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Bajo la premisa de no crear normativas complejas que sean ajenas al estatuto laboral vigente en el país, el gobierno mantuvo su posición en las negociaciones con UPM ante el requerimiento de la empresa de elaborar una ley a su medida que le asegure tranquilidad sindical durante la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
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Aunque en el gobierno se ha estudiado una ley que dé una solución general a ese reclamo común de todos los empresarios, para el caso de UPM se busca establecer otro tipo de normativa, de tipo colectivo y que incluya los acuerdos alcanzados en materia laboral por la empresa y el PIT-CNT, una cláusula de prevención de conflictos y otras acciones específicas que cumplan con ciertos pedidos de UPM, dijeron a Búsqueda fuentes al tanto de la negociación. “Se acordó con mucho trabajo y con la participación de todos los actores”, señaló la semana pasada Tabaré Vázquez.
Aunque en el gobierno se ha estudiado una ley que dé una solución general a ese reclamo común de todos los empresarios, para el caso de UPM se busca establecer otro tipo de normativa, de tipo colectivo y que incluya los acuerdos alcanzados en materia laboral por la empresa y el PIT-CNT.
Algunas de esas acciones están incluidas en un proyecto de resolución que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró en febrero y que, tal como estaba planteado, fue objetado por UPM. Entre las posibilidades se encuentra instalar en Pueblo Centenario, donde está previsto que se construya la planta, una oficina de la Dirección Nacional de Trabajo y otra de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social para funcionar de manera permanente durante el lapso de la obra, con la posibilidad de comunicarse directamente con las jerarquías del ministerio e intervenir directa e inmediatamente en las diferencias que puedan surgir entre la empresa y los trabajadores.
Otras se apoyan en el acuerdo de inversión firmado por el gobierno y UPM en noviembre de 2017, que establece en el punto 3.6.10 trabajar en la regulación laboral tomando como base aspectos fundamentales de una propuesta que el ministerio realizó a las cámaras empresariales y al PIT-CNT en marzo de aquel año, ante quejas realizadas por los empresarios a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El jueves 9 en Colonia, Vázquez dio por hecha la nueva inversión de UPM al asegurar que las diferencias en temas laborales estaban solucionadas. “Todo está firmado positivamente, todo está en verde, todo está bien. Todos los puntos con los que nos propusimos trabajar, todos están acordados”, señaló al anunciar la llegada el viernes 17 de Jussi Pesonen, presidente y CEO de la finlandesa, para recoger información de las autoridades locales de la pastera, trasladarla a Helsinki y ponerla a disposición de los accionistas.
Casi al mismo tiempo, en una conferencia de prensa en Punta Carretas, UPM relativizó las palabras de Vázquez. Mantuvo la postura oficial de la empresa de que todavía restan cerrarse “importantes aspectos” para terminar la segunda fase de negociación —iniciada en noviembre de 2017— y que sus accionistas puedan confirmar la inversión. “Aún están pendientes los protocolos laborales, la regulación de prevención de conflictos, entre otros elementos pertinentes. Hay elementos fundamentales que aún están abiertos y el foco actualmente está centrado en alcanzar el nivel de ejecución adecuado en estos temas pendientes”, indicó el reporte periódico de actualización que UPM realiza en el país sobre el estado de implementación del acuerdo de inversión. En color amarillo, que describe un estado avanzado pero no implementado de lo que establece el contrato, el documento mostraba los “protocolos para la construcción de la planta” y las “regulaciones laborales”.
UPM pretende relaciones laborales predecibles como factor fundamental para su nueva planta, con el objetivo de que reclamos sindicales no demoren los plazos previstos para la puesta en marcha de la producción una vez comenzada la construcción.
Con la mira en su experiencia en fábricas que tiene en Finlandia y Alemania, y a lo sucedido con Montes del Plata en Uruguay, UPM pretende relaciones laborales predecibles como factor fundamental para su nueva planta, con el objetivo de que reclamos sindicales no demoren los plazos previstos para la puesta en marcha de la producción una vez comenzada la construcción.
“El abordaje acordado para los protocolos laborales y mecanismos para la prevención y resolución efectiva de conflictos crea previsibilidad para todas las partes”, dijo Petri Hakanen, vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo en Uruguay, quien encabezó el jueves 9 el reporte de actualización del contrato.
A su lado Gonzalo Giambruno, director de Desarrollo de Negocios, fue más concreto respecto a las pretensiones de la empresa: “Nosotros nos enfocamos en poder identificar los problemas en una fase temprana para que eso no escale. Nosotros para lo que queremos trabajar es para que todos los conflictos que surgen en una eventual construcción sean atendidos en una etapa temprana del proyecto, para evitar que puedan escalar rápidamente de conflictos particulares o locales o pequeños a conflictos de gran escala en todo el proyecto”.
