Uruguay tiene una institucionalidad política del primer mundo, pero cuando se mira su institucionalidad económica —libertad económica, facilidad para hacer negocios— está a mitad de tabla, debajo de México, Perú y Chile. La intención de superar esto la veo en mucho de lo que se dice y se intenta hacer. En materia de inserción internacional es lo más claro; el gobierno pasado también lo tenía en agenda, pero este le puso más énfasis a la necesidad de concretarla, más agresividad para ir por ahí. Después, la realidad y las restricciones políticas lo hacen mucho más lento. Y obviamente, la pandemia y las dificultades van sacando capital político y tiempo.
Es decir, sí veo una agenda enunciada que en su concreción va bastante más lento de lo que me gustaría.
—En cuanto a la inserción externa, la novedad es que se está estudiando la factibilidad de un tratado de libre comercio con China, que ha tenido demoras, y las conversaciones con Turquía.
—Hay que abrir todas las puertas posibles y avanzar por la que se pueda. Uruguay necesita como el agua mejor acceso a los mercados, por la escala y por su estructura productiva. Con los socios del Mercosur no es tan ideológico el problema, es de economía política: Uruguay ya pagó un costo industrial enorme de la apertura en los 90 y en los 2000, y por eso tiene mucho más para ganar que para perder (abriéndose al comercio). En ese sentido, incluso con China, que es quizás con el que haya que tener más recaudos por razones de mercado pero sobre todo geopolíticas, en la medida de lo posible, hay que avanzar. ¡Ojalá lleguemos a la fase de negociar!
—En otras áreas, como la educativa o una micro que permita aumentar la productividad, ¿también ve una agenda de reformas pero con avance lento?
—El gran logro económico del gobierno hasta ahora, que sí se hizo, es la consolidación macro y fiscal. Uruguay tenía tres (tarjetas) amarillas y estaba al borde de perder el grado de inversión, y para un país como el nuestro es importante haberlo mantenido; mientras, todos los países asimilables perdieron su calificación. Uruguay alejó el riesgo Macri, que era el riesgo de que en dos años subiera la tasa de interés, cuando la trayectoria de la deuda/Producto era francamente insostenible… Ese problema se enfrentó. Además, se creó una institucionalidad fiscal muy positiva, en la que participan distintos actores y un comité de expertos. Ahí veo un resultado concreto; en otras cosas, como la inserción internacional o la reforma educativa —aunque alguna cosa hay en la Ley de Urgente Consideración—, hay avances pero, sin duda, mucho más lentos de lo que quisiéramos.
Uruguay, en lo micro, tiene no uno, sino seis o siete problemas. Me entusiasma escuchar ahora de apertura unilateral, de tratar de promover otras formas de importación. En cualquier mercado hay poca competencia y unos pocos actores que tienen la vaca atada. La pasta de dientes es un caso siempre mencionado, pero las frutas y verduras tienen un sistema muy poco competitivo; el sector avícola es un mercado extremadamente poco competitivo y con restricciones; el transporte ni que hablar. ¡El combustible!, ¡nos agarramos con Ancap, pero de la puerta para afuera de la refinería es una telaraña de actores que no compiten y que tienen precios fijados! Esa agenda micro también va muy lento; el mayor aporte es que está mucho más explicitada como problema.
—En esos mercados donde hay actores con la “vaca atada”, como dice, ¿ve al gobierno decidido a propiciar una mayor competencia o, como en el caso de la importación de pollo, parecen medidas puntuales ante las presiones inflacionarias?
—De los que nombré, claramente está explicitado el tema de las multinacionales e importadoras que fijan precios en Uruguay que son el doble o el triple que en Argentina.
En el combustible está explicitado. En frutas y verduras no, y probablemente no está en la agenda del gobierno meterse ahí. Hay reformas macro —complejas, difíciles, costosas— y estas micro que son por trinchera, de a una. Uno no espera que el gobierno pueda hacerlas todas, pero sí algunas. Uruguay tiene un costo de vida estructuralmente caro, más allá del problema de la inflación. Y algunas de estas cosas empezaron a aparecer en la agenda —por el nuevo gobierno o porque el hecho de que está aumentando el precio de la comida en el mundo—, y eso es positivo y novedoso.
