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El gobierno ve al 2022 como “año clave” para la “ley de empleo”
Ministerio de Trabajo firma convenios para que los subsidios a la contratación también beneficien a migrantes, afro, trans y liberados; una “crisis” como la que produjo la pandemia no le “pega” a todos igual, afirma el director de Empleo
La Dirección de Empleo cierra el segundo año de pandemia con una sorprendente calma. Parece lejos del ruido de otras oficinas del Ministerio de Trabajo, en las que se discuten a contrarreloj los acuerdos salariales para los próximos dos años, y más lejos aún de los pronósticos de algunos economistas que, luego de que el Covid-19 causara la paralización de muchas actividades, estimaban que la tasa de desempleo rozaría el 15% o el 16%, como recordó el titular de esa división, Daniel Pérez. “Era una medida razonable”, reconoció en diálogo con Búsqueda.
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También recordó otro pronóstico, que marcaba para mediados de 2022 la recuperación de los niveles de empleo de la prepandemia. Pérez dijo que ya se alcanzaron esos valores y se basó en algunos indicadores. El desempleo en octubre fue de 8%, “notoriamente” por debajo del 10,5% de febrero de 2020, la cifra que se encontró al asumir su cargo; la cantidad de personas desocupadas en comparación a ese mes bajó en 42.000; los números del “seguro de paro” muestran niveles similares a la prepandemia (incluso si se suma el subsidio en la modalidad parcial).
El planteo de llegar a las cifras de la prepandemia era un escalón “que no era bueno”, aunque ya se superó, destacó Pérez. Ahora, desde la dirección pretenden “seguir avanzando y construyendo más puestos de empleo” para que esas tasas sigan bajando. Sin embargo, el efecto Covid-19 “todavía sigue”: primero, porque hay sectores —como el turismo— que aún no están en “su máximo potencial” y les llevará tiempo recuperar niveles anteriores; y también, porque hay determinado grupo de personas que perdió el trabajo y es probable que no vuelva a tenerlo. Pérez lo explicó: “Hay un reajuste del mercado de empleo, que cambió y demanda otras habilidades y competencias que antes no tenía. Entonces, las personas también se tienen que preparar en ese sentido”. La referencia del director de Empleo fue a las “habilidades digitales” y otras “blandas”.
“Cuando hay una crisis nos pega a todos, pero no nos pega igual. Nos pega distinto por nivel socioeconómico, por edades. Muchas personas que tienen más de 45 años se retiraron del sistema educativo hace tiempo (...). Si pierden el trabajo, el mercado de empleo demanda otras cosas que no tienen”, comentó.
Los mayores de 45 años es uno de los públicos en los que su dirección puso el foco este año a través de la ley de promoción del empleo, que estimula —mediante subsidios por hasta $ 28.500 mensuales por un año— la contratación de personas de ese grupo etario, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
Convenios
La gran apuesta para el 2022 es que haya un “incremento importante” en el uso de las empresas de esta ley, que se aprobó en agosto pasado, señaló el jerarca. A través de convenios con otros organismos del Estado, la norma ampliará esos beneficios a la contratación de trabajadores de otras poblaciones vulnerables.
Uno de los convenios que se prevé firmar es con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para tres “poblaciones específicas”: los migrantes, las personas trans y las afrodescendientes.
Otro acuerdo —en este caso, ya firmado— es con la Dirección Nacional del Liberado, y busca estimular la contratación de personas que estuvieron presas a través del mismo subsidio. También con el Instituto del Niño y Adolescente. Otros dos convenios pendientes son con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, para quienes están en las cárceles y en los centros de menores, que, una vez en libertad, “tienen más dificultades para acceder al mercado” laboral, sostuvo Pérez.
“El mensaje a la empresa es: te damos un incentivo mayor si vos contratás a las poblaciones más vulnerables”, remarcó. Alegó que “si bien hay que esperar una recuperación y es probable, la reinserción al mercado de empleo no es para todos igual”.
Hasta ahora, los estímulos han tenido resultados similares a los que tuvo en 2019 la ley de empleo juvenil, un número que no es el “óptimo” de acuerdo a las pretensiones de las autoridades del ministerio. “El desafío más grande es de comunicación, de que les llegue a todas las empresas, a los operadores”, admitió el jerarca.
También dijo que buscarán mejorar la “eficiencia” del ministerio ante las solicitudes que llegan, para disminuir las trabas “burocráticas”. “El año clave para esta ley de empleo es el 2022”, apuntó.
De forma paralela a los incentivos que da esta norma, la dirección trabaja con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para la “formación” de personas. También avanzan en un “sistema de información de prospectiva”, que busca simplificar “hacia dónde va el mercado de empleo” y cuáles son las demandas que hay, para poder orientar a Inefop, a instituciones como la UTU y la Universidad Tecnológica e incluso “a los propios ciudadanos”, explicó Pérez.
Informalidad
La tasa de empleo informal “sigue siendo alta” en Uruguay, aunque disminuyó en los últimos meses —de 25% a 23%, según dijo el jerarca— y “es bajísima” en una comparación regional.
Explicó que si bien algunas personas se fueron retirando del mercado en la medida que no conseguían un puesto, hubo otros que visualizaron que “vale más la pena estar formalizado”, por los subsidios y los “seguros de paro”. Agregó: “Lo que se descubrió es que el Estado protegió, amplió los sistemas de protección y benefició a quienes estaban en el mercado formal. Uno puede decir: llegó el chaparrón, vino la tormenta, pero acá teníamos un techito en el que te podías guarecer. Es una oportunidad de cómo generar mecanismos, que hay que adecuarlos a cada situación para poder aumentar la formalización”.
Pérez recordó que en su oficina se redactó uno de los artículos de la Rendición de Cuentas que entra en vigencia el sábado 1° y permitirá a los presos que tengan “emprendimientos” en la cárcel “estar en regla” y poder facturar por los trabajos que hacen desde allí. El diseño fue el de una “aportación flexible”, un camino que se puede adecuar para “distintos colectivos”.
“El tema es estudiar a quienes están formales hoy, conocerlos mejor, para saber cómo diseñar sistemas que permitan mejorar los niveles de formalidad, teniendo en claro que la informalidad cero no existe”. Pero desde el nivel actual de algo más de 20% al cero deja “mucho trecho para trabajar”, reconoció.
