En Uruguay, varios de los modelos de autos que se venden tienen los peores resultados.
El gobierno tiene que ser más “firme” y “claro” a la hora de legislar y garantizar la seguridad de los automóviles, dijo a Búsqueda Alejandro Furas, el director técnico de Global NCAP, la versión mundial de esa organización. Si a esas marcas les “exigieran cumplir” con las normas técnicas de choque “seguramente no tendrían ese desempeño”, dijo el directivo.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, ha escuchado antes esas críticas y comparte el diagnóstico.
“Si queremos disminuir la cantidad de fallecidos o la cantidad de heridos graves hay que actuar en todos los factores y evitar que sucedan”, dijo Barrios a Búsqueda. Y agregó que, en caso de que el siniestro pase, hay que lograr que sea lo “menos grave posible”.
El último informe de siniestralidad vial, publicado el 30 de junio, reveló que en el primer semestre del año murieron 260 personas en siniestros de tránsito. Eso implicó un descenso del 5,1% del total de fallecidos si se lo compara con el mismo período del año pasado. La reducción en el número de muertes ha sido una constante desde 2011.
“Epimedia”.
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también le preocupa el tema. Por eso, en 2010 designó el período 2011—2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, un programa que apunta a evitar la muerte de millones de personas en calles y rutas alrededor del mundo.
En noviembre de este año, en Brasilia (Brasil), se realizó la segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, una instancia organizada para hacer una puesta a punto de los primeros cinco años de ese programa.
En el acto inaugural, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exhortó a que la industria automovilística se comprometa a incorporar nuevas tecnologías para garantizar más seguridad, aunque también asumió la responsabilidad que tienen los gobiernos en esta tarea.
Minutos antes, Zoleka Mandela, la nieta del ex presidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, sintetizó el sentir y el reclamo de las organizaciones civiles. La activista, que perdió a su hija de 13 años en un accidente de tránsito en 2010, instó a los líderes mundiales a lograr que en 2020 “todos” los autos cumplan con los mínimos estándares de seguridad, que el 100% de los motociclistas usen casco y que haya una reducción del máximo de velocidad en las escuelas y zonas residenciales. “Podemos prevenir millones de muertes y heridas. Pero necesitamos de un compromiso político real y lo necesitamos ahora”, reivindicó.
El número de muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial es de unos 1.2 millones de personas cada año y en América Latina la situación está empeorando.
“En los países en vías de desarrollo, dado que el número de vehículos está creciendo rápidamente, esta verdadera epidemia está empeorando de manera que, de no mediar disposiciones que puedan revertir la situación, se convertirá en la tercera causa de muerte y discapacidad hacia el año 2020”, advierte un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que participó en la conferencia de Brasilia.
“Profundizando”.
Para frenar la “epidemia”, la Unasev impulsará leyes para exigir que los vehículos que se venden en Uruguay cumplan con los estándares de seguridad. “Las recomendaciones de Latin NCAP, o incluso las de la ONU, no las están cumpliendo muchísimos vehículos que ingresan acá porque no hay una ley específica que lo impida. Hasta ahora”, dijo Barrios.
La ley 19.061, que fue aprobada en 2012, y que comenzó a fiscalizarse en julio de 2014, constituyó un antecedente en la intención de esa dependencia del Estado de avanzar por ese camino. Para la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, este hecho implicó “un paso fundamental en la consolidación de un parque automotor más seguro para la población”, según publicó en su Anuario 2014.
Entre otros puntos esa normativa exige que los autos comercializados tengan sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y airbags. Esos dispositivos, si bien implican una mejora, no garantizan que los vehículos sean seguros y también generan resistencias desde el sector privado, según denuncian desde las organizaciones civiles.
Los fabricantes expresan que cumplen con lo que los gobiernos exigen, pero al mismo tiempo realizan lobby en contra de las nuevas normativas, expresó durante la conferencia de Brasilia la presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, María Fernanda Rodríguez.
En Uruguay, la gran mayoría de los autos que se venden son importados.
“Hay un parque automotor que obviamente no reúne las condiciones de seguridad más adecuadas. Eso va a ser un proceso de incorporación y cambio de flota que va a venir en el futuro porque lo que no se puede hacer es eliminarla”, reconoció Barrios. “Uruguay está haciendo un proceso de incorporación de implementos de seguridad” y “la idea es seguir profundizando en la mejoría de la calidad de los vehículos que ingresan a nuestros mercados”
En ese marco se está “analizando” implementar normativas para la fabricación, importación y venta de motos, exigiendo que sean más seguras, anunció Barrios.
El presupuesto quinquenal aprobado el lunes 30 en el Parlamento ayudará a la Unasev a lograr sus objetivos. La ley creó la Junta Nacional de Seguridad Vial, un órgano que coordinará este organismo y estará integrado por representantes del Congreso de Intendentes, por los ministerios de Transporte, Interior, Salud y Educación.
Hasta ahora, hacer cumplir la normativa en los 19 departamentos ha sido una tarea difícil. La nueva estructura le permitirá a la Unasev articular las políticas de seguridad vial en todo el territorio con más facilidad. Una herramienta fundamental para lograr esto será la Policía de Tránsito Nacional, que depende del Ministerio del Interior.
Si bien esta unidad no es nueva, en los hechos, funcionó en muy pocos departamentos. La intención es que se extienda por todo el territorio y adquiera un rol más participativo en apoyo a los cuerpos inspectivos de las intendencias y a la Policía Caminera, que trabaja a nivel de rutas, explicó Barrios.
Otro problema latente con respecto a la seguridad está vinculado al estado de las rutas y caminos que unen a los departamentos de Uruguay. En julio, el presidente Tabaré Vázquez anunció inversiones en infraestructura de U$S 12.000 millones, de los cuales U$S 2.360 millones serán destinados a vialidad.
