Clima de negocios
Precisamente, esa medida está contemplada en el capítulo referido al clima de negocios.
Buscando mejorar la “eficiencia de la burocracia pública y el clima de negocios”, se encuestará este año a empresas e informantes calificados para detectar cuáles son las mayores restricciones vinculadas a procedimientos o trámites, en lo que refiere a: comercio exterior, inversión, apertura de una empresa y operación de una firma. La idea es construir una “agenda permanente” de desburocratización.
En cuanto al comercio exterior, el Sistema de Competitividad entiende que las reformas en la Aduana y otros organismos “no se han visto necesariamente reflejadas en los índices internacionales, donde el posicionamiento del Uruguay dista de ser el que debería”. En ese sentido, está prevista la convocatoria a grupos de trabajo, con la intención de tener una propuesta de acción y un proyecto piloto para antes de fin de año.
Respecto a la promoción de la inversión “estratégica”, el plan propone una “definición, actualización y revisión periódica y sistemática, con validación a nivel del Gabinete Ministerial, de las prioridades en materia de sectores y actividades, y atributos deseados de inversores y proyectos, que orienten una función de atracción (…)”. Una estrategia al respecto deberá estar en implementación para setiembre de 2018.
Además, se prevé crear una “red de agentes de atracción de inversiones” coordinada entre Relaciones Exteriores y el Instituto Uruguay XXI. La integrarán —según el plan— profesionales del servicio exterior especializados que actuarán en embajadas y consulados en “locaciones clave”. Experiencias piloto deberán activarse a partir de marzo del año próximo.
Una unidad especializada de Uruguay XXI trabajará en los servicios de posinversión, como parte de un programa focalizado en asegurar la “permanencia de inversiones en el país, impulsar la reinversión de las empresas y concretar sus derrames potenciales sobre el resto de la economía”.
El plan plantea una revisión de la normativa sobre parques industriales a efectos de “modernizarla y levantar restricciones que podrían estar limitando su uso e impacto”. Se piensa potenciar las economías de aglomeración.
El documento también enuncia como una medida más que se evaluarán ajustes a la normativa y la práctica de la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia.
Internacionalización
En este capítulo, el borrador establece, en términos algo genéricos, que se deberán definir y revisar periódicamente las prioridades en materia de sectores y actividades que orienten la estrategia de promoción según bienes, servicios y mercados. El objetivo es aumentar la participación de las empresas uruguayas en el exterior.
Más concreto, se propone la construcción de una “red de antenas comerciales y agentes de promoción de exportaciones” coordinada por la Cancillería y Uruguay XXI. Cada antena gestionará una plataforma de inteligencia comercial. Distintos pilotos deberán estar implementados desde marzo próximo.
Como parte de una estrategia focalizada de “imagen” y “marca país”, un primer paso será adoptar una experiencia a modo de test en 2018 en el Mundial de Fútbol de Rusia y otra por los 30 años de las relaciones entre Uruguay y China, conforme con el documento.
Por otro lado, está pensado desarrollar un programa de “proveedores de clase mundial”, es decir, empresas que a través de la innovación y el vínculo con otras de mayor escala en el territorio nacional logren un alcance global en sus negocios.
Asimismo, se prevé instaurar un sistema de “alerta temprana” que permita analizar las tendencias en el comercio internacional respecto a normas técnicas, requisitos sanitarios, fitosanitarios y medioambientales. También debería permitir identificar oportunidades de diferenciación de productos e incorporación de conocimiento. La implementación completa de dicho sistema está pensada para fin de 2019.
Asimismo, se pretende definir y consolidar una institucionalidad pública de promoción de los servicios de exportación no tradicionales (conocidos como “globales”).
Innovación
Para marzo de 2018 deberá estar elaborada una estrategia plurianual para la incorporación de ciencia y tecnología en relación con la producción de alimentos, según el plan.
Por otro lado, prevé potenciar las iniciativas vinculadas a la llamada “economía circular”, la producción con un ojo puesto en la ecología y la preservación de los recursos naturales. Ello incluye la instalación de un Centro Tecnológico en Bioeconomía hacia diciembre de 2019.
