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Obsoleto, caro, sobrevalorado, innecesario. Las calificaciones al Hawker HS 125-700, el eventual avión presidencial, fueron poco amigables desde la oposición una vez que se supo que Presidencia, contrario a una resolución del Tribunal de Cuentas (TCR), dispuso seguir adelante con el propósito de adquirir la aeronave.
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Ante las críticas, el anuncio de una interpelación al ministro de Defensa por parte del senador Pedro Bordaberry y las opiniones negativas surgidas desde el propio sector aeronáutico, el gobierno justificó la decisión de Tabaré Vázquez de avanzar pese al fallo del Tribunal de Cuentas. “Hay oportunidades en que se necesita realizar un gasto y se reitera, siempre que haya fundamentos para hacerlo. Así que si hay fundamentos, creo que la decisión es la correcta”, sostuvo el ministro de Economía, Danilo Astori, el jueves 12 en conferencia de prensa.
Cuatro días después fue el subsecretario de Defensa, Daniel Montiel, quien expuso los motivos para adquirir el avión. “La compra se hizo en función de los informes técnicos y adecuados a este tipo de aeronaves con la opinión por demás calificada de la Fuerza Aérea. Tenemos la certeza de que la aeronave cumple con los requerimientos para que su actividad de vuelo sea la correcta y la adecuada”, argumentó.
Los cuestionamientos a la compra del avión apuntan principalmente a que no tiene las condiciones suficientes para funcionar como emergencia médica, uno de los propósitos con los que el gobierno pretende utilizarlo, además del traslado nacional e internacional de Vázquez y de los ministros, y de la instrucción de pilotos. Sin embargo, una fuente de la Fuerza Aérea señaló a Búsqueda que la infraestructura del avión “sí permite hacer traslados de pacientes” ya que lo único que debe modificarse es el amueblamiento interno, que requiere entre otras cosas gastos en equipamiento médico: por ejemplo, la camilla especial para pacientes cuesta U$S 90.000.
La fuente también descartó que por su tamaño el avión no pueda operar en algunos de los aeropuertos del país, como el de Paysandú, afirmando que lo puede hacer en todos e incluso aterrizar en los tramos de ruta dispuestos para ello, como en la ruta 9 a la altura de Santa Teresa. Afirmó además que el avión tiene autonomía suficiente para viajar sin escalas a casi todas las capitales de Sudamérica.
Actitud antijurídica.
El Hawker HS 125-700, perteneciente al empresario Carlos Bustin, fue ofrecido a Vázquez en 2015. Ese año el Ministerio de Defensa pretendió adquirir la aeronave, mediante compra directa, sin licitación, y fue observado por el TCR. Presidencia decidió entonces hacer una licitación a la que se presentó solamente la misma aeronave, pero en noviembre el Tribunal de Cuentas volvió a observar el gasto por entender que no había igualdad de condiciones para con otros hipotéticos oferentes.
En el pliego de condiciones que rigió la licitación, la Fuerza Áerea Uruguaya (FAU) asignó un 20% del puntaje a los oferentes que tuvieran el “certificado de aeronavegabilidad otorgado por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia)”. El TCR entendió que “el eventual oferente que se enteró del llamado por las vías de estilo no contaba con el tiempo suficiente (60 días calendario entre la publicación del llamado y su apertura) para tramitar un certificado” ante la Dinacia, “que le permitiría puntuar en igualdad de condiciones con oferentes que contaran con dicho certificado”.
Por eso, el organismo afirmó que “existió una imposibilidad material de competir en el procedimiento en igualdad de condiciones para aquellos eventuales oferentes que no contaran con el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia, lo que contraviene principios como el de igualdad de los oferentes y el de la concurrencia (art. 149 del Tocaf)”.
En la sesión del TCR del 15 de noviembre, los ministros debatieron sobre el asunto (se terminó votando 4 a 3 objetando el gasto). Álvaro Ezcurra (colorado) dijo que nunca había visto una licitación “tan dirigida como esta”. “Eso no es correcto”, retrucó León Lev (frenteamplista) (Búsqueda Nº 1896).
Esta vez, a partir de un dictamen de la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno que sostuvo que el pronunciamiento del TCR tuvo “inconsistencias” y una “actitud antijurídica”, Vázquez obvió las objeciones y reiteró el gasto. Se prevé que el miércoles próximo el Tribunal de Cuentas analice nuevamente el proceso de licitación para dar su veredicto definitivo.
