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“Pensemos cosas nuevas”. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, viene conversando hace un tiempo con gente de su entorno sobre cómo atender a las personas que viven en la calle y por eso planteó alternativas al tradicional refugio. Cuando asumió como ministra en 2005 había refugios con capacidad para atender a 250 personas. Este año, cuando volvió al cargo, se encontró con que hay 1.760 cupos, que llegan a 1.900 en invierno, cuando la capacidad está completa.
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“Hay algo de nuestro trabajo que no nos puede conformar y no nos conforma. Podemos seguir haciendo refugios colectivos y en todo caso estaríamos atendiendo a la gente, pero luego de diez años de trabajo creemos que hay que buscar una forma más eficiente de atender este problema”, dijo a Búsqueda Mayra Aldama, directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La semana pasada varios jerarcas del Mides acompañaron en una recorrida por Montevideo a Volker Busch-Geertsema, sociólogo y coordinador del Observatorio Europeo de las Personas Sin Hogar. Busch-Geertsema explicó una medida que se aplica en algunos países europeos y que las autoridades del Mides toman como ejemplo: que la gente en lugar de vivir en refugios tenga su propia vivienda y esté acompañada por el Estado para mejorar su situación.
Aldama informó que el Mides está preparando un “plan piloto” para que un grupo de personas que viven en la calle (algunas concurren a refugios) tengan una vivienda y reciban el apoyo del Estado para salir de la situación de exclusión social.
“El ingreso a un centro colectivo no es la respuesta final para nadie. La vida en un centro colectivo no te lleva a tener lo necesario para vivir de forma más autónoma, y a diez años de iniciado el trabajo tenemos que dar un salto cualitativo”, dijo.
La jerarca explicó que el plan piloto consiste en dar una vivienda y acompañar a la persona para que pueda mejorar su situación. Eso pasa por acercarlo a algún trabajo, que concurra a centros de salud y ayudarlo —si es el caso— con una política de “reducción de daños” por consumo de drogas.
El plan se aplicará en Montevideo en coordinación con el Ministerio de Vivienda.
Aldama entiende que ubicar a personas en situación de calle en viviendas o apartamentos no debería generar problemas con vecinos. “No creo que genere más conflicto, y si genera conflicto forma parte de lo que un gobierno de izquierda tiene que poner sobre la mesa: si entendemos que los derechos son para todos y todas, son para todos y todas, para los que están integrados y para los que no han quedado integrados”, afirmó.
Costo.
Aldama indicó que el Estado “invierte en personas en situación de calle de manera importante”. Una madre con hijos, por ejemplo, requiere un gasto de $ 25.000 por mes, mientras que una persona sola tiene un costo de unos $ 18.000. En estos costos se incluye parte de la comida que reciben así como el trabajo de captación en la calle y su derivación a un refugio.
Además de personas con problemas de consumo que viven en la calle, también ingresan a los refugios varios recién salidos de la cárcel, que llegan a los lugares con sus “lógicas” de convivencia de los centros de reclusión.
También hay mujeres que llegan a los centros. La mayoría fueron víctimas de violencia doméstica, las desalojaron de una pensión, se les destruyó la casa o tuvieron un conflicto con un familiar y se alejaron.
“Al país le ha ido bien, a mucha gente le ha ido mejor, pero hay mucha gente a la que aún ese bienestar no le ha llegado y de esa gente hay que preocuparse con más énfasis en este período de gobierno. No nos satisface para nada que haya gente en situación de calle. No es una elección que se hace en libertad y autonomía, pero la alternativa al refugio no debería ser la única que se puede ofrecer”, afirmó.
El jueves 30 Busch-Geertsema dio una conferencia sobre las personas que viven en la calle. Allí Arismendi dijo que se ha “recorrido un camino de muchos avances”. “Pero si decimos que esto que logramos es lo máximo a lo que podemos aspirar, estaremos condenando a muchas generaciones a que no puedan salir de la calle”, agregó.
Busch-Geertsema señaló que “cuando en un país hay personas sin hogar, hay déficits en políticas públicas. La gente no llega a la calle sola, sino porque hay un Estado que no está dando las respuestas adecuadas: déficits en políticas de vivienda accesible; de salud mental; de atención a personas con consumo problemático de drogas; ausencia de políticas laborales; ausencia de cuidados a quienes son dados de alta de hospitales o a quienes egresan de la privación de libertad; déficits en políticas para víctimas de violencia doméstica”.
El experto presentó la experiencia europea de “Housing First” (“vivienda primero”), una medida por la que las personas que están en situación de calle acceden directamente a una vivienda sin pasar por refugios. Busch-Geertsema dijo que los refugios solo sirven para atender emergencias, porque ofrecen un techo “pero no un hogar” en el que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida.
Además se mostró contrario al “sistema de escalera”, por el que se entiende que las personas no están preparadas para vivir solas y, por tanto, deben pasar por varias etapas previas. Busch-Geertsema dijo que la mayoría de las personas nunca acceden a la vivienda y quedan varadas en alguna de las etapas. Por eso reclamó solucionar el “sinhogarismo, no gestionarlo”.