A mediano plazo deberá estar creado en el país un fondo de capital de riesgo público-privado, si bien como primer paso Uruguay se incorporará a uno regional promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fomin. Será para apoyar la “aceleración” de emprendimientos, una etapa en la que los montos requeridos son “sustantivamente mayores” que los necesarios para apuntalar al gestación de firmas.
También se piensa en desarrollar procesos de apoyo a start-ups “acordes con las tendencias globales, con apoyo de inversores locales”. Pero como primer paso habrá estos días un piloto con la aceleradora global 500 Startups de Silicon Valley.
Buscando generar investigación y desarrollo, el plan contempla el diseño e implementación de un “instrumento de estímulo” a la instalación en Uruguay de headquarters de empresas líderes globales de ciertos sectores. La propuesta al respecto deberá estar presentada en junio de 2018.
Según el documento, se deberá evaluar la implementación de “alguna plataforma de transferencia de tecnología que promueva el patentamiento y comercialización de los resultados de la investigación”. Además, se desarrollará un portal web con el objeto de “tejer la trama” entre academia, empresas, emprendedores e inversores, buscando construir una “comunidad de la innovación, la ciencia y la tecnología”.
Capacidades
El capítulo referido a las “capacidades” alude tanto a trabajadores como a las empresas.
De forma de contar con una “planificación” de los requerimientos de fuerza laboral, el borrador del plan señala que se buscará “identificar” brechas entre oferta y demanda, actuales y proyectadas para el futuro. Además, con una función de “alerta temprana” frente al proceso de automatización, se prevé implementar un observatorio que analice tendencias e identifique potenciales riesgos y oportunidades para el mercado uruguayo.
La certificación de perfiles y competencias laborales es otra de las medidas proyectadas.
El plan contempla también el desarrollo de programas específicos que favorezcan la radicación de inversiones vinculadas con trabajo calificado. Se apuntará, asimismo, a la “atracción de talento” para cubrir las brechas entre oferta y demanda de trabajadores para el desarrollo de sectores productivos y actividades “priorizadas”. Y para mediados de 2020 se prevé implementar un programa de vinculación con uruguayos destacados en el exterior orientado al aprovechamiento de oportunidades en diversas dimensiones.
Para los dueños del capital, el plan contempla, ya desde este año, la instalación de Centros de Competitividad Empresarial, un espacio donde las firmas de reducido o mediano porte así como los emprendedores de un territorio determinado, puedan acceder a una oferta de apoyo integral. En los departamentos donde no existan estas oficinas actuarían “agentes” de Transforma Uruguay con similar fin.
El documento menciona como una medida la creación del Portal Emprendedor como parte de un sistema que actúe como ventanilla única de información y asesoramiento sobre los apoyos existentes. Para 2018 se deberá conformar la Red de Apoyo a Futuros Empresarios como ámbito de articulación del ecosistema emprendedor.
Durante el próximo año también se revisarán normas, trámites y procedimientos relativos al desarrollo de emprendimientos, a la vez que el Ministerio de Educación será el responsable de un programa de fomento a la “cultura y mentalidad emprendedora”, con foco en las edades tempranas.
En materia tecnológica, el plan propone un programa de apoyo a la “adecuación” para pequeñas y medianas empresas a partir de la articulación de varias instituciones.
Por otro lado, en setiembre de 2018 deberá estar implementada una experiencia piloto de “apoyo integral” para productores agrícolas familiares en el marco del “mecanismo de reserva” de compras públicas.
Como parte del medio centenar de acciones para la transformación productiva y competitividad se cuenta la implementación de un registro único de consultores para las distintas instituciones que ejecutan programas de apoyo a empresas.
Paralelamente, un sello identificatorio de los productos fabricados por industriales nacionales estará asociado a acciones promocionales específicas y otros beneficios que puedan instrumentarse. “A diferencia de otras iniciativas implementadas en el pasado, no se trata de una campaña particular sino de un instrumento con un horizonte de aplicación de mediano plazo”, acota el borrador. Con el Ministerio de Industria como responsable, deberá lanzarse en diciembre próximo.
