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A fines de mayo, Eduardo Bonomi anunció que la Guardia Republicana iba a hacerse cargo de la seguridad de las cárceles. Ante el rechazo inmediato que generó en sectores de izquierda, el ministro del Interior argumentó que respondía a la necesidad de pasar de un modelo de encierro a uno de convivencia. El gobierno considera que en ese objetivo es fundamental separar en las cárceles a los policías de los operadores civiles —profesores, médicos y psicólogos—, pero sin que se vea resentida la seguridad.
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Las autoridades creen que con el cambio podrán mejorar los programas de rehabilitación, que incluyen políticas educativas, de salud y laborales, y enfocarse en la recuperación de la adicción a las drogas. Aunque para lograrlo enfrentan desafíos que no estaban en el horizonte.
La puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017 redujo el promedio de las condenas: actualmente el 28,9% de los reclusos van a estar un máximo de seis meses detenidos, el 14,7% un máximo de un año, el 7,4% un máximo de tres años y el 6,4% un máximo de más de tres años.
“La privación de libertad en Uruguay estaba acostumbrada a que las personas pasaran prolongados tiempos, por lo tanto, todo lo que implican los programas de preparación para el egreso están pensados para estadías mucho más largas”, dijo Ana Juanche, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), durante el congreso latinoamericano de políticas pospenitenciarias organizado el jueves 13 por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali).
En el evento participó Bonomi, quien también planteó la exigencia de cambios como consecuencia de las penas que se otorgan con el CPP. “Va a haber en la rehabilitación enormes problemas”, admitió. “Los que están entrando ahora entran por seis meses, y yo creo que las políticas privativas de libertad no pueden llevar al que cometió determinado delito grave a estar seis meses, porque no da para nada. Nosotros hicimos un esfuerzo grande para poner en las cárceles talleres, centros de estudio, y el que está seis meses no puede completar un ciclo de estudio para nada”.
La semana pasada el sistema penitenciario volvió a tener más de 11.000 personas privadas de libertad, el 66% en prisiones de Montevideo, Canelones y San José. 95% son varones, 63,5% son reincidentes y el 67,4% son menores de 34 años de edad. El promedio de egreso por mes en 2019 es de 495 personas.
Jaime Saavedra, director de la Dinali, reclamó la inversión privada como parte de la solución a los programas de rehabilitación. “Hay que enamorar a los empresarios. Hay que buscar una legislación, que yo llamo ‘la zona franca del pobrerío’, que acompañe con beneficios fiscales claros a aquellos empresarios que apuestan a trabajar dentro de las unidades penitenciarias. Lo mismo que hace el Estado uruguayo con UPM, que es desplegar la cola de pavo real para que UPM venga, hacerlo para tratar de convencer a los empresarios uruguayos”.
Adicciones
Las penas más cortas también dificultan el trabajo que realizan los técnicos sobre uno de los problemas más extendidos en las cárceles: la adicción a las drogas.
Según datos del INR, 7,9 de cada diez personas que ingresaron a prisión en lo que va del año declararon un uso problemático de drogas. Un censo realizado en abril por el Ministerio de Desarrollo Social sobre personas en situación de calle arrojó que el 82% estuvo en instituciones estatales —cárceles, de salud mental, centros del INAU—, el 83% consumió alguna sustancia y el 59% es consumidor actual.
“En virtud de la presencia del fenómeno en la población privada de libertad es necesario pensar en cómo abordarlo durante el encierro”, sostuvo Juanche.
La duración de la pena, según la jerarca, “interpela” los abordajes tradicionales de intervención penitenciaria, tanto en el trato —acceso a derechos sociales y culturales— como en el área de tratamiento, que abarca la intervención para la modificación de factores de riesgo asociados a la probabilidad de nuevos delitos, como la adicción a las drogas.
