En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El gobierno impulsa la revisión de las normas que permiten combatir el blanqueo de capitales y aspira a que la evasión fiscal, el sicariato y el abigeato sean considerados delitos precedentes del lavado de activos. Otros cambios sustantivos que pretende el Poder Ejecutivo son la prohibición de que una sociedad anónima sea beneficiaria final de otra y establecer que los contadores estén obligados de informar transacciones sospechosas a las autoridades.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Mientras comienza el proceso de discusión, en el gobierno tomaron nota del último informe sobre lavado de activos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado la semana pasada, que advierte que Uruguay debería “relajar” aún más su “política de secreto bancario”.
Un Comité Operativo creado por la comisión coordinadora contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo está elaborando esa propuesta de cambios normativos, con el objetivo de adoptar recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese equipo de trabajo participan representantes de los tres poderes del Estado, de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, entre otros actores. Su primera sesión ordinaria se efectuó a fines de febrero pasado en la Torre Ejecutiva.
La secretaría antilavado “quiere prohibir que las sociedades anónimas sean beneficiario final de otra sociedad anónima. Este punto es fundamental y no es negociable”, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo que funciona en la Presidencia de la República.
Según GAFI, en el caso de las personas físicas, por beneficiario final se entiende a aquellas que en último término posean o controlen un cliente y/o a la persona física en beneficio de quien se lleva a cabo una transacción. El concepto es similar para las personas jurídicas (empresas), un fideicomiso, un fondo de inversión o un patrimonio de afectación.
Algunos especialistas admiten que determinar y verificar correctamente la identidad del beneficiario final es, en la práctica, una complejidad.
En esa misma dirección, el grupo de trabajo considera plantear una revisión de “la oferta de vehículos jurídicos uruguayos”, según los documentos a los que accedió Búsqueda. También se analiza una modificación legal referente al registro de transferencias de acciones nominativas.
“El objetivo del gobierno es adecuarse a lo que plantea el GAFI, porque a nivel mundial ha llegado el momento en el que el negocio sea transparente”, declaró el titular de la secretaría antilavado, Carlos Díaz.
Entre las prioridades del gobierno está incluir el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos. La idea de las autoridades es que se fije un “umbral” de dinero a partir del cual se considere que la evasión fiscal puede ser considerada precedente de blanqueo de capitales.
Incorporar el delito fiscal en la normativa llevará, según las fuentes consultadas, a establecer que los contadores estén obligados a reportar a las autoridades si consideran que sus clientes incurren en una operación sospechosa de lavado de dinero. “Al incluir el delito fiscal, tenés que poner a los contadores a trabajar en el tema. ¿Qué mejor vigilante? ¿Vas a dejar sola a la administración pública en este combate?”, explicó uno de los consultados.
El Colegio de Contadores se comprometió con las autoridades a trabajar en cómo instrumentar el tema, añadieron las fuentes. Hoy las instituciones financieras y los escribanos son algunos de los sujetos obligados a cumplir esa tarea.
El fiscal de Crimen Organizado, Gilberto Rodríguez, que participa en las reuniones en representación de la Fiscalía de Corte, dijo a Búsqueda que el Comité está analizando también si este deber de reportar tendría que extenderse a por ejemplo, operadores inmobiliarios y casas de intermediación financieras.
Entre las “acciones prioritarias” en las que trabaja el Comité Operativo están por ejemplo, la regulación del proceso de extradición para los involucrados en los delitos, ampliar el decomiso a todos los delitos precedentes (y no solo a los de narcotráfico), por ejemplo. También la regulación respecto a qué casos y bajo qué condiciones los ilícitos precedentes deben ser objetivo de investigación paralela por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Secreto bancario.
El gobierno uruguayo recibió con atención el último informe del Departamento de Estado estadounidense sobre lavado de activos. En el Poder Ejecutivo entienden que ese documento “suele adelantar” los planteos a nivel internacional que recibirá Uruguay en esa materia.
El informe señala como un avance de Uruguay en el combate al blanqueo de capitales el hecho de que en la ley de Presupuesto se incluyeron nuevas potestades para la Secretaría Antilavado.
El Departamento de Estado recuerda que Uruguay aplicará, a partir del 2017, el sistema de intercambio automático de información impositiva con países con los que tiene acuerdos bilaterales. “Sin embargo, las autoridades extranjeras que buscan información sobre las cuentas bancarias no declaradas por sus residente no pueden descubrir fácilmente evidencia de actividades ilícitas”, dice. Los países que piden información a Uruguay —agrega el informe— “solo pueden conseguir confirmación después de que un contribuyente específico y una cuenta bancaria relacionada han sido ya identificados”. Por eso, según el Departamento de Estado, “la implementación de la nueva política” de intercambio de información “requerirá una importante relajación de la política de secreto bancario que tiene Uruguay”.
Autoridades del gobierno consultadas por Búsqueda dijeron que el planteo era previsible y que, si bien no está incluido en las prioridades de trabajo del Comité Operativo, es posible que el tema surja en la discusión.
