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Bajo la presión de un empuje de casos de Covid-19 y la ocupación creciente de camas en las áreas de cuidados intensivos, el gobierno anunció esta semana nuevas medidas. Algunas decisiones provocaron divergencias en el oficialismo y otras debieron ser ajustadas sobre la marcha.
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Justo cuando se acaba de cumplir un año de vigencia de la emergencia decretada tras los primeros casos de Covid-19 en Uruguay, en marzo del 2020, la situación sanitaria se agravó. Algunos días el número de nuevos enfermos superó el millar y las tasas de positividad casi siempre fueron de dos dígitos.
El martes 16, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) alertó en un informe sobre el agravamiento de varios indicadores y el riesgo de que, si la situación no cambia, se puede “rápidamente derivar hacia el nivel limitado” de capacidad de respuesta del sistema de salud. En la noche y después de una reunión de más de cuatro horas con su gabinete ministerial, el presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, que fue de las más esperadas de los últimos tiempos. Entre otras cosas, anunció la suspensión de la obligatoriedad para los alumnos de asistir a los centros educativos, la reducción al 50% del aforo en el transporte interdepartamental y la apertura de la agenda de vacunación para grupos etáreos que hasta ahora no estaban comprendidos (personas de entre 18 y 70 años, desde Semana de Turismo, y los mayores de 80 a partir del jueves 18).
Ante los periodistas, el mandatario y el ministro de Salud, Daniel Salinas, se quejaron porque los niveles de vacunación en algunos sectores de la población habilitados son bajos, como el 61% entre los docentes.
Pero parte del problema fue tecnológico, dado que la demanda desbordó la capacidad del sistema que, a iniciativa de Salinas, desarrollaron ingenieros de su ministerio para asignar hora y lugar de vacunación. De cara a la ampliación del universo de personas que podrán inocularse contra el Covid-19, se optó por aceptar de GeneXus un “asesoramiento y adecuación” al MSP y a la Agesic que permitirá darle agilidad al proceso informático para agendarse para la vacunación, afirmaron a Búsqueda fuentes de la Presidencia.
En el gobierno existían dudas sobre posibles conflictos legales respecto a la reserva y confidencialidad de los datos de los usuarios. Y eso supuso un “freno” a la decisión de incorporar a la empresa de Nicolás Jodal en la gestión de esta tarea. Otra fuente explicó que lo que se hará es agregar “una capa” al sistema generado por Salud Pública para que pueda soportar más cantidad de gente.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del martes evaluó la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna entre el personal de la salud, lo que fue rechazado, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
Desde la Presidencia, un informante admitió que esa idea la manejó uno de los secretarios de Estado y que tuvo voces de respaldo. Sin embargo, Lacalle Pou la desestimó. “Las vacunas no son obligatorias”, fue su argumento.
Lacalle Pou en conferencia de prensa. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
Por un lado, los senadores y diputados consideraron el pedido del Poder Ejecutivo para limitar de manera transitoria y por razones de “interés general y de salud pública” el derecho a reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución.
El 19 de diciembre, el Poder Legislativo aprobó una medida de este tipo por un espacio de 60 días prorrogable, por única vez, por 30 más. Ahora, el proyecto plantea que el gobierno podrá extender la posibilidad de disuadir aglomeraciones por “plazos de 30 días” mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
El Frente Amplio no acompañó la propuesta. El artículo tercero es “inconstitucional”, sostuvo el senador Charles Carrera. Afirmó que si bien se puede limitar las reuniones por “razones de salud pública”, se debe incluir un límite de tiempo para aplicar la medida.
Además, recordó que la coalición de izquierda no acompañó el proyecto anterior, ya que entiende que en este caso Salud Pública es la que debe definir el riesgo sanitario de una reunión y, en caso de ser necesario, solicitar auxilio a la Policía.
El otro proyecto que votó el Parlamento prevé dar apoyos tributarios a empresas chicas.
