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Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura resolvieron modificar un contrato de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de Stanford por considerar que una de sus cláusulas es antagónica con la política exterior que desarrolla Uruguay, porque impide a ciudadanos de países embargados por Estados Unidos participar de las actividades que se realicen en conjunto.
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La decisión fue tomada por los jerarcas de ambas carteras, Ricardo Ehrlich y Luis Almagro, quienes la semana pasada presentaron la situación ante el Consejo de Ministros y el viernes 25 anunciaron su postura. “En este contexto, ambos Ministerios manifiestan su más firme intención de realizar todos los esfuerzos conducentes a la supresión de la mencionada cláusula”, afirmaron en un comunicado donde califican la disposición como “contraria al posicionamiento de política exterior de la República Oriental del Uruguay”.
En marzo, la ANII y Stanford acordaron cooperar para fortalecer a los ingenieros uruguayos en emprendimiento mediante la capacitación de docentes de las Facultades de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y la Universidad ORT. La última cláusula de la alianza obliga a la Agencia a prohibir la participación en el programa de cualquier persona que resida actualmente en o sea ciudadano de Birmania, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria, países embargados por Estados Unidos.
El área legal de la Universidad de Stanford incluye esa condición contractual en los convenios que realiza con pares del exterior, una práctica común en las instituciones educativas estadounidenses, ya que así lo establecen ciertas leyes del país. Ese argumento se le planteó a Ehrlich cuando manifestó su disconformidad con la cláusula el martes 22 en el Gabinete Ministerial de la Innovación, encargado de articular las acciones gubernamentales vinculadas a esa área. Según afirmaron distintas fuentes a Búsqueda, el ministro respondió que aunque se trate de una disposición habitual no impide que los acuerdos de ese tipo deban ser revisados y modificados si fueran opuestos a políticas de Estado.
Luego presentó el tema en el Consejo de Ministros, donde recibió el apoyo de Almagro para expresar en un comunicado el rechazo a toda medida unilateral de embargo comercial contraria al Derecho Internacional Público. “El Uruguay como Estado no firmaría jamás un tratado por el cual aceptaría embargos de carácter unilateral. Como la entidad uruguaya (ANII) no es de Derecho Privado sino que se trata de una institución que tiene vínculos claros con el Poder Ejecutivo, resultaba importante señalar que de ninguna manera puede comprometer la posición de la República Oriental del Uruguay, la cual no ha cambiado ni cambiará. Son embargos ilegales”, señaló a Búsqueda Fernando Lugris, director general adjunto para asuntos políticos de la Cancillería.
Potable.
El Directorio de la ANII tomó conocimiento del comunicado de prensa conjunto del MEC y la Cancillería e intercambió consultas informales con el Ejecutivo, pero aún no fue contactado oficialmente por ninguna de las autoridades de ambas carteras, por lo que el Directorio no se reunió para decidir los pasos a seguir.
Aunque en la entidad gubernamental tienen claro que se trata de un “mandato y no de un pedido”, por ahora no van a tomar acciones hasta que los ministros no resuelvan cómo seguir el proceso, que implica especialmente definir qué términos utilizar para suprimir los efectos de la cláusula.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores decidirá una frase potable para el gobierno que sirva para sustituir lo actual. Cuando se llegue a la solución adecuada se contactará a Stanford para renegociar. Tenemos que ver cómo son los cambios a realizar pero en Stanford ya deben estar preparados”, dijo a Búsqueda Omar Macadar, representante del MEC en el Directorio de la Agencia.
Explicó que el problema “no es tan complicado” porque no se trata de un embargo comercial y el embargo cultural que se plantea no es tal “salvo con Cuba”, el único de los siete países mencionados con quien Uruguay tiene un intercambio fluido de docentes e investigadores pero cuyo caso “se podrá arreglar de alguna manera”.
La misma visión optimista manifestaron las universidades privadas, que quitaron dramatismo a la situación. “Si la ANII sigue adelante vamos a estar a bordo y esperando que la Udelar se sume. El convenio es una gran oportunidad para Uruguay y el obstáculo es artificial”, señaló a Búsqueda Omar Paganini, vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica.
Sin embargo, en la universidad estatal el tema generó reacciones negativas a distintos niveles. La semana pasada, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar resolvió pedir una reunión con los ministros de Educación y Cultura y de Relaciones Exteriores para expresar formalmente su rechazo a la cláusula. “Es inaceptable que Uruguay firme una cosa como esta. ¿Cómo vamos a aceptar? Está claro que eso es inaceptable y es tremendamente contraproducente”, señaló el rector Rodrigo Arocena el martes 22 durante la sesión del CDC. Días antes el Consejo de la Facultad de Ingeniería, cuyos docentes están habilitados para formar parte de la iniciativa a través de intercambios, consultorías, charlas y talleres, resolvió no participar en las actividades del convenio.
La Universidad de la República tiene actualmente más de cincuenta acuerdos con Estados Unidos que involucran a universidades públicas y privadas, instituciones de investigación y departamentos y servicios del gobierno, pero desde la Dirección General de Relaciones y Cooperaciones de la Udelar afirmaron que en ninguno de ellos existen condiciones como la que exige Stanford a la ANII.