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Aunque con un presupuesto “constreñido”, el gobierno resolvió dar inicio al Sistema Nacional de Cuidados (SNC) a partir de 2013. En ese marco llevará adelante un conjunto de medidas que incluyen el subsidio —a través de bonos— para la asistencia de los niños pobres a centros educativos privados, aumentar las licencias paternales de los privados, el desarrollo de medidas que promuevan la creación de guarderías en empresas, el cuidado de ancianos y discapacitados utilizando las nuevas tecnologías y el voluntariado, así como el relevamiento del grado de dependencia de cada discapacitado de Uruguay.
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El documento, que fija las bases y el cronograma de la construcción del SNC, fue aprobado por el gabinete social (integrado por los ministerios de Economía, Educación, Trabajo, Salud, Vivienda, Desarrollo Social y Turismo) el 20 de setiembre.
Allí se afirma que “es necesario enfrentar los cuellos de botella del desarrollo del país” dado que Uruguay “agota su bono demográfico y se encamina a una ‘crisis de los cuidados’ en la cual las mujeres se ven obstaculizadas para insertarse al mercado formal”.
“Es estratégica la incorporación de miles de mujeres al esfuerzo productivo. El MTSS estima en 200.000 mujeres aquellas que podrían hacerlo con la existencia de servicios adecuados de cuidados. A esto se suma el impacto positivo en la productividad laboral de quienes logran una buena conciliación entre la familia y el trabajo”, concluye el Poder Ejecutivo.
Desde el punto de vista institucional, el inicio de un Sistema Nacional de Cuidados supone la creación de una Junta Nacional de Cuidados (Junacu) y un Fondo Nacional de Cuidados (Fonacu). También “ajustar tanto la formación” de los cuidadores como la “regulación laboral y de servicios, prestaciones y licencias para la previsión de los cuidados”.
El despliegue a corto plazo del SNC “supondrá gradualidad, constreñimiento por la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos, y las capacidades de gestión e implementación de las instituciones” que participen. La idea es “comenzar con acciones graduales pero efectivas en regulación, formación y servicios en período 2013-2015, apoyadas por una ley marco”.
La población objetivo de esta iniciativa son los niños de 0 a 12 años —con énfasis en los primeros tres años de vida—, los discapacitados y los adultos mayores en situación de dependencia.
“La provisión de cuidados por parte del mercado presenta problemas que justifican la intervención estatal. En particular, quien contrata los servicios de cuidados para otra persona no tiene elementos para conocer o evaluar la calidad del mismo. Otro factor a considerar en este sentido, es la situación de explotación que vive un conjunto de las personas que brindan los servicios de cuidados debido a esta falta de regulación (y formación)”, se afirma en el documento.
Los niños.
“¿Cómo definir una política pública que garantice tanto el derecho de niños y niñas a desarrollarse integralmente, a través de cuidados de calidad, así como el derecho de las familias a ser apoyadas en esta corresponsabilidad a través de acciones que reviertan la carga de trabajo femenino no remunerado que implica esta acción”.
La respuesta a esta pregunta, para el gobierno, implica varias medidas que combinan servicios, aumento de licencias y prestaciones. Se planea crear el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, igualar la licencia maternal y paternal de públicos y privados, unipersonales y monotributistas, el subsidio —a través de bonos— para la asistencia de los niños a centros de enseñanza privados, y el desarrollo de medidas que promuevan la creación de guarderías en empresas.
También, se evalúa extender a un mes la licencia del padre luego del nacimiento, establecer un régimen de medio horario laboral para el padre y la madre hasta los seis meses y otorgar licencias en caso de enfermedad de los hijos.
Asimismo, se realizarán medidas específicas para los 250.000 hogares pobres o vulnerables a la pobreza y los 30.000 considerados indigentes. Para los primeros se aumentará la atención en los centros Caif a un mínimo de cuatro horas diarias, mientras que para los segundos se establecerán cupos de inclusión en centros privados.
“Se pretende hacer uso de la capacidad ociosa de los centros privados que existen actualmente, entregando bonos a las familias para que los utilicen en centros que cuenten con la habilitación correspondiente. En la medida en que la construcción de un centro público puede resultar muy costosa y requerir mucho tiempo, este esquema permite una rápida respuesta y de buena calidad”, concluye.
Respecto a quiénes serían los primeros beneficiarios —dado que en el largo plazo se pretende que sea universal—, en el documento se afirma que “se revisaron una serie de criterios que podrían aportar a la priorización de las familias beneficiarias: déficit de tiempo para la dedicación al cuidado, niveles de ingreso, tipo de hogar y condición de empleo de quien está a cargo del cuidado”.
Adultos y discapacitados.
El primer paso en el caso de los discapacitados será la identificación de su grado de dependencia, dado que en Uruguay no existen estudios al respecto. Se clasificará la dependencia en severa, moderada y leve.
Para aquellos que permanezcan en su hogar, se prevé dotarlos de un asistente personal que los acompañe también a realizar actividades fuera de su casa. El proyecto piloto supondrá que el sistema ofrezca un número determinado de horas semanales de asistente personal que contribuyan al cuidado que realiza la familia en lo que se denomina “modalidad respiro”.
También se trabajará en modalidad de voluntariado para cubrir algunas horas, y se utilizará la “teleasistencia” que permite, a partir de dispositivos tecnológicos de pronta respuesta, gestionar las llamadas a los servicios de emergencia, así como “facilita también la respuesta ante demandas personales a ser escuchado o recordarles la ingesta de medicación”.
En el caso de los adultos mayores y en el corto plazo, “dos líneas de acción tienen relevancia a partir de su estructura de respuesta y posibilidades de impacto: mejora en la calidad de los servicios dirigidos a las personas” que viven en centros y “servicios de apoyo a personas adultas dependientes (y sus cuidadores) que viven en sus hogares”.
El financiamiento.
El SNC “se diseñará conjugando las estrategias de creación de servicios así como la posibilidad de transferencias monetarias”.
Se creará un fondo único que financiará los servicios adicionales del SNC y los asociados a las poblaciones objetivo.
No está definido aún si el fondo se constituirá con aportes de Rentas Generales o con un sistema mixto.
El nivel de ingreso determinará la contribución que los hogares puedan realizar al sistema.
