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Antes de que el gobierno anunciara la intención de firmar un tratado de libre comercio con China, el director de Empleo, Daniel Pérez, bromeaba: “Si el ministro de Relaciones Exteriores firma un acuerdo, generaría más empleo que cualquier cosa que hagamos nosotros”. La apertura de nuevos mercados o que se creen condiciones para que se radiquen inversiones en el país es lo que mueve la aguja en materia de nuevos puestos laborales; la tarea de esta dirección (Dinae) del Ministerio de Trabajo es “corregir los sesgos” del mercado y focalizar las políticas en las “poblaciones vulnerables”, definió ese jerarca en diálogo con Búsqueda.
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Para centrarse en ese público, el trabajo de la Dinae estuvo centrado en los dos últimos años en ampliar la cantidad de beneficiarios de la reimpulsada Ley de Promoción del Empleo. Si bien se amplió la cantidad de contrataciones amparadas en esa norma, las autoridades todavía no están conformes. Para este año, en tanto, se proponen enfocarse en otro de los problemas del mercado laboral: la informalidad.
En los hombres, aquellos ocupados que no están inscriptos en la seguridad social son el 21,8%, y en las mujeres, el 19,3%, según datos a noviembre del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra ha disminuido respecto a la prepandemia y es relativamente baja en comparación a otros países de la región. Sin embargo, el trabajo informal o “en negro” se acentúa en los departamentos fronterizos. En Artigas es 40,6%, en Rivera es 34,7% y en Cerro Largo, 32,8%, por ejemplo.
La Dinae tiene previsto enfocarse en este problema este año. “Si tenés un comercio en Rivera del lado Uruguay el salario mínimo es mucho más alto que del otro lado y la formalización te agrega un costo. En el litoral, con la situación de Argentina, también. Hay que pensar medidas específicas para eso”, sostuvo Pérez, en particular para los trabajadores independientes, quienes explican “buena parte” de la informalidad. Ser formales “no lo ven como una cosa necesaria” porque en muchos casos se trata de jóvenes que están lejos de la jubilación y en general “bien de salud” y no visualizan la ventaja de tener acceso al subsidio por enfermedad, señaló. Al respecto “hay que generar información y educación”, expresó Pérez.
Aclaró que se esperarán los resultados de estudios de mercado que se harán este año para definir las medidas específicas que se adoptarán. Una posibilidad es crear un sistema de “aporte diferencial”, pero esta propuesta se deberá analizar junto con el Ministerio de Economía.
El comercio y el trabajo doméstico son otros sectores en los que también se registra una alta informalidad de los asalariados, aunque en los últimos años —desde los gobiernos del Frente Amplio— ha bajado. A escala general, ese descenso en los niveles de informalidad se puede explicar, por un lado, en que hubo un grupo de trabajadores que se retiró del mercado laboral, por otro, porque buena parte de los subsidios otorgados durante la pandemia fueron a los registrados en el sistema, lo que sirvió como un “incentivo” para formalizarse.
Contrataciones subsidiadas
En el actual período de gobierno el trabajo en la Dinae se concentró en la redacción de modificaciones para la Ley de Promoción del Empleo, basada en la anterior ley de empleo juvenil. A través de esta norma se subsidia la contratación de trabajadores jóvenes (entre 15 y 29 años), mayores de 45 años y quienes pertenecen a poblaciones vulnerables.
Pérez evaluó de forma positiva la cantidad de empresas que utilizaron esta ley para contratar trabajadores, aunque el resultado aún no es “el esperado”. Hubo unas 4.500 contrataciones el año pasado; en 2019 —cuando solo se podía tomar a jóvenes— fueron 3.200 los beneficiarios.
La Ley de Promoción del Empleo es desconocida para la mayoría de las empresas. “¿Esto a partir de cuándo se aplica?”, preguntaban los empresarios en las rondas de presentación de la norma. “Le decíamos: ‘Hace un año que está disponible’”. Esto muestra que hay que trabajar mucho más en llegar a las empresas concretas, sobre todo a las chicas y a las del interior”, comentó Pérez.
Hay un cambio en la tendencia de las empresas que se ampararon en esta ley. En 2019, cerca del 40% de las contrataciones eran de unas tres firmas grandes; hoy, esa cifra no supera el 20%. “Hay una dispersión más grande” y “muchas empresas chicas” la usan “para contratar dos o tres empleados. Son aquellas que tienen mayores necesidades y a las que le hace la diferencia”, señaló el jerarca.
Se mantuvo “el sesgo de género” a favor de las mujeres en las contrataciones, que a su vez se focalizaron en los menores de 24 años, el rango de edad en el que se concentra la tasa de desempleo más alta (26%).
En 2022, a través de convenios con otras instituciones del Estado, se enfatizaron los beneficios en la contratación de “personas vulnerables dentro de la vulnerabilidad”, como afro, transexuales, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y clasificadores de residuos, y los beneficiarios de programas que atiendan este tipo de situaciones, explicó. Añadió que en 2023 la Dinae buscará que estos convenios sean “más conocidos”.
Recuperación “rápida”
La “recuperación” del mercado laboral respecto a los niveles de la prepandemia que se notaban a fines de 2021 continuó durante 2022, analizó Pérez. Destacó que, por ejemplo, la tasa de desocupación cerrará el año en torno al 8% —en noviembre fue 7,8%—, por debajo del 8,3% de 2018 y del 8,9% de 2019. La tasa de actividad, en tanto, está “unas décimas por debajo” si se considera el promedio anual comparado a 2019, pero los datos de los últimos meses reflejan una recuperación del empleo.
Según el director de la Dinae, “que la máquina siga funcionando” durante la pandemia, sin que la economía se detenga del todo, y que se haya creado el “seguro de paro parcial” explican que las cifras no hayan alcanzado niveles superiores y que se diera una “recuperación más rápida”. Agregó: “Después que cerrás una empresa es mucho más difícil arrancar de vuelta o iniciar un nuevo emprendimiento. Poder mantener el vínculo con las personas facilitó que la recuperación fuera antes. De hecho, se dio un año antes de lo esperado por los analistas”, señaló.
El subsidio por desempleo parcial fue una de las primeras herramientas creadas por el gobierno para hacer frente al impacto laboral derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Si bien estaba pensada para unos pocos meses, se extendió hasta diciembre, aunque solo para los sectores más afectados.
Pérez sostuvo que el “seguro de paro especial” se podría volver a implementar para momentos de crisis, pero agregó que será necesario establecer “controles” para evitar “perforaciones” y “abusos”.
El fin de UPM
La obra civil de la planta de UPM 2, en Pueblo Centenario, fue un motor del empleo en los últimos años: en su pico máximo allí trabajaron unas 7.000 personas, aunque después bajó a alrededor de 4.500. En el gobierno estiman que la obra pública que está prevista para este año compensará parte de los empleos que se pierdan al finalizar la construcción de esa industria. Además, se crearán “muchos más empleos” cuando UPM comience a funcionar, directos e indirectos, en el transporte y en el resto de la cadena logística, explicó Pérez. Esos puestos estarán distribuidos por todo el país, destacó. El empleo “no va a bajar y probablemente suba. No va a estar concentrado ni en la construcción ni en ese lugar. Pero no nos preocupa: seguro lo va a sustituir y es posible que genere más empleo incluso”, afirmó.
