A su vez, otros 86,3 millones de dólares ingresaron a Rentas Generales gracias a los juegos que —desde 1939— maneja la Banca de Quinielas, sumado a la Lotería Nacional, que es operada por el Estado.
Según datos oficiales del organismo que dirige Luis Gama, la recaudación bruta de los juegos controlados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ, que regula Quiniela, 5 de Oro, Tómbola, raspaditas y Kini y gestiona la Lotería) fue de U$S 365.944.254, de los cuales apenas 26,8 millones correspondieron a la Lotería Nacional, que fue relanzada y se realiza una vez al mes con sorteos que rotan por diversas localidades del país.
A pesar de que la Banca de Quinielas solamente paga IVA, IRAE y un 5% al Fondo Nacional de Recursos, el aporte de Loterías y Quinielas al erario alcanza casi al de Antel, la única empresa pública que vuelca ganancias y aporta unos 100 millones de dólares anuales a la caja central del Estado.
Estimaciones no oficiales indican que junto a los juegos legales mencionados (a los que deben sumarse los casinos municipales de Montevideo, Carrasco y Parque Hotel, y el Conrad) conviven unos 20.000 slots irregulares dispersos en pequeños locales comerciales de todo el país.
Estas máquinas tragamonedas, que carecen de otro control que el que puedan hacer los propios jugadores, facturan bastante menos que las ubicadas en salas oficiales pero, si bien algunas empresas realizan los aportes legales de sus trabajadores, no dejan nada a la sociedad en tasas e impuestos, porque oficialmente no existen o están disfrazadas. El juego en estas tragamonedas irregulares, imposible de calcular de forma exacta, está estimado en unos 700 dólares al mes (frente a 3.600 de las oficiales) que se distribuyen a partes iguales con los dueños de los locales. Eso significa que el sector mueve alrededor de 168 millones de dólares al año.
“El más pernicioso de los escenarios”.
Aunque el ex director de Casinos municipales y del Estado Juan Carlos Bengoa debe su fama a haber sido procesado con prisión por varios delitos penales relacionados con su gestión al frente de los casinos en Montevideo y por el insólito récord de un casino que daba pérdidas, en la Intendencia lo recuerdan también como alguien preocupado por reprimir el juego “clandestino”.
La comuna, sin embargo, mantiene hasta hoy una actitud ambigua, según reconoció a Búsqueda una alta fuente de la Intendencia, porque aunque, igual que las del resto del país, tiene los instrumentos para reprimir los tragamonedas irregulares, solo actúa ante denuncias y de forma bastante morosa.
El sucesor de Bengoa en la DGC, Fernando Nopitsch, al que una investigación del semanario “Brecha” adjudicó responsabilidad en irregularidades en la concesión del casino del hotel Mantra de Punta del Este, también se propuso reprimir las máquinas barriales y, con el aval del entonces presidente Tabaré Vázquez, en 2009 presentó un proyecto de ley al respecto.
La iniciativa, que no prosperó, fue retomada en esta legislatura por el diputado blanco Jorge Gandini, pero tampoco tuvo suerte.
Según el legislador, eso se debe no solo a la movilización en defensa de las fuentes de trabajo de los que fabrican, mantienen y explotan los slots “barriales” sino también a que empresarios del sector aportan dinero a algunos grupos del oficialismo, en especial Asamblea Uruguay, que lidera Danilo Astori, el Nuevo Espacio y la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), que conducen Rafael Michelini y el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro respectivamente.
Cha, al que la Justicia penal mantiene abierto un expediente por la compra de diez slots para el casino de Atlántida en 2011 (ver recuadro) también pertenece al sector de Michelini y del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo.
Más allá de las verdaderas causas para que las máquinas “barriales” sigan funcionando sin ningún control (salvo en Maldonado a instancias del hotel Conrad y esporádicamente en Montevideo si existen denuncias) lo cierto es que el gobierno de José Mujica, que buscaba regular, no hizo nada para impedir que funcionaran estos “casinos para pobres”.
Sin embargo, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) por San José, Walter de León, figura entre los enemigos más radicales de las salas de juegos sin control estatal.
De León dijo a Búsqueda que la combinación de alcohol y juegos de azar de libre acceso en los barrios, incluso para menores, es una combinación fatal que debe ser reprimida. Sin embargo, su preocupación no prosperó.
La Banca de Quinielas, que en Montevideo preside Roberto Palermo, e Hípica, una sociedad del grupo español Codere y el argentino Liberman —que controla cinco rentables salas (Las Piedras, Pando y tres en Montevideo) desde 1995 a cambio de una fuerte inversión en los hipódromos de Maroñas primero y luego en Las Piedras—, serían las principales perjudicadas en caso de que, en lugar de prohibir, se regularan los slots “barriales”.
La regulación de las tragamonedas y del juego en línea podría conectar las máquinas y hacer más apetecibles los pozos. Hasta ahora, solamente países con fuerte tradición en juegos como Francia, Italia y España han regulado las apuestas a través de Internet, un asunto en el cual la credibilidad es un factor primordial.
En Uruguay, al menos el hotel Conrad tiene preparada la plataforma para los juegos “on line”.
Atento a la realidad del mercado de la timba, el Ministerio de Economía y Finanzas elaboró un borrador de proyecto para regular los tragamonedas “barriales” disponiendo un máximo de tres máquinas por local, en determinadas condiciones.
En la exposición de motivos se reconoció que “la operación aritmética sorprende y acusa con mayor intensidad si se razona y admite que es una renta que escapa a todo tipo de imposición fiscal”.
El “descontrol” y los “muy aislados intentos de represión de estas conductas”, explicaba el redactor del texto que lleva el membrete del MEF, “ha devenido con el paso de los años en el más pernicioso de los escenarios, pues la caótica multiplicación del fenómeno ha configurado una suerte de legalización de hecho”.
La iniciativa abortada proponía “una regulación sumamente severa y restrictiva de esta actividad”, habilitando un máximo de tres máquinas solamente en bares, pubs y cantinas donde ingresen mayores de edad y estableciendo “las correspondientes sanciones”.
“Reorganización institucional”.
Fracasadas las gestiones para regular en uno u otro sentido, el MEF decidió atacar de nuevo a mediados del año pasado elaborando un nuevo proyecto.
Esta vez se trata de una “reorganización institucional de los juegos de azar” en la que se busca “separar claramente las funciones de regulación y control de la actividad directa de explotación”, explica la exposición de motivos.
La actual Dirección de Loterías pasaría a ser una Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, mientras que la actual DGC pasaría a ser un servicio descentralizado.
Antes que nada, el Estado se reserva el derecho al monopolio sobre los juegos de azar y apuestas, incluyendo casinos, actividades hípicas, loterías y quinielas, más allá que se utilicen o no tecnologías informáticas o de telecomunicaciones.
La idea de separar explotación de contralor ha obtenido consensos. El artículo 7 del proyecto, sin embargo, despertó suspicacias porque en el texto que desde esta semana está a estudio de la Cámara de Diputados se dispone que “el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, se realizará, siempre que ello sea posible, mediante la realización previa de procedimientos competitivos. Toda autorización, permiso o licencia tendrá siempre carácter precario y revocable, y su cese no dará lugar a indemnización de clase alguna”.
Información Nacional
2014-05-08T00:00:00
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