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El gobierno defiende su estrategia de drogas ante la ONU
A fines del 2020, el secretario de Drogas destacó avances del mercado legal de marihuana y planteó que se necesita más tiempo para evaluar sus resultados
Mercado legal abarca al 24%, según Radío. Foto: Nicolás Garrido
Sin apoyo de los otros partidos y contraviniendo la letra de las convenciones internacionales, el Frente Amplio aprobó durante la administración de José Mujica una ley que reguló el mercado de cannabis de consumo recreativo. En los últimos meses, al gobierno de Luis Lacalle Pou le tocó el turno de defender su estrategia vinculada a las drogas en ámbitos multilaterales, incluida la denominada “ley de marihuana”.
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El prosecretario Rodrigo Ferrés representó a Uruguay en la 64 sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (ONU), que comenzó esta semana en Viena. En su discurso, Ferrés, que preside la Junta Nacional de Drogas, dijo que “cada país es soberano para establecer sus propias políticas tendientes a mejorar la salud pública, respetando los derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional, e implantando medidas de lucha contra el narcotráfico”.
“Uruguay promueve un modelo de gobernanza de las políticas de drogas que integra de forma equilibrada, los intereses y los aportes del Estado, de la sociedad civil y del sector privado, articulando y aplicando dichas políticas en los procesos de desarrollo económico, social y cultural de toda la sociedad”, dijo Ferrés.
El prosecretario afirmó que “no existe una única solución para los problemas vinculados con las drogas” y que depende mucho de la realidad de cada región y cada país. En cuanto a Uruguay, añadió, el enfoque está centrado en “el modelo de gestión de riesgos y reducción de daños”.
El discurso de Ferrés tuvo muchos párrafos en común con el que en noviembre del 2020 dio el secretario de Drogas, Daniel Radío, durante una reunión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano crítico con los procesos de legalización del cannabis.
Radío sostuvo que la Estrategia Nacional de Drogas de Uruguay “se sustenta en políticas basadas en evidencia científica, lo cual implica que sistemáticamente se está evaluando y monitoreando su implementación y sus consecuencias”.
Después de decir eso, Radío detalló los resultados alcanzados por la ley que reguló el mercado de cannabis con fines recreativos, la que también fijó las normas para los sectores medicinal e industrial.
A setiembre del 2020 había 53.347 personas habilitadas a conseguir marihuana por alguna de las tres vías legales fijadas por la norma: venta en farmacias, clubes de membresía y autocultivo. Esto implicaba, según Radío, que la regulación alcanzaba aproximadamente al 24% del mercado de consumidores mayores de 17 años, porque la última encuesta de la JND, desarrollada en 2018, ubicaba ese universo en unas 238.000 personas.
“Podemos afirmar que, paralelamente, se ha verificado un descenso a la quinta parte del consumo de cannabis proveniente del tráfico ilícito internacional (prensado paraguayo)”, acotó Radío con base en la encuesta de 2018.
Sobre el final de su intervención, el jerarca dijo que los datos que tenía el gobierno uruguayo “son provisionales dado” que van “menos de tres años en la implementación completa de la ley”. Es que si bien fue aprobada en diciembre de 2013, la venta en farmacias recién comenzó en julio de 2017. “Se requieren ma´s mediciones con el transcurso del tiempo para comenzar a evaluar una tendencia”, sostuvo Radío.
Más leve
Meses después de la reunión entre las autoridades uruguayas y los integrantes de la JIFE, el organismo presentó este último marzo su informe anual.
En el documento, sostiene que “toma nota de la labor” del gobierno uruguayo “dirigida a vigilar la fabricación, la distribución y el consumo de cannabis con fines no médicos y presentar información al respecto”. Añade su “preocupación por el aumento del consumo de cannabis informado por el gobierno de ese país y desea reiterar que las medidas o los reglamentos que autorizan el consumo con fines no médicos de cualquier sustancia sometida a fiscalización, incluido el cannabis, contravienen las obligaciones contraídas por los Estados partes” en las convenciones.
Pese a que se trata de un comentario crítico, fuentes del gobierno vinculadas al tema dijeron a Búsqueda que el lenguaje del documento de la JIFE es más leve que en ocasiones anteriores.
“La aplicación universal y plena de los tratados corre un grave peligro porque algunos Estados parte, como Canadá y Uruguay (así como varios estados de los Estados Unidos), han legalizado el consumo de cannabis con fines no médicos”, señala el informe divulgado en 2019.
