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Desde una oficina especializada creada en la Dirección General Impositiva (DGI) salieron en los últimos meses los primeros reportes en respuesta a solicitudes formuladas por administraciones tributarias de Argentina, España, Portugal, Francia y México, que les pueden ser útiles para perseguir a presuntos evasores. Esa es una de las pruebas de que Uruguay se encuentra aplicando los acuerdos de intercambio de información fiscal negociados hasta ahora con cerca de una treintena de países, que lleva al gobierno a confiar en que salvará una nueva prueba a la que está siendo sometido por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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El 1º de abril comenzó la segunda fase de un proceso de revisión que apunta a comprobar si el régimen de intercambio de datos tributarios vigente en Uruguay está teniendo aplicación efectiva. El proceso empezó con un cuestionario que está siendo respondido por el gobierno y tendrá otra instancia desde el 9 de julio próximo, cuando visitarán el país Cleve Lisecki, de la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, y Alexandra Storckmeijer, una experta en tributación internacional de la Autoridad Impositiva de Suiza. Realizarán un “trabajo de campo”, señalaron.
Lisecki y Storckmeijer, junto a Caroline Malcolm, de la secretaría del Foro Global de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales de la OCDE, estuvieron a cargo de la primera fase de esta “revisión entre pares” (denominada así porque en la investigación participan funcionarios de los países que adhieren a este foro) que se realizó en 2011. La evaluación en esa instancia dejó mal parado a Uruguay: no superó el examen y cuestionó especialmente que el país se negara a negociar tratados de intercambio de datos fiscales con Argentina y Brasil, así como que no fuera posible conocer la identidad de los dueños de las sociedades con acciones al portador (ver Búsqueda Nº 1.634).
La reacción de las autoridades uruguayas ante ese informe fue inmediata y anunciaron su disposición a discutir acuerdos de ese tipo con los vecinos, lo que concretó tiempo después. También se modificó el régimen de sociedades anónimas y se creó un registro en la órbita del Banco Central en el que debe ser inscripta la información sobre los accionistas de las empresas.
Al amparo del tratado con Argentina la DGI ha “contestado pedidos de información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, referidos a empresas de rubros variados” que tienen relación con ese país, informó en febrero en Búsqueda el director general de Rentas, Pablo Ferreri. La repartición también dio respuesta a solicitudes de datos formuladas por oficinas recaudadoras de España, Portugal, México y Francia, en todos los casos sobre empresas, también en el marco de acuerdos bilaterales.
Ferreri informó que la DGI cursó su primera solicitud al amparo de estos tratados. “Hemos hecho un pedido a España sobre una empresa, que está en trámite”, dijo entonces. “Para nosotros estos tratados empiezan a ser una fuente de información y estamos entendiendo que es un camino no solo de ida, sino también de vuelta”, agregó el jerarca.
De cara a la segunda fase de la revisión de la OCDE que está en curso, Uruguay está “bien posicionado”, comentó una fuente oficial. “Tenemos la oficina especializada de intercambio de información en la órbita de la DGI, un manual de procedimientos y hay un uso efectivo de los tratados bilaterales”, remarcó.
Bajo la presión de los países de la OCDE y de otros que participan en su Foro Global de transparencia, Uruguay amplió en los últimos años su red de acuerdos para la cesión de datos tributarios con propósitos de fiscalización y hoy rondan los 30. Uno negociado con Chile iba a ser firmado este mes, pero ese paso quedó postergado ante la suspensión de la visita que iba a realizar al país la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
