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Los gráficos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en su último informe de principios de abril son contundentes: hace diez años la pobreza en Uruguay alcanzaba al 29,6% de la población y ahora se ubica en 9,4%, y la indigencia era de 2,4% y una década después descendió a 0,2%. Pero pese a los números positivos, en el gobierno observan que hay un grupo de personas que viven en una situación extrema y que no parece fácil de resolver.
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Hace diez días, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, le planteó al presidente Tabaré Vázquez las evaluaciones que se venían realizando en su equipo de trabajo sobre la situación de esa población. Allí le señaló la necesidad de iniciar una nueva línea de trabajo en la que distintos ministerios y organismos mejoren la coordinación para atender a los más vulnerables.
El jueves 20, al ser entrevistado en el programa “En la Mira” del Canal VTV, Vázquez le puso nombre a esa idea: un Plan de Apoyo a Situaciones Extremas de Indigencia y Pobreza. Vázquez afirmó que sostener que el “núcleo duro de la pobreza” es algo que “no se puede disminuir” sirve de “excusa” para no resolver el problema. “Sobre ese núcleo duro de pobreza, de indigencia, queremos actuar apoyando para disminuirlo francamente”.
Vázquez recordó dos planes anteriores que atendían situaciones de pobreza: el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad.
En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) están terminando de elaborar la estrategia. Aún no se definió el total de la población que será alcanzada y si se requerirán recursos extra. Tal vez no sea necesario gastar más dinero sino “organizar los recursos” de los que hoy se dispone, dijo la ministra Arismendi.
La jerarca comentó a Búsqueda que atender al “núcleo duro” de la pobreza al que se refirió Vázquez no es tarea únicamente del Mides. Lo que se busca, dijo, es una mejor “articulación entre los ministerios y los organismos” que deben atender al sector más vulnerable.
La población a atender no es solo la que aparece en las estadísticas del INE. Es que el organismo mide la pobreza e indigencia “solo por ingresos”, dijo Arismendi, teniendo en cuenta los ingresos de cada integrante de un hogar. Se consideran indigentes a quienes sus ingresos resultan insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos (unos $ 2.951 para Montevideo en el promedio del año pasado), y son pobres aquellos que no puede comprar esos alimentos y otros bienes básicos no alimentarios (unos $ 11.587).
Pero la ministra señaló que hay otros problemas de emergencia que no pasan solo por los ingresos, sino que tienen que ver con situaciones de abuso en el consumo de drogas o violencia de género.
La semana pasada, el experto en políticas sociales y asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, dijo que los números del INE mostraban una baja sustantiva de la pobreza en una década pero señaló que hay signos de agotamiento en las fórmulas para disminuirla. “Las políticas que lograron este gran avance necesitan un sistema de ajuste”, dijo el sociólogo el martes 18 en el programa “Rompekbzas” de Radio El Espectador.
No se mueve.
El director de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, señaló a Búsqueda que ya en 2012, “en lo alto de la prosperidad”, se observó que había un conjunto de hogares y personas “que no se movían” y seguían en una situación vulnerable. “No conseguían trabajo formal ni algo estable aunque fuera informal, los niños tenían pésimos resultados escolares, las viviendas eran espantosas”, explicó.
En ese momento, durante el gobierno de José Mujica, se aplicaron medidas de “proximidad” con esta población con programas específicos. “En este gobierno se retomó esa idea de la proximidad del Estado. Porque no es el problema de un programa, sino que el Estado pueda atender las distintas realidades de la población”.
Labat dijo que desde la aplicación del Plan de Emergencia, dentro del cual se visitaron casi 100.000 hogares, el Estado y en especial el Mides han ido recolectando información sobre la población a atender. En la actualidad, el Mides tiene distribuidas más de 70.000 Tarjetas Uruguay Social (TUS), una transferencia monetaria para comprar alimentos y productos de limpieza. La mitad de esas tarjetas tienen un monto especial para atender las situaciones de extrema pobreza.
Ahora lo que se precisa es “pensar distinto las cosas” y buscar una “reingeniería institucional” para atender el problema, dijo.
Uno de los temas “más complejos”, explicó Labat, es la situación del empleo. “¿Con qué dificultades cuenta una persona que vive en el Marconi para conseguir empleo? De esto no se habla en los medios”, afirmó. Labat planteó reflexionar sobre este tema, en el que “no hay que culpar al Estado”.
“Si la sociedad no les genera posibilidades de trabajo a personas jóvenes, pobres, bueno, después no nos quejemos de nada más. Vas a tener marginados siempre porque las brechas salariales se mantienen y faltan oportunidades”.
Arismendi dijo que además del trabajo hay un tema clave con la vivienda. Explicó que se puede dar toda la atención necesaria a un niño al nacer pero el problema surge cuando regresa a su casa y esta tiene piso de tierra y el techo se llueve.
La jerarca informó que ahora los niños que nacen en el Hospital Pereira Rossell, además de salir del centro hospitalario con la cédula de identidad también lo hacen con la tarjeta de alimentación. “Capaz que tengo un 1% que no la precisa”, dijo Arismendi, que defendió la medida. En el futuro, informó, se espera que los padres del niño recién nacido también tengan al salir del hospital la información de qué CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) tendrán cerca para poder enviar a su hijo.