—Antes destacó la consolidación fiscal como un gran logro del gobierno. Un informe del CED decía que hubo una “eficaz estrategia” de gasto “focalizado”, que también se cortó el “gasto más estructural, aunque en cierta forma vinculado a una caída en términos reales de los salarios y las pasividades”, así como de la inversión pública, por lo que el margen que queda por ese lado será más acotado. ¿Se acabó la fase fácil del ajuste?
—Sin duda que sí. Pero la buena noticia para el gobierno es que más o menos encaminó la cosa, y la mejora fiscal que puede venir hoy es esperable por el lado del crecimiento económico que nosotros —que no somos los más optimistas— proyectamos sea de algo más de 4% en 2022. Además, la inflación sigue dando una mano en la corrección y es un adicional inesperado de mejora fiscal; por eso el adelanto de los aumentos salariales y de las jubilaciones tienen sentido en este contexto de carrera de inflación-salarios, para no abandonar la promesa de recuperación en el quinquenio.
La pregunta es si viene una fase más expansiva, cuándo y cómo. Nuestra opinión es que puede haber lugar para ser menos contractivo y ser moderadamente expansivo, pero siguiendo con un criterio focalizado. Cuando en el mundo se les decía a los países “gasten como si no hubiera mañana”, el gran éxito de Uruguay fue optar por el camino de gastar en transferencias a sectores vulnerables o a empresas en problemas. Se logró estabilizar la deuda/Producto por primera vez en varios años y el horizonte fiscal sigue siendo moderadamente malo, pero dejó de ser crítico. Y en la medida en que el crecimiento económico continúe, puede haber otro poquito de afloje.
Está, de todos modos, la tensión de cómo el gobierno cumple con el compromiso de recuperación de los salarios públicos y las pasividades o con la baja de impuestos anunciada y cómo eso no colisiona con la consolidación fiscal. Hay un hilado fino para seguir haciendo, moviendo la canilla moderadamente para el otro lado. Si el gobierno quiere bajar impuestos, lo que debe saber es que continúa teniendo pocas balas.
—El propósito de incorporar más deducciones al IRPF y de dar alivios al IASS, anunciado para el 2023 por el presidente Lacalle Pou, ¿serían balas bien dirigidas o focalizadas?
—Hasta no ver los detalles no demonizaría la propuesta de aumentar las deducciones del IRPF si eso alivia a sectores de clase media, a los más de abajo sin que sean pobres. Esto podría ser una forma razonable de “aflojar la cincha” —como dice el presidente—, aunque no prioritario; la prioridad debería seguir estando en los sectores populares, vía transferencias focalizadas.
—Para parte del sector productivo, la expectativa en cuanto a que le aflojen la cincha estaba en los combustibles, que hasta ahora, en parte porque el petróleo se encareció, no llegó. ¿El gobierno podrá cumplir con esa promesa?
—Los combustibles han sido el mayor dolor de cabeza para el gobierno.
Es un precio totalmente determinado por lo que pasa afuera, y jugaron temas más políticos que económicos. Pero el problema de Uruguay no es que suba el combustible como sube en todo el mundo, sino que estructuralmente lo haga más que el resto. El problema de fondo es cómo atacar esas diferencias estructurales; una es que los combustibles en Uruguay pagan muchos impuestos y no creo que sea la prioridad aflojar por ahí, porque sería extremadamente regresivo, si bien puede haber algún mecanismo para aliviar a los sectores productivos. Por otro lado, está la discusión de que queremos todo del Uruguay: queremos que el combustible subsidie al supergás, queremos que Alur funcione, queremos los biocombustibles, queremos un sistema de distribución muy regulado. Ahí hay que soltar algunas vacas atadas. En toda la cadena, de la puerta para adentro y para afuera de Ancap, hay un trabajo para hacer, pero son mejoras en el margen y no creo que el resultado pueda generar satisfacción popular.
—Las mejoras en la gestión de Ancap, que debían correr en paralelo con el cambio en el criterio de fijación de la tarifa, ¿son también más lentas de lo que deberían?
—Parecido a lo que hablamos antes: se planteó la agenda, aparece una idea —sea cual sea, la de asociar el portland, la de focalizar el subsidio del supergás—, saltan alarmas, griteríos, tensión… Personalmente, me gustaría que hubiera más celeridad y que se procediera con lo que fuera.
También hay una reforma para afuera de la puerta de Ancap que se pierde de vista. Me gustaría que se fuera más ejecutivo en esto.
