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Con la mirada puesta en incentivar la innovación, el gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto quinquenal un cambio a la ley de patentes (Nº 17.164) que es visto como una “amenaza” y “desestímulo” a la competencia por parte de los laboratorios nacionales, que producen medicamentos similares a los de las farmacéuticas multinacionales. Al mismo tiempo, la reforma es respaldada por agentes de la propiedad intelectual, que la consideran “positiva” porque permite a los inventores locales y extranjeros reclamar una indemnización por un “plazo razonable”, dado el atraso que actualmente existe en el estudio y concesión de patentes en Uruguay.
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La modificación propuesta en el artículo 289 de la iniciativa presupuestal daría marcha atrás a la realizada en 2012 —que está en vigencia— y prácticamente vuelve a lo regulado originalmente en 1999 en la Ley 17.164. El punto en cuestión refiere al plazo que tiene el titular de una patente para entablar acciones y reclamar una indemnización por el uso indebido de su invención por parte de terceros.
En un principio se podía reclamar el derecho de protección de la patente desde la publicación de la solicitud —que se produce, en general, en un lapso de 18 meses—. Eso se cambió en 2012 al establecerse el plazo a partir de la fecha de la concesión.
La nueva directora de la Propiedad Industrial (DNPI), del Ministerio de Industria, Lucía Estrada, dijo a Búsqueda que el régimen actual “perjudica fehacientemente” al innovador, porque en la práctica existe un atraso de 10 años en la expedición de las patentes y eso limita el tiempo de “protección y el rédito económico” a quienes invierten conocimiento y recursos humanos en una invención, sea nacional o extranjera.
Añadió que, dado que la solicitud es pública a los 18 meses, al no existir protección del inventor hasta tanto no se le conceda la patente, hay quienes pueden hacer un uso indebido sin ninguna consecuencia. A su juicio, ello causa una “incertidumbre jurídica” que se busca corregir con el cambio propuesto y “desincentivar el uso indebido”.
“Tenemos un problema práctico, real, en el otorgamiento de patentes. (…) Si se solicita una patente hoy, hay tantas pendientes de resolución que recién nos vamos a expedir, a otorgarla o no, dentro de 10 años, porque se estudian por orden de prelación”, explicó. Indicó que la DNPI está trabajando “muy fuerte” en reducir el atraso, pero reconoció que no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana.
Está convencida de que volver para atrás en la redacción de este artículo “incentivará la innovación” y el patentamiento.
“Por un lado, con este cambio estamos abriendo el mercado internacional a efectos de recibir más patentes, pero claramente eso nos va a traer más trabajo y puede llevar a un atraso mayor”, advirtió. Por ello, la DNPI está buscando otras herramientas, como la introducción de “inteligencia artificial” y acuerdos de cooperación con más oficinas de patentes en el mundo para “acortar los plazos”.
Actualmente, Uruguay ya adhiere a acuerdos con otros países que aplican un procedimiento acelerado del estudio de patentes, lo que le permite utilizar exámenes realizados afuera como insumos y “pasar delante en la fila” y estudiarlos luego aplicando la normativa nacional.
Estrada dijo que otras oficinas también tienen la protección provisional que se plantea en el proyecto presupuestal y que no se encontró una “fundamentación clara” de por qué Uruguay la quitó en 2012.
En esa línea, Virginia Cervieri, directiva de la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (Audapi) y socia de Cervieri Monsuárez, dijo a Búsqueda que la modificación propuesta por el gobierno es “muy positiva” porque incentivaría no solo el registro de patentes”, sino que también desestimularía a quienes violan los derechos de propiedad intelectual.
Jorge Achard, socio de Audapi, indicó que el actual sistema es “ineficaz” y podría llevar a la “ruina al inventor”, quien está obligado a publicar su invento, porque es un requisito necesario para conceder la patente, y cualquiera podría usarlo por unos 10 años (dada la demora que existe en la oficina de patentes) sin ninguna consecuencia negativa.
“Grave perjuicio”
En cambio, el director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), Álvaro Martínez, dijo a Búsqueda que la modificación planteada implica un “importante paso atrás” en la regulación que traería un “grave perjuicio a la industria nacional” al crear un “régimen de monopolios exacerbados que habrá de perjudicar el trabajo de los uruguayos”.
Los laboratorios nacionales, en general, compiten con las multinacionales farmacéuticas mediante la fabricación de medicamentos similares que no tienen protección de patentes.
El derecho de protección de una patente rige durante 20 años desde su solicitud.
Martínez dijo que la gremial analizará el cambio propuesto y hará llegar sus “reparos” a legisladores e instituciones involucradas.
Consideró que el cambio abre un lapso en el cual las empresas nacionales pueden verse amenazadas por eventuales reclamos a partir de solicitudes de patentes que quizás nunca se otorguen. Ello “desestimula la voluntad de competir y comerciar”, indicó.
A su juicio, se crearía un “espacio de inseguridad jurídica” en el funcionamiento del mercado e incorporaría un “régimen de dudosa constitucionalidad, en la medida que lesiona el derecho de libertad de comercio e industria”. Fundamentó que se estaría consagrando una “presunción de certeza” a la patente solicitada que no se corresponde con lo que pasa en la realidad, dado que la “amplia mayoría” de las solicitudes son rechazadas.
Y opinó que el marco propuesto protegería “importantes abusos de quienes procuren incidir en el mercado con solicitudes de patentes que nunca serán concedidas”.
Consultada al respecto, Estrada prefirió no hacer comentarios.
Cifras
Según los datos de la DNPI, en enero-agosto se presentaron 365 solicitudes de patentes: 300 de invención, 19 de modelos de utilidad y 46 de diseño industrial. Del total, ocho de cada 10 pertenecen a no residentes en Uruguay.
En el mismo lapso se llevan concedidas 98 patentes (que fueron solicitadas en años anteriores).
En 2019 la cantidad de solicitudes presentadas disminuyó 4% respecto al año anterior, mientras que las aprobadas aumentaron 18%.
En cuanto a las marcas hubo un leve incremento de 0,9% de las solicitudes en 2019 y una disminución de 26% en las renovaciones, siempre respecto al año anterior.
