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El gobierno reitera sus críticas a la cárcel de Punta de Rieles, con quejas por el vandalismo y un costo económico mayor al previsto
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmó que ni los presos, ni los operadores, ni los policías quieren estar en la prisión construida mediante el régimen de participación público-privada
Se trata de la segunda prisión más grande del sistema, y está diseñada con base en el modelo de las cárceles españolas. Foto: Presidencia
La situación de las cárceles es uno de los temas que más ha trabajado el Ministerio del Interior. Entre las medidas actuales están las requisas masivas a las prisiones más pobladas y, a mediano y largo plazo, un plan de reestructuración que incluye la eliminación de ciertos centros de rehabilitación, la construcción de uno de máxima seguridad y un proyecto para tratar las adicciones. Ante este contexto general hay especial preocupación entre las autoridades por la Unidad Nº 1 Punta de Rieles, inaugurada en 2018 bajo el régimen de participación público-privada (PPP). Las autoridades insisten en que la prisión está limitada en su hospedaje por fallas estructurales que obligan al gobierno a pagar más dinero del previsto debido a reparaciones y a plazas no cubiertas. Además, critican que su arquitectura causa problemas en la vida cotidiana que terminan por perjudicar a todo el sistema penitenciario.
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Los inconvenientes fueron planteados públicamente a inicios del mandato por el ministro Jorge Larrañaga, que apeló a los informes que evalúan semestralmente el contrato entre el Estado y Unidad Punta de Rieles S.A., la sociedad entre Teyma y Goddard Catering Group que opera la prisión. Larrañaga volvió a enfocarse en el tema semanas atrás ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.
“Esta cárcel fue la última construida y hay un altísimo porcentaje de vandalismo. El principal problema fue que se encomendó la construcción de una cárcel de baja seguridad, pero la población que se incorporó requería baja, media y alta seguridad, lo cual derivó en una complicación muy especial”, dijo el miércoles 5 en el Parlamento. Larrañaga explicó que, entre otras cosas, los cerramientos electrónicos de las puertas son interceptados con el papel laminado interior de cajas de cigarrillos, lo que determina “un proceso de rupturas de importantes características” que “no es fácil solucionar porque la reparación es muy costosa”. Según lo establecido en el contrato entre Uruguay y la sociedad anónima, las reparaciones corresponden al ministerio porque no son responsabilidad del privado; el año pasado el gobierno realizó por este concepto compras directas por excepción por unos US$ 450.000.
La prisión implicó una inversión de alrededor de US$ 100 millones por parte de Unidad Punta de Rieles S.A., que presta los servicios de alimentación, lavandería, limpieza, control de plagas y economato. En contraparte, el Estado tiene a su cargo la seguridad, salud y educación, y abona un canon anual en función de la capacidad ocupada y ciertos parámetros de calidad durante un período de 27 años.
Larrañaga aseguró que el ministerio paga y “seguirá pagando” por la población máxima que puede albergar la cárcel (1.960 personas) a pesar de que actualmente cuenta con 1.560 reclusos porque la vandalización inhabilitó algunas celdas. Estimó el canon anual, con base en unidades indexadas, en US$ 20 millones al año. Un informe elaborado en junio por el Ministerio de Economía señala que esta obligación puede ascender, ya que contiene un mecanismo de ajuste que depende de la variación de la unidad reajustable, cuya estimación a futuro es de un aumento significativo.
Los problemas de Punta de Rieles se enmarcan en un cambio del consorcio privado que la maneja. En junio El Economista anunció que la española Abengoa, propietaria de Teyma, trapasó su participación del 85% de la sociedad a un fondo creado por la británica Aberdeen y la gestora colombiana LQA Funds. El País informó días después que también Goddard Catering Group vendió el restante 15% al mismo fondo. A la espera de las autorizaciones, al día de hoy la prisión aún es responsabilidad de Unidad Punta de Rieles S.A. El inspector del contrato, nexo entre el Estado y el privado, es desde el 31 de mayo Alejandro Mega, quien se encuentra elaborando el informe semestral sobre el estado de situación correspondiente a enero-junio 2020.
Volverse difícil
Más allá del vandalismo, el Ministerio del Interior también observa con inquietud la convivencia en la prisión, que ocasionó pedidos de traslado de internos y de los propios funcionarios, dijeron a Búsqueda fuentes penitenciarias.
La Unidad Nº 1 está formada por seis edificios residenciales de media seguridad, dos edificios de baja seguridad, dos módulos residenciales de media seguridad y un Centro de Ingreso de Diagnóstico y Derivación. Teyma basó el diseño en el modelo estándar de las prisiones españolas, con celdas individuales, triples y de a cinco, y un espacio común en cada módulo donde las personas pasan la mayor parte del día. La lógica de esta arquitectura es que la celda se utilice principalmente para dormir, para que el interno no sufra tanto el encierro y tenga distracciones afuera. “Esta cárcel la pensamos como modelo, y como la que puede servir más fácilmente para la rehabilitación, con espacios deportivos, recreativos y con talleres”, dijo en agosto del año pasado el entonces ministro Eduardo Bonomi.
Pero el diseño generó el efecto contrario. “Los internos salen de todas las celdas todos los días. Eso es bueno. O van a actividades o permanecen en el salón multiuso y en el patio aledaño, donde hay mesas y bancos y un televisor. Sin embargo, allí conviven muchas horas y muchas personas, con poca orientación y pocas actividades concretas, lo que genera una sensación de pérdida de tiempo, de sin sentido y así nacen problemas de convivencia, tensiones y violencias”, advirtió el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en su informe anual de 2018.
En el Parlamento, Larrañaga admitió que “ni los presos, ni los operadores, ni los policías hoy quieren estar en la cárcel de Punta de Rieles”, sobre todo por la molestia que causan los espacios comunes de “ocupación permanente”. Según las fuentes, los prisioneros pasan la mayor parte de su jornada comiendo y mirando televisión en esos lugares.
Con un 22,3% de personas privadas de libertad que estudian y un 29,8% que trabajan dentro de la cárcel, la intención es aumentar las actividades para mejorar la convivencia y evitar traslados a otras unidades, un desafío casi imposible de cumplir porque se trata de la segunda prisión más grande del sistema, ideada para descongestionarlo y evitar el hacinamiento. El año pasado, Petit recomendó que haya referentes educativos en cada módulo y un personal presente en el día a día para canalizar las múltiples demandas emergentes. “Se requieren más actores externos (educación, capacitación) y favorecer actividades productivas e iniciativas diversas que presentan los internos (talleres, manualidades, acciones culturales). Sin mejorar sustancialmente la densidad de actividades y la presencia educativa en los módulos, la gestión, dada la magnitud y diseño del lugar, puede volverse difícil”.