Mientras que el sindicato del taxi se moviliza contra Uber y los legisladores debaten un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regular su actividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice queeste tipo de empresas de “economía colaborativa” surgen de la “necesidad” de la población e insta al gobierno a firmar acuerdos con ellas para resolver los problemas de la ciudad.
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Ese fue el mensaje para las autoridades del especialista en estrategias digitales del organismo, Pablo Valenti, que disertó el martes 6 en un evento organizado por la Intendencia de Montevideo (IMM) en el Palacio Municipal.
“El uso de Uber que todos hacemos también responde a la necesidad que muchas personas tienen de tiempo y de posibilidades de hacer uso de un recurso para solventar una necesidad muchas veces económica y social”, dijo Valenti, que si bien puso ese ejemplo concreto, se refirió de forma general a este tipo de plataformas tecnológicas.
Aunque no hay consenso sobre el alcance del término, hay quienes, como Valenti, ubican a Uber y a aplicaciones similares dentro de la llamada “economía colaborativa”. El concepto refiere a las tecnologías que permiten unir directamente la oferta con la demanda; es decir, que ciudadanos comunes que necesitan cierto servicio puedan ponerse en contacto con otros ciudadanos comunes que pueden cubrir sus necesidades sin tener que acudir a un intermediario.
Para Valenti, en lugar de combatir el fenómeno, que se está dando alrededor del mundo, el gobierno debe aprovechar la “economía colaborativa” para desarrollar políticas inclusivas y hacerlas accesibles a toda la población. Las plataformas, dijo, tienen que estar centradas en las personas de menores ingresos, para quienes, generalmente, son inaccesibles.
“No creo que el debate sea, como mencionan algunos, sobre si estamos creando el capitalismo de plataforma o sobre si estas empresas se han convertido en las nuevas multinacionales de la colaboración. Creo que tenemos que ser optimistas, siempre y cuando los gobiernos de las ciudades tengan un rol protagónico a la hora de corregir estas asimetrías que estamos viviendo”, dijo Valenti.
Esa visión implicaría incluso que las autoridades puedan firmar convenios con empresas de “economía colaborativa” como Uber para resolver problemas puntuales. En la ciudad californiana de Los Ángeles, por ejemplo, se concretó un acuerdo con los operadores de esa compañía, a quienes el gobierno les facilita el acceso a vehículos eléctricos a cambio de que, la mayor parte del tiempo, presten servicios en zonas desfavorecidas de la ciudad, mencionó Valenti.
En una línea similar dijo que si, por ejemplo, existen inconvenientes para que los jóvenes se movilicen de un lugar a otro durante la noche, como es el caso de Montevideo, se puede resolver ese problema con acuerdos con empresas como Uber o Cabify, que puedan “compensar” el servicio del transporte público.
Es que para el especialista, el debate “se ha centrado fundamentalmente en la regulación”, cuando ese aspecto, si bien es “sustancial”, resulta “insuficiente” para abordar un tema mucho más complejo. En este marco, recomendó crear una agencia estatal que se dedique a desarrollar plataformas que sean funcionales a las necesidades sociales.
“Creo que el debate no es ellos contra nosotros”, sino el de “encontrar los mecanismos” para que sea el gobierno quien establezca las “prioridades” de acuerdo a lo que realmente se necesite, destacó.
Leyes y paros.
A principio de año, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento que apuntaba a extender el marco legal existente a las empresas que ofrecen plataformas tecnológicas, las cuales, hasta ahora, escapan a la normativa. La intención del gobierno es que las mismas leyes que regulan el transporte público, los negocios inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad, sean extensivas para las empresas que ofrecen aplicaciones vinculadas a esos servicios.
El texto fue criticado en ámbitos públicos y privados por las gremiales empresariales, por la oposición, por organizaciones civiles que promueven el desarrollo tecnológico y por miembros del propio gobierno. En junio, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que depende de Presidencia, realizó algunas sugerencias para que el texto fuera más preciso. Las recomendaciones de esa dependencia fueron tenidas en cuenta y se cambiaron algunos pasajes.
Sin embargo, el proyecto mantuvo uno de sus aspectos más polémicos. Se trata del artículo 9, que habilita al Banco Central del Uruguay a bloquear las cuentas bancarias de quienes empleen las aplicaciones tecnológicas que operan por fuera de la normativa.
Por este y otros motivos las modificaciones hechas no colmaron las expectativas de los detractores de la ley.
Incluso el vicepresidente de la autoridad monetaria, Jorge Luis Gamarra, advirtió que la ley presentaba problemas, según publicó “El País” el 14 de agosto.
El Movimiento de Participación Popular, en tanto, dijo que no acompañará el proyecto de ley porque considera que es innecesario debido a que ya existen las herramientas para regular aplicaciones como Uber. Los legisladores de la oposición tampoco lo respaldan.
Las autoridades de la IMM, si bien han aplicado multas, manifestaron en reiteradas oportunidades que carecen de las herramientas necesarias para poder frenar el avance de la aplicación.
Mientras el gobierno nacional y el departamental no encuentran una solución definitiva al problema, los taxitas agremiados —tanto el de propietarios como el de trabajadores— toman medidas de lucha. Ayer miércoles, el Sindicato de Trabajadores del Taxi hizo un paro contra Uber, rodeó el Palacio Legislativo e instaló una carpa en la zona.
Las movilizaciones parecen no dar resultados. Por el contrario, pronto los taxistas uruguayos tendrán otro rival. La multinacional Cabify, la competencia de Uber en el mundo, comenzará a operar en estas semanas en Montevideo, según informó a diversos medios de comunicación el director para América Latina de esa empresa, Ricardo Weder.
Información Nacional
2016-09-08T00:00:00
2016-09-08T00:00:00
