El gobierno revisa los contratos de suministro de supergás porque “no funcionan bien” para los intereses de Ancap y de los usuarios

El sistema del supergás en Uruguay puede resumirse de la siguiente manera: Ancap (que tiene el monopolio de la importación) le vende el gas a Gasur, una empresa envasadora compuesta un 40% por Ancap, 30% por Acodike y 30% por Riogas, las dos empresas del ramo con más años en el mercado.

Por su parte, Megal es una empresa que tiene su propia planta de envasado y está por fuera de Gasur.

Acuerdos y márgenes.

“El sector no es sostenible. No se obtienen ingresos suficientes para cubrir los costos”, dijo a Búsqueda la presidenta de la petrolera estatal, Marta Jara. Explicó que hoy la relación con sus socios privados está más “tirante” porque desde Ancap han tratado “de ser más rigurosos en defender los intereses” del ente y de los consumidores.

“Cuando este margen que pagamos es cada vez más oneroso, vos no podés trasladarlo al usuario, entonces lo que le queda a Ancap no alcanza ni para cubrir el costo. Si uno mira esa distribución, lo que queda claro es que el que termina pagando es Ancap, o sea todos los uruguayos”, dijo Jara.

“Son contratos que duran hasta el 2023. Es un sistema que no funciona bien desde los intereses de Ancap y del consumidor. Es un mercado muy complejo y con muchos conflictos de interés. Hay empresas que tienen el sombrero de accionista y el de distribuidor. A su vez, son accionistas en Gasur y les tienen que exigir un buen desempeño a los que envasan”, señaló.

Si bien dijo que no conoce las circunstancias en las que se firmó este acuerdo, Jara reconoció que “si se lee en frío, el contrato no es favorable a Ancap”.

“No me parece un buen negocio por varios motivos. En principio el tema de escala: me cuesta entender por qué en un mercado tan chico como el uruguayo hay tres plantas. Para que se haya instalado una tercera planta quiere decir que los márgenes son interesantes. El otro tema es quién asume el riesgo, quién tiene el control y quién se beneficia. Si la respuesta a esas preguntas no está alineada a los intereses de todos, ahí surgen todos esos problemas”, añadió.

Jara dijo que los contratos “deben cumplirse” pero que ya comenzaron las reuniones para renegociar las condiciones hacia el 2023.

“Si bien no estamos cómodos con esta situación contractual, hay que buscar una nueva modalidad pero con prudencia, porque es un sector que tiene que seguir funcionando. No es el objetivo generar una crisis por incumplimientos o litigios porque terminaría afectando al mercado”, agregó.

Competencias y oligopolios.

Otro aspecto de los contratos que será analizado es la rentabilidad en el negocio del envasado. Según han planteado las privadas a la estatal, es la parte de la cadena donde hay mayores costos.

“Sabemos que la distribución es rentable porque ahí está Ducsa, sabemos que Gasur es rentable, pero lo que queda por ver es envasado, donde Acodike y Riogas nos dicen que no les va bien”, explicó Jara. “Siempre se dice que los monopolios son ineficientes, pero yo estoy convencida de que los oligopolios desfavorecen aún más al consumidor”, sostuvo.

En ese sentido, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), encargada de regular el sector, intimó a Gasur y a Ducsa a que renegocien su contrato de suministro. Es que Gasur acordó con Ducsa que solo puede envasar en sus plantas, algo que para el regulador afecta la libre competencia, ya que podría envasar en la planta de Megal.

Jara reconoció que Ducsa lleva meses solicitándole a Gasur “sentarse a la mesa” a renegociar el contrato, pero que la parte privada de la empresa se ha negado sistemáticamente.

“Hemos insistido varias veces en cumplir con lo que exige el regulador, pero bueno, no hubo respuesta”, agregó.

Búsqueda contactó a la Ursea para conocer su posición en este asunto, pero dijeron que por ahora no van a hacer comentarios.

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Energía (DNE) también están interviniendo en estas reuniones para renegociar los acuerdos a 2023. “Es un mercado muy difícil donde están los mismos actores en diferentes partes de la cadena”, dijo a Búsqueda la directora de la DNE, Olga Otegui.

“Estamos monitoreando continuamente el servicio dentro de nuestras competencias legales y codo a codo con la Ursea para asegurarnos de que el usuario final tenga siempre el energético”, agregó.

De estas reuniones Otegui espera alcanzar “un acuerdo a futuro” que “mejore” las actuales condiciones. Entre los escenarios que se manejan es que Gasur deje de existir, dijo.

Fuentes de Ancap, las empresas y el gobierno reconocieron a Búsqueda que “al menos” es “muy difícil” de entender por qué el entonces directorio de Ancap, presidido por Daniel Martínez, firmó un convenio “tan benevolente” con Acodike y Riogas.

“Hay condiciones casi leoninas”, dijo una fuente del gobierno.

Denuncias e impugnaciones.

Con este mar de fondo, otro frente abierto es el enfrentamiento entre las empresas del sector: Acodike, Riogas y Megal.

El primer movimiento fue de Megal. En 2008 inició un juicio contra Ancap solicitando la anulación del contrato de Gasur, porque a su entender el ente había actuado ilícitamente al no convocar a licitación para arrendar las plantas de envasado. A principios de noviembre la Suprema Corte de Justicia zanjó el largo litigio y rechazó el reclamo.

