En enero de este año, la primera versión del proyecto de ley de urgente consideración tenía 457 artículos. Una negociación entre los partidos socios en el gobierno decantó algunos artículos —como el que habilitaba a las carnicerías a elaborar chorizo artesanal— y agregó otros, por lo que la versión que ingresó al Parlamento subió a 501 artículos. Finalmente, luego de un mes y cinco días de iniciado el debate en comisión, este miércoles comenzó la discusión del proyecto en el plenario con 476 artículos.
, regenerado3
“No se desvirtuó el proyecto, tiene el mismo espíritu, estamos conformes”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en la noche del miércoles cuando se retiró del Palacio Legislativo. El mandatario estuvo un rato viendo en vivo desde la barra del Senado la discusión.
El texto tuvo varios cambios, primero por diferencias en la interna de la coalición de gobierno. Aunque también se hicieron modificaciones que permitieron que el Frente Amplio votara varios artículos, más allá de que se oponía en general a la iniciativa.
Este fue uno de los principales argumentos del oficialismo durante la discusión de ayer miércoles: que la oposición votó el 51% del articulado del proyecto que salió de la comisión especial. Esto llevó a que el tono del primer día del debate fuera relativamente tranquilo, a diferencia de lo que ocurrió el 28 de abril, cuando el proyecto ingresó a cámara y se registró un duro cruce entre los dos bloques.
Pese a que el Frente Amplio votó 243 artículos, sus legisladores plantearon en todo momento su discrepancia con el proyecto. “Que quede claro: somos contrarios a esta ley de urgente consideración. El número de artículos que vamos a acompañar no es reflejo de un apoyo integral, porque lo importante es la sustancia y no la cantidad”, dijo Mario Bergara.
En líneas generales, los legisladores del Frente Amplio señalaron que con su trabajo en comisión lograron cambiar propuestas y así hicieron una “reducción de daños”.
Desde el oficialismo destacaron la flexibilidad para acordar. “El proyecto ha sido mejorado”, dijo Jorge Gandini (Partido Nacional), y aseguró que quedó claro que la coalición de gobierno “goza de una enorme salud”.
Gandini afirmó que con esta ley se responde a lo que les pidieron los ciudadanos que votaron por el “cambio” en octubre y noviembre pasado. “No se puede decir que nos dormimos con los cambios”, afirmó.
Gustavo Penadés, quien presidió la comisión especial, destacó que durante la discusión de los artículos se fue tomando “cosas que se plantearon”. Informó que recibieron a 160 delegaciones y que en comisión los senadores intervinieron en 1.352 oportunidades, 832 veces lo hicieron legisladores del Frente Amplio y el resto fueron de la coalición de gobierno.
Penadés rechazó que se le atribuya al proyecto la “intencionalidad de violentar la Constitución, vulnerar derechos consagrados en la ley” o que dé “marcha atrás en derechos adquiridos”.
Los socios del Partido Nacional en el gobierno también defendieron el proyecto. El colorado Adrián Peña dijo que “con gusto” votaban el proyecto. “Nos hemos sentido muy conformes, esta ley incluye gran parte de las propuestas del partido, y nos sentimos representados en este gobierno. Es una buena ley para el Uruguay”.
Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, también respaldó la iniciativa. “No porque refleje íntegramente nuestros puntos de vista”, aclaró. “Vivimos en una democracia y como tal todos tenemos que ceder algo para hacer a la felicidad pública”. Domenech puso énfasis en que el futuro del país se “juega” en la seguridad y respaldó los cambios planteados.
Reducción de daños.
El Frente Amplio rechazó la iniciativa por considerarla “inconstitucional”, “inconveniente” a los intereses del país y porque no justifica la urgencia en el contexto de emergencia sanitaria.
“No podeos consentir esta forma de gobernar y legislar”, dijo Charles Carrera. Explicó que con el trabajo del Frente Amplio hubo una “reducción de daños” y por eso es que votarán varios artículos. Agregó que la iniciativa tenía como objetivo “desmantelar” al Estado.
Las medidas planteadas en seguridad fueron de las cosas que el Frente Amplio más cuestionó. Argumentaron que aumenta la “discrecionalidad policial” e incrementa las penas de cárcel. También cuestionaron los cambios en educación porque supuestamente afecta, entre otras cosas, la autonomía de los órganos que rigen el sistema.
Los legisladores de la coalición de izquierda criticaron que se tomen medidas para “desmantelar la política de inclusión financiera”, lo que podría generar informalidad en el trabajo y la economía.
Cargaron también contra los artículos que afectan al Instituto Nacional de Colonización porque, argumentaron, reducirá su cartera de tierras y desalentará la radicación de la población en la zona rural.
La bancada de senadores del Frente Amplio expresó su rechazo a los cambios en materia del alquiler de viviendas, ya que se desprotege al inquilino porque podrá ser desalojado en forma “express”.
La oposición apuntó como una victoria haber revertido la desmonopolización del mercado de combustibles. En este caso, el gobierno debió dejar de lado la idea debido a la oposición de los colorados, Cabildo Abierto y Partido Independiente. La coalición acordó una nueva redacción de tres artículos para que se estudie la posibilidad de ir en ese camino de desmonopolización. El único que anunció que no acompañará estos nuevos artículos, fue el colorado Germán Coutinho. Dijo que en su opinión se debió dejar el artículo original enviado por el Poder Ejecutivo.
La izquierda también destacó que logró evitar que Antel quedara obligada a compartir su infraestructura y redes con empresas privadas. Al respecto, los colorados ya habían manifestado reparos a votar estos artículos.
En su informe, el Frente Amplio resaltó que se consiguió “reducir” la “pérdida de controles para prevenir el lavado de activos”, ya que no se deroga la identificación de la forma en que se pagan transacciones de monto elevado y la prohibición al fraccionamiento de los pagos.
Respaldo unánime.
Si bien a partir de hoy jueves comenzará la votación por artículos, de la discusión en comisión surge qué apoyó la izquierda. De la sección uno, vinculada a la seguridad pública, con 117 artículos aprobados en comisión, 60 tuvieron el respaldo de la izquierda. La mayor parte de ese apoyo se dio en el capítulo referido a las normas sobre el proceso penal.
Respaldaron 16 artículos de la sección educación, que tiene un total de 78 artículos.
Hubo varias votaciones unánimes. Todos los partidos apoyaron los artículos sobre promoción a las micro y pequeñas empresas, las modificaciones al régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, el capítulo referido al control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados y la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Todos apoyaron también los capítulos sobre la creación de la agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas y de la agencia reguladora de compras; los artículos que promueven el fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes; el de la eficiencia administrativa en el sector portuario; el que crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal; el que convoca a una comisión de expertos para tratar el tema de la seguridad social y los capítulos que apuntan al fortalecimiento del Ministerio de Vivienda.
Artículos eliminados.
En las negociaciones se quitaron artículos porque no tenían los votos o porque irán en proyectos de ley aparte y en el Presupuesto. Entre los eliminados, figura el que habilitaba al Ministerio del Interior a requerir a las empresas telefónicas que le facilitaran en 48 horas la información detallada de la localización geográfica de una llamada o transmisión de datos para realizar tareas de “investigación policial y del establecimiento de delitos”.
En la negociación se quitó el artículo que crea el cargo de director nacional de la Seguridad Rural. Se eliminó también el que establecía que los motociclistas deberían llevar el número de matrícula en el casco.
Se quitaron artículos vinculados a la violencia en el deporte y el que creaba la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos. Esta última se discutirá en un proyecto aparte.