El gobierno planea para más adelante instalar un diálogo sobre el sistema previsional; Bachelet propuso cambios a sus AFAP

Ese jerarca ha sido uno de los más firmes detractores de las AFAP, que cobran una comisión a los trabajadores por invertir sus ahorros en bonos y otros títulos de deuda buscando rentabilizar el dinero, de modo de ofrecerles una mejor pasividad al momento del retiro. Murro, como el PIT-CNT, sostiene que no debe existir lucro con la seguridad social.

A fines de marzo miles de chilenos tomaron las calles de Santiago y varias de las principales ciudades del país para protestar en contra de la capitalización individual de las AFP. Un mes después, Bachelet anunció en una cadena de medios de comunicación que próximamente enviará un proyecto para modificar ese mercado, hoy dominado por seis administradoras privadas.

La iniciativa aumentará 5% los aportes patronales a la seguridad social, dinero que se repartirá entre la cuenta individual del trabajador y un seguro colectivo para que “además de la solidaridad intergeneracional exista apoyo hacia los que logran un menor ahorro y pensiones más bajas”, adelantó la presidenta. Asimismo, se vincularán las comisiones de administración de las AFP con las rentabilidades que obtienen por invertir los fondos, y se dará participación a los afiliados en las decisiones sobre el manejo del portafolios. También se incentivará que las mujeres retrasen su retiro hasta los 65 años.

El gobierno chileno espera con esas medidas aumentar 20% las prestaciones de vejez. Pero lo que se informó sobre el contenido del proyecto no conformó al movimiento “No+AFP” y provocó descontento entre esas administradoras, que manejan actualmente los ahorros de unos 10 millones de trabajadores y cerca de U$S 170.000 millones.

“Hoy cada país debe de construir su modelo de protección social. Hay un problema que para mí es muy grave que es que la mitad de las mujeres chilenas ganan U$S 65 por mes y la mitad de los hombres unos U$S 150. Después de 35 años de un sistema casi exclusivamente de orden individual ese es un resultado sin duda muy impactante”, opinó Murro consultado por Búsqueda.

“América Latina sigue teniendo problemas en cuanto a cobertura y en lo que se paga. Cuando comparamos que en Uruguay la jubilación mínima es de U$S 330 y la mitad de las mujeres chilenas gana U$S 65 en países con similares costos de vida, estamos hablando de situaciones disímiles”, agregó.

Agenda para el diálogo.

En Uruguay, la necesidad de repensar el sistema previsional fue discutida en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 25 de abril pasado. Allí Pablo Casali, de la Organización Internacional del Trabajo, apuntó a una matriz de financiamiento “flexible” con recursos no contributivos para enfrentar un mercado laboral donde la tecnología lleva a “flexibilizar las afiliaciones”.

“Una discusión sobre la edad de vejez es inconducente si previamente no se revisa el sistema de protección social en general. Y los niveles de presión tributaria en muchos de los países de la región parece que no admiten más tributos”, dijo el experto a Búsqueda.

“No existe un modelo único de reforma, sino que es importante que se respeten los principios del sistema: que sea solidario, que las prestaciones sean suficientes y los niveles de cobertura sean elevados, entre otros. En Chile la discusión evidenció que las fuentes de financiamiento eran escasas para garantizar prestaciones suficientes, y de alguna forma había que asegurar un mayor nivel de solidaridad dentro del sistema. Uruguay siempre está a la cabeza de estas discusiones, pero lo que se adopte tiene que surgir de un fuerte consenso”, opinó.

La representación de los trabajadores en el Directorio del BPS presentó el mes pasado ante el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para abrir la desafiliación de las AFAP a los llamados “cincuentones” y reclamó la reapertura del Diálogo Nacional de Seguridad Social, una instancia que funcionó en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio para discutir posibles reformas. 

“Debería ser un diálogo más acotado, breve y muy ejecutivo que se convoque en los próximos 60 días porque este es un año bisagra”, explicó a Búsqueda Ramón Ruiz, director del BPS. 

La representación que encabeza comenzó a elaborar una agenda para ese eventual diálogo, como la revisión del artículo 8 de la ley 16.713 que permite ingresar voluntariamente a una AFAP, así como el artículo 27, que fija una bonificación para quienes hagan esa opción. “Lo hemos conversado con otras representaciones sociales (en el BPS) y hay consenso de que el artículo 8 necesita una revisión, así como hay que ver si es justo o no el incentivo o subsidio que se da para que la persona se vaya al sistema privado”, indicó el jerarca.