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El 24 de setiembre hubo dos eventos casi simultáneos, pero contrapuestos. En Nueva York, 130 estados adhirieron al “llamado global a la acción en el problema mundial de drogas” que impulsaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más de 3.000 kilómetros al sur, en Ciudad de México, un grupo de académicos y políticos publicaban su último informe sobre El control de drogas responsable, donde recomendaban sustituir la guerra a las drogas por mecanismos de regulación de los mercados.
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Para el embajador uruguayo en Canadá, Martín Vidal, el resultado evidente de la suma de los dos episodios es que una “reforma global” de la política internacional de drogas “no es viable en el corto plazo”.
En el gobierno uruguayo comparten el análisis. “No es esperable que una de estas posiciones prevalezca sobre la otra en el corto o mediano plazo. Lo que sí es esperable es que las discusiones en Viena se tornen más ríspidas y que sea muy difícil alcanzar planes de acción conjuntos particularmente en algunos temas”, dijo a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera.
En ese contexto más complicado, Uruguay trabaja a “distintos niveles” para consolidar su política internacional vinculada a las drogas y, en particular, para utilizar la ley de marihuana como una “herramienta” más de su portafolio diplomático.
Alternativas
Desde que llegó a Ottawa a fines del 2016, Vidal tuvo en su agenda de trabajo el tema de la marihuana. Canadá estaba discutiendo entonces cómo regular el mercado del cannabis con fines recreativos, una medida que Uruguay había adoptado tres años antes, y para el diplomático era una vía más para profundizar el diálogo bilateral.
A partir de su experiencia, Vidal escribió un artículo que se publicó en la Revista diplomática de la Cancillería y sugirió un camino hacia delante.
“Hasta el 17 de octubre de 2018 Uruguay venía caminando este nuevo y arduo camino de la regulación del mercado de cannabis no medicinal en solitario, hasta que ese día Canadá se convirtió en la segunda jurisdicción nacional que lo hace”, relató.
Uruguay trabaja a “distintos niveles” para consolidar su política internacional vinculada a las drogas y, en particular, para utilizar la ley de marihuana como una “herramienta” más de su portafolio diplomático.
Al igual que Uruguay, Canadá fue objeto de críticas por parte de los organismos fiscalizadores que velan por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas. Como la legislación de ambos países choca con las normas internacionales y el proceso de reforma está estancado, el embajador recomendó buscar alternativas. Sugirió fortalecer el “diálogo bilateral”, el cual podría “ampliarse a otros países que han dado pasos parciales hacia el mismo sentido o tienen intención de explorar un esquema regulatorio”.
“Conversaciones informales en este sentido ya están teniendo lugar y producto de estas es que se está manejando oficiosamente una alternativa sólidamente argumentada tanto desde el punto de vista jurídico como político: la modificación inter se”, relató.
Esa propuesta, impulsada por organizaciones no gubernamentales a favor de la regulación como Wola (Washington Office on Latin America), prevé que algunos de los Estados parte puedan “modificar un tratado multilateral solo entre ellos, en la medida en que no se afecte el objeto y el fin del mismo”. De ese modo, los países que aprueben leyes como las de Uruguay podrían crear un espacio común sin quedar por fuera de las normas internacionales.
“En función del estado actual de parálisis del régimen global de control de drogas, esta y otras opciones jurídicas válidas podrían convertirse en una posible válvula de escape para realinear esta estrategia innovadora con las obligaciones internacionales, por lo que ameritan ser analizadas con atención”, añadió el embajador.
Para Vidal, que fue director de Asuntos Políticos entre 2015 y 2016, el Estado debería “trabajar en el diseño de una política exterior comprensiva y sistematizada en torno a la temática de las drogas en general y del cannabis en particular (incluyendo temáticas vinculadas como la salud pública y derechos humanos, así como la cooperación internacional técnica y científica y la promoción de inversiones), la que podría resultar en una nueva herramienta de inserción internacional”.
Al igual que Uruguay, Canadá fue objeto de críticas por parte de los organismos fiscalizadores que velan por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas.
Consultado por Búsqueda, el secretario general de la JND dijo que él trabaja a “distintos niveles” diplomáticos.
En los foros y organismos internacionales, Uruguay es uno de los principales exponentes del bloque que quiere cambiar las normas. “El desempeño de nuestro país en esta materia no se reduce al debate sobre las alternativas relacionadas con la regulación del mercado de cannabis sino a la postulación de una mirada crítica y constructiva que demanda la actualización de la visión hegemónica de las políticas de drogas a partir de la constatación de la incapacidad del enfoque prohibicionista duro para asegurar los resultados buscados en términos de bienestar social y salud pública”, sostuvo Olivera.
A escala bilateral, Uruguay trabaja con los países con los que tiene “un nivel importante de afinidad en términos de política de drogas”, en especial con México o Canadá, aseguró Olivera, quien preside el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Destacó también la “colaboración sur-sur” con países como Colombia y Argentina en el área de cannabis medicinal y tratamiento de usuarios de drogas.
