Aunque la actividad económica mundial inició el año pasado un proceso de recuperación tras el shock por el Covid-19, las perspectivas a escala global “siguen siendo muy inciertas. Las nuevas mutaciones del virus y los rebrotes en varios países son motivos de incertidumbre”, a la vez que el conflicto entre Rusia y Ucrania es “una fuente de riesgo adicional”, al igual que los desequilibrios en Argentina y Brasil. Más allá de ese contexto, comentado en la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas que entregó al Parlamento el último día de junio, el Poder Ejecutivo y sus autoridades económicas describen para Uruguay un momento favorable y proyectan años positivos incluso hacia el 2026, cuando estará en funciones otro gobierno.
En Uruguay, “se continúan observando señales de recuperación en el consumo, la inversión y las exportaciones de bienes. Desde la perspectiva de la oferta se proyecta un crecimiento generalizado, con un fuerte impulso del sector comercio, transporte y actividades profesionales y arrendamiento”, detalló el informe. En el promedio del año en curso el Producto Bruto Interno (PBI) sería 4,8% mayor que el del anterior.
Una “ambiciosa agenda de reformas con la mirada puesta en el futuro del país está avanzando” que, según las autoridades, sustenta una proyección de crecimiento, a un ritmo promedio anual de alrededor de 2,7% en los siguientes años. Para el analista Javier de Haedo, estas son estimaciones “más realistas” que las presentadas por el equipo económico en anteriores leyes presupuestales, escribió en Twitter.
Acerca del empleo, el informe oficial resaltó que en lo que va del 2022 el mercado “continúa mostrando dinamismo”. Comparando mayo 2022 respecto a mayo 2019 (prepandemia) se crearon en promedio más de 22.000 puestos de trabajo adicionales.
El Poder Ejecutivo atribuyó la inflación más alta que lo previsto tanto en 2021 como en 2022 (sería de 8,9% en los 12 meses) al “contexto de presiones inflacionarias a nivel global inéditas en los últimos 40 años”. En los años siguientes el ritmo de aumento del costo de vida en Uruguay se iría moderando. Sin embargo, al finalizar la actual administración la inflación anual continuaría lejos de los niveles que, en épocas normales, tienen las economías más saludables —del orden del 2% o 3%— y que aspiraba a alcanzar el equipo encabezado por la ministra Azucena Arbeleche: sería de 6% en 2024, y de 5,7% en 2025 y también en 2026 (ver cuadro).
Fiscal y deuda
Los números sobre las finanzas públicas y la programación financiera que acompañaron la Rendición aluden, también, a perspectivas de “mejora de las cuentas fiscales para el año corriente y hacia 2024”. El mismo día en que se presentó al Parlamento, el Ministerio de Economía informó que el déficit en períodos de 12 meses de todo el sector público bajó de 3,6% en abril a 3,3% del PBI en mayo, excluyendo los ingresos por los llamados “cincuentones”.
Prevén que el resultado global cerraría con un déficit de 3,1% este año, 1,2 puntos porcentuales del PBI por debajo del nivel en 2021. Tal reducción se verificaría “a pesar del deterioro de 0,5% del Producto destinado al Fondo Covid-19 previsto por erogaciones y resignación de aportes. En los dos años siguientes el desequilibrio bajaría a 2,6% y a 2,3%. A su vez, el déficit global del sector público consolidado —incorporando a las empresas públicas— sería de 3,5% del PBI este año (sin “cincuentones”) y hacia el 2024 sería un punto menos (–2,5%).
De acuerdo con esa evolución, la dinámica de deuda mostraría un descenso a 57,6% del PBI (bruta) y a 52,8% (neta). Para los años siguientes —incluido el 2026—, el modelo calculado por el Ejecutivo proyecta una estabilización de los cocientes de deuda bruta “en niveles significativamente por debajo de los proyectados en la anterior Ley de Rendición de Cuentas 2020”. Eso porque, dado los supuestos asumidos, las menores necesidades de financiamiento derivadas de la reducción esperada del déficit fiscal, un mayor crecimiento económico para 2022 y una moderación proyectada en el ritmo de depreciación del tipo de cambio nominal mitigarían el efecto de suba de tasas de interés en el escenario de base.
Acerca de la estructura de la deuda de Uruguay, el informe señaló que es de “bajo riesgo en términos de volatilidad de tasas, plazos y concentración de vencimientos” y que existe un “buen nivel de prefinanciamiento del servicio de deuda de corto plazo” que opera como un “seguro”. Sin embargo, acotó, el grado de dolarización de los pasivos sigue siendo relativamente alto pese a su baja en años recientes.
Presupuesto
Según el mandato constitucional, el proyecto de ley entregado al Parlamento el 30 de junio tiene, primero que nada, el propósito de “rendir cuentas” sobre lo gastado el año anterior, si bien, dada la planificación presupuestal quinquenal de Uruguay, lo usual es que también incorpore gasto extra para el o los siguientes (en este caso, para 2023 y 2024), además de artículos sobre asuntos diversos.
Respecto de la gestión financiera cumplida en 2021, el Poder Ejecutivo informó que el gasto presupuestal totalizó $ 685.717 millones (US$ 15.745 millones, calculados al dólar promedio de ese año), 0,78% más en términos reales que en el ejercicio anterior. Con un PBI 4,4% más grande, ese gasto real bajó y representó cerca de 26,5% del PBI en 2021.
Los gastos totales de la administración central se incrementaron 10,4% real, es decir, descontada la inflación de precios. Las remuneraciones se contrajeron 0,9% respecto a 2020 por la limitación a la provisión de vacantes y el tope en el rubro de servicios personales hasta tanto no se aprueben las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo previstas por la Ley de Presupuesto Nacional vigente. El relevamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas contabilizó una disminución de la cantidad de vínculos laborales con el Estado respecto a 2020 por la baja en los funcionarios públicos, ya que en contrapartida creció el número de los becarios, pasantes y otros no funcionarios (ver página 23).
Los gastos de funcionamiento aumentaron 26,4% en términos reales, pero la suba fue de 4,3% si se excluye la prestación de Asignaciones Familiares-Plan de Equidad que desde el 2021 está incorporada a los recursos del Ministerio de Desarrollo Social.
Las inversiones tuvieron una suba real de 19,8%, originada principalmente por los ministerios de Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda. “La inversión pública coadyuvó a reactivar la economía luego de la recesión del 2020”, resaltó el informe al Parlamento.
Los gastos de los organismos del artículo 220 de la Constitución bajaron 1,3% real en 2021, pese al aumento en el rubro funcionamiento e inversiones.
Hacia delante, el proyecto de Rendición de Cuentas prevé un refuerzo de recursos para algunas áreas en los próximos dos años.
Para apoyar en la reforma educativa propone asignar aproximadamente US$ 45 millones en 2023 y US$ 55 millones en 2024, mientras que plantea destinar US$ 27 millones y US$ 22 millones para cada año en seguridad pública.
En materia de apoyo a la innovación, el refuerzo previsto es de US$ 10 millones anuales tanto para 2023 como 2024, y de US$ 4 millones por año para fortalecer los programas gestionados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
En total, el aumento del gasto es de US$ 226 millones en 2023 y US$ 323 millones en 2024.
