El “