribuidores minoristas (…)”. Para los contratos que celebre el envasador con los distribuidores minoristas, la Ursea propone lineamientos similares en cuanto a evitar condiciones inequitativas o “indebidamente onerosas e injustificadas por la terminación de contratos”.

Agrega que los agentes del sector “no celebrarán acuerdos o desarrollarán prácticas concertadas entre ellos ni adoptarán decisiones de asociaciones de empresas o conductas de abuso de posición dominante que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado”.

Y advierte, luego de enumerar una serie de prácticas prohibidas (como la no exigencia de exclusividad) según el marco vigente de defensa de la competencia, que la Ursea podrá poner en conocimiento de la comisión encargada en la materia las conductas o situaciones que identifique y puedan poner en riesgo esos principios.

También refiere a los actos de concentración económica en el mercado de GLP, los que deberán notificarse previamente a la Ursea, quien procederá a su autorización, en caso de corresponder.

En materia de precios, la propuesta regulatoria establece que la Ursea determinará el precio máximo intermedio del GLP envasado a los distribuidores minoristas. Los precios de comercialización —entre el suministrador y el envasador y el precio de venta máximo al público— los fijará el Poder Ejecutivo.