El gobierno electo filtró una “nueva ley de educación” entre sus medidas de urgencia, algunas de “discutible constitucionalidad”

Garibaldi —hoy integrante del Consejo de Formación en Educación (CFE)— sostuvo que las nuevas autoridades de la educación, encabezadas por el designado ministro Pablo da Silveira, filtraron “una nueva ley de educación”, entre sus medidas de urgente consideración, que introduce un “cambio en relación a la historia de la educación pública” del país.

Garibaldi opina que, así como está planteado, el anteproyecto “desmerece a la educación pública, desregula el trabajo docente, fragmenta el sistema” y, en definitiva, concibe a la educación “como una política de gobierno y no de Estado”.

“Si solo alguno de estos riesgos se concretara, el retroceso será grande”, dijo.

De Pivel Devoto a Rama.

Según Garibaldi, la proyectada ley “contiene normas de discutible constitucionalidad, dada la supeditación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al Poder Ejecutivo a través del MEC”. Eso, a su juicio, “afecta la autonomía técnica de la educación pública”.

Por ejemplo, dijo, crea el Programa de Fortalecimiento de la Profesión Docente en la órbita del MEC y “modifica totalmente las relaciones laborales y de trabajo para los docentes”. A su vez, señaló que “favorece la fragmentación del sistema” puesto que “establece la posibilidad de que coexistan dos estatutos docentes” que rigen de forma simultánea.

Garibaldi advirtió que esta modificación habilita “compensaciones salariales” que estarán sujetas a “circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto socio-cultural (…) o el cumplimiento de política pública”. Y planteó sus dudas sobre cuáles serán los criterios a tomar en cuenta: “¿Los índices de repetición, los resultados de las pruebas PISA, los informes del Instituto de Evaluación Educativa?”.

El consejero señaló que la autonomía técnica de la educación pública no es “un precepto incorporado por la izquierda”, sino que se remonta a los “principios varelianos” defendidos por “personalidades de todos los partidos políticos”. Por eso, sostuvo que el anteproyecto va “a contrapelo” de lo que hicieron los propios gobiernos blancos y colorados. En esa línea, destacó “la defensa de la autonomía de la ANEP de (Juan) Pivel Devoto (exministro blanco) y “la defensa de la educación pública de Germán Rama en su polémica reforma” durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.

Por otra parte, la iniciativa “condiciona” las venias para la designación de los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP a comprometerse ante el Senado a “cumplir los principios y metas generales” que fijará el Compromiso de Política Educativa Nacional, diseñado por el MEC. Para Garibaldi, eso evidencia “el carácter subordinado” de las autoridades de la ANEP al MEC. Así, la educación queda “sujeta a los cambios que se produzcan en el Poder Ejecutivo”, cuestionó.

Privados, mercantilización y lucro.

Según Garibaldi, el anteproyecto “restringe la participación en general, ya que no solo reduce la integración de consejeros en el Codicen, sino que la elimina en el caso de los subsistemas (Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente)”, al tiempo que disminuye el peso de los consejeros electos.

“¿Acaso se entiende que la participación es freno a la toma de decisiones? ¿Se considera que la integración de los docentes en los consejos ha entorpecido su funcionamiento o no ha permitido adoptar alguna decisión o desarrollar alguna política?”, inquirió Garibaldi, y apuntó: “Robert Silva (exconsejero y designado presidente del Codicen) puede dar testimonio contrario a esa afirmación”.

Garibaldi cuestionó además que se elimine el carácter universitario de la formación en educación y que se fije “un procedimiento voluntario de reconocimiento a nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por instituciones públicas no universitarias”, creándose un consejo consultivo que duplicará esfuerzos y gastos. Recordó que el Parlamento votó en 2019 la creación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, acordado por todas las universidades (públicas y privadas), al cual Da Silveira, en principio, se opone, informó Búsqueda semanas atrás.

Por otra parte, criticó que mediante este proyecto de ley “se aumenta la participación de las instituciones privadas” en toda la estructura educativa y “se elimina” el Sistema Nacional de Educación Pública. “¿No es posible pensar una forma de participación de los privados sin eliminar la coordinación del sistema público?”, planteó.

Finalmente, el jerarca cuestionó la derogación de un inciso de la Ley General de Educación que establece que “no se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con estados u organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como servicio lucrativo o alentar su mercantilización”.

Sobre este punto, Garibaldi inquirió si el futuro gobierno considera la educación como “un servicio lucrativo” y también si se propone “firmar acuerdos internacionales que tomen a la educación como mercancía”.