Entre esos años, Megal atravesó varios problemas económicos y financieros que la llevaron a tener deudas millonarias con varios organismos del estado. Finalmente, en mayo de este año fue a concurso. Debido a los incumplimientos Ancap resolvió suspenderle el crédito para la compra de supergás.

Además, Megal fue denunciada por Acodike y Riogas ante la Ursea por diversos incumplimientos o irregularidades. Entre ellas figura una de Riogas denunciado que Megal “vendía en forma clandestina” envases de su empresa. La Ursea desestimó la denuncia, pero Riogas también la presentó en un Juzgado penal.

Por otro lado, algunas decisiones del Ejecutivo causaron malestar en Acodike y Riogas, que entendieron que beneficiaban a Megal, dijeron fuentes del sector.

En abril de 2017 la Ursea emitió su informe anual estableciendo que a Megal le faltaban 82.865 envases de 13 kg. En consecuencia,el organismo intimó a Megal a que agregue dicha cantidad. Sin embargo, en mayo de 2017 el Ministerio de Industria emitió un decreto que flexibilizó drásticamente los criterios para computar los ratios y, de este modo, benefició a la única empresa que se encontraba en incumplimiento.

Consultada al respecto, Otegui sostuvo que ese decreto “busca ayudar al usuario final” y que el mismo “puede ser aplicado a todas las empresas”.

Asimismo, algunos referentes del sector entienden que esas decisiones que “favorecen a Megal” tienen su base en una “estrecha relación” entre algunos directivos de la empresa y miembros del gobierno.

“Megal nunca recibió ayuda económica ni financiera de organismos del Estado. Es exactamente al revés, las inversiones las hicimos con capital propio sin exoneraciones impositivas ni beneficios económicos que tienen muchos otros inversores en este país. Por el contrario, las inversiones en las plantas que operan Riogas y Acodike que son propiedad de Ancap, se hacen todas con dinero de los uruguayos y uruguayas. Las paga 100 % Ancap”, dijo a Búsqueda Rossana Bucheli, dueña de Megal.

Consultada sobre los motivos que llevaron a su empresa a presentarse a concurso, Bucheli dijo que los costos de mano de obra de envasado subieron a valores superiores a los que paga Ancap. Y que además, el ente se negó a aumentar los márgenes de las plantas, por lo que Megal se endeudó y tuvo que despedir al 30% de su plantilla. Bucheli reconoció que generó deudas con el Estado debido a que no pudo afrontar el pago de impuestos.

“Al precipicio financiero nos llevó Ancap sacándonos el crédito en enero de 2016. Seguimos desde esa época prepagando a Ancap, con deuda cero. Mientras tanto Acodike y Riogas gozan del beneficio de operar con crédito de Ancap siendo además sus socios en Gasur”, añadió.

Sociedades anónimas.

Otro capítulo aparte son los enfrentamientos internos entre los accionistas de Megal: por un lado Cinteral S.A. con 60% de la empresa (propiedad de Bucheli) y por otro Kimley S.A. y Gusfel Investment S.A., con 16% y 13% respectivamente.

En el Parlamento, Bucheli denunció que Riogas y Acodike “a través de subsidiarias” tienen acciones en Megal “con el único objetivo de poder trancar cualquier acción” que la empresa pretenda hacer, sostuvo.

Fuentes de Riogas dijeron a Búsqueda que no tienen acciones en Megal, y descartaron que Kimley sea parte de las empresas del grupo.

Hay cuatro empresas involucradas: Finagres S.A. (argentina), Azande S.A. (uruguaya), Riogas y Kimley S.A.

Kimley es accionista de Megal, según se desprende de una declaración jurada de la empresa presentada ante el Banco Central en junio. De acuerdo al documento, al que accedió Búsqueda, Kimley es propiedad en un 100% de Azande y esta, a su vez, es propiedad de Finagres.

Los registros públicos sobre Kimley revelan que el argentino Manuel Brunet fue su director en 2014. Brunet también figura como director de Finagres y de Riogas hasta diciembre del 2015, según una declaración jurada del Banco de Santiago del Estero presentada ante el Banco Central argentino, a la que accedió Búsqueda.

Otro de los nombres que figura repetido en los documentos es Gustavo Anselmi, que según los registros fue director en Finagres, Azande y Riogas en diferentes períodos.

Consultado por Búsqueda, Anselmi reconoció que formó parte del Directorio de Riogas al menos hasta 2016. También dijo que “puede ser” que lo “hayan puesto” como director de Finagres y Azande.

“Azande es propiedad de Finagres”, dijo Anselmi y agregó: “Azande es propietaria de Riogas”.

Si Riogas o sus empresas madre cuentan con acciones en la competencia eso configuraría un apartamiento de las cláusulas de exclusividad que se firmaron en los acuerdos de Gasur, dijeron varias fuentes del gobierno a Búsqueda.

Kimley impugnó una asamblea de accionistas e inició un juicio en marzo de 2018. Luego inició otra acción legal que terminó en un acuerdo extrajudicial con la parte mayoritaria de Megal, propiedad de Rossana Bucheli.