—En su columna escribió que el resultado del referéndum por la LUC “terminó de dificultar un clima de mayor cooperación” y augura “dos años de coaliciones con roles bien marcados: unos gobiernan y otros critican”. Dado este panorama y la no tan lejana campaña electoral, ¿qué cabe esperar respecto de las reformas y sus ritmos?
—Por eso los próximos 12 meses son tan importantes.
Me tiene un poquito aburrido una sobreactuación en torno a ciertos acuerdos que no van a llegar; en algunos temas son deseables y en otros se sobredimensiona su importancia: el triunfo no es que te voten una política en el Parlamento, sino que, cuando te vayas, el que venga no la modificará, haciéndola una política de Estado. El gobierno debe confiar más en eso. Y lo que quiera hacer lo tendrá que hacer por las suyas. Quedó claro que la liberalización de los combustibles no. La reforma de Ancap, alguna cosa sí. Admitir la participación de privados en las sociedades anónimas de propiedad pública quedó en la LUC. El gobierno tiene mayoría parlamentaria y viene sacando adelante cosas importantes. Nadie esperaba seriamente que este gobierno fuera de reformas liberales extremas; no era su mandato político. Y dentro de ese mandato moderado creo que hay espacio para hacer cosas. Lo que me gustaría es que se intente, sin criterios maximalistas: lo que no se puede, no se puede.
—¿Es indiferente si una eventual reforma previsional, que implica cambios para varias generaciones, se vote con el apoyo de la oposición o solo por el actual oficialismo?
—Es de los pocos temas donde habría una ganancia en que sea algo acordado. ¡Pero no va a ser así! El acto del 1º de mayo lo volvió a dejar clarísimo. El Frente Amplio y el PIT-CNT —una alianza que obviamente está más fuerte— ven en este tema una oportunidad para capitalizar políticamente. Yo no tengo duda de que en este país la edad jubilatoria va a subir, en este período o en el otro. La pregunta es qué hará el gobierno: ¿va a avanzar igual o no? Están las dos posturas y ahora salieron algunos legisladores… Me gustaría que la respuesta sea: “Sí, vamos a hacerlo igual y pagaremos el costo político”. Y si la respuesta es no, por razones políticas, ¡es legítimo! Porque los costos están todos juntos y los beneficios vienen después. Pero sería una pena, porque seguiremos dilatando e iremos a un escenario tipo el de la Caja de Profesionales: lo pateamos, lo pateamos, lo pateamos, y ahora tiene plata para pagar un año. Típicamente, cuanto más se demoran estos problemas, las soluciones más draconianas son.
En las otras reformas no veo un motivo para seguir esperando por nadie; cada uno juega su rol.
—¿Ve a la coalición multicolor sólida para encarar una fase del período en la que habría mayor tensión con la oposición?
—Sí. Probablemente habrá más ruidos y pedidos. Pero ya pasó lo más difícil y hay muy pocos incentivos para que se rompa la coalición y alguien diga: “Yo no te voto la Rendición de Cuentas”. Sí hay incentivos para que alguien ponga condiciones y para que el gobierno afloje o trance algo.
El referéndum mostró un escenario consolidado que revalidó fuerzas. En el caso de la coalición de gobierno, reafirmó para los socios que afuera de esta alianza hay muy poco futuro.
La buena noticia para el gobierno es que lo que viene en materia económica no parece nada malo, tanto este año —con bastante más certidumbre— como el que viene. El escenario base es que llegaría al 2024 con tres años acumulados de crecimiento económico y un poquito más de aire para hacer algún aumento del gasto, moderado y focalizado. En ese sentido, la coalición tiene buenas razones para seguir funcionando.
—Hoy la aceleración de la inflación causa descontento y se están planteando distintas visiones dentro del oficialismo.
—La recuperación fue antes de lo que esperábamos, en materia de empleo y del PBI. El sector exportador arrancó a marchar, aunque probablemente muchos trabajadores todavía no lo sienten, pero empezarán a sentirlo. Eso no quita que haya un malestar muy claro de la gente en cuanto al costo de vida y los precios. Lo primero es una coyuntura más larga, de dos años para adelante, y lo segundo es más coyuntural. El gobierno podría tener una segunda mitad de mandato con estas dos facetas, pero que de manera agregada sería más positiva que negativa.
- Recuadro de la entrevista
Vargas Llosa, Milei y Lacalle Pou
