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El Directorio de OSE dio esta semana pasos definitivos hacia la concreción del proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una toma de agua y una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José) sobre el Río de la Plata. La resolución aprobada el martes 15 expresa la “conformidad” con los estudios de factibilidad formulados, selecciona entre las posibilidades propuestas una solución con capacidad diaria de producción de 160.000 metros cúbicos y dispone la convocatoria a una licitación pública internacional para el diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de las obras.
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La iniciativa privada fue presentada en octubre de 2020 por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Desde entonces el proyecto tuvo varias modificaciones y fue objeto de un trabajo de consultoría de la compañía nacional de aguas de Israel, Mekorot.
La resolución del Directorio de OSE incluye en sus considerandos los componentes de las obras a desarrollar: una toma de agua en la zona de Arazatí, a unos 80 kilómetros al oeste de Montevideo; una planta potabilizadora cercana a la toma; una reserva de agua dulce (polder) para cubrir la demanda durante episodios de salinidad; un terreno para la disposición final de lodos como relleno (monorrelleno); una tubería aductora de agua potable con destino al Sistema Metropolitano; una interconexión con el recalque de Melilla, y otra interconexión de Melilla a Cuchilla Pereira.
Según los estudios de factibilidad, el costo del proyecto es de US$ 210 millones. Entre el pago por disponibilidad de la infraestructura y los costos de operarla, OSE pagará en 20 años US$ 743 millones.
Meses atrás el costo del diseño estaba calculado en US$ 288 millones. En junio, basados en el trabajo de Mekorot, el presidente Luis Lacalle Pou; el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se propusieron disminuir los costos (Búsqueda Nº 2.177).
Además de modificaciones en las obras que implica el proyecto, el gobierno también dejó por el camino la posibilidad de que la planta sea operada por el privado que resulte adjudicatario, una alternativa que había manejado Peña en varias apariciones públicas.
“Es la inversión más grande en esta área de los últimos 150 años. (...) Es una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequías, de fallas técnicas, etc.”, celebró Lacalle Pou en conferencia de prensa el martes 15, acompañado del ministro de Ambiente; del presidente de OSE, Raúl Montero, y la vicepresidenta de la empresa, Susana Montaner.
Cuestionamientos
El director opositor en OSE, Edgardo Ortuño, votó en contra de la iniciativa y anunció que en los próximos días presentará un recurso de nulidad de la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Tanto en su cuenta de Twitter el martes 15 como en una conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio el miércoles 16 desarrolló los argumentos de su posición contraria basada, en buena medida, en numerosas “debilidades técnicas”.
Allí sostuvo que la planta no garantiza el abastecimiento en veranos secos ni el déficit hídrico a 2045 —como estaba propuesto— y que será necesario construir la represa de Casupá de aquí a 10 años. Para Ortuño, el proyecto aprobado tampoco resuelve eventuales problemas de salinidad. La reserva de agua dulce (polder) incluida entre las obras tiene respaldo para entre 42 y 25 días, y en esa zona del Río de la Plata en 2022 se registraron 86 días con niveles de sal más altos de lo permitido.
Por otro lado, señaló que el financiamiento elegido es US$ 300 millones más caro que si se optara por la gestión pública de la obra. Además lo consideró contrario al plebiscito de 2004. Finalmente apuntó que la capacidad de la planta será menor a la inicialmente anunciada de 229.000 metros cúbicos diarios y las tuberías de un material más frágil y de menor diámetro.
Además de todos los cuestionamientos técnicos, criticó la “forma” en que se llevó la discusión dentro de OSE y consideró un “atropello” que le hayan entregado la última versión de los estudios de factibilidad menos de 24 horas antes de la votación.
La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Pinheiro, dijo en la conferencia de prensa que encabezó, junto con Ortuño, que estudian distintos caminos a seguir para intentar frenar una iniciativa que creen que no resuelve el cometido de garantizar el abastecimiento a largo plazo. Entre las decisiones posibles mencionó acciones legislativas.
El sindicato de OSE y el PIT-CNT también se preparan para presentar resistencia al anuncio oficial. Antes de cerrar el acto del paro parcial del martes 15 la presentadora anunció, a pedido del gremio de la empresa, que esa tarde el Directorio de OSE aprobaría el proyecto Neptuno: “Es una noticia lamentable. Si quieren lucrar con el agua van a encontrar a los trabajadores en la lucha. No al proyecto Neptuno. Agua pública para todos. A movilizarnos por esto”, leyó.
Ese mismo día, en sus redes sociales, el PIT-CNT difundió publicaciones de rechazo a la iniciativa. “Que no te roben el futuro. El agua no es un negocio, es un derecho”, decía una de ellas.
Federico Kreimerman, presidente del sindicato de OSE, dijo a Búsqueda que analizarán con su abogado los pasos a seguir esta semana. Al igual que Ortuño, una de las propuestas que evalúan es la de recurrir ante el TCA. Otra posibilidad es presentar un recurso de amparo vinculado a lo que consideran una violación del artículo 47 de la Constitución.
El dirigente sindical hizo énfasis en los problemas de falta de personal que atraviesa la empresa, que, aseguró, perdió unos 900 funcionarios desde 2018. También sostuvo que, en contraste con los anuncios de la nueva inversión millonaria, muchas de las plantas de agua potable de OSE están actualmente en “estado crítico”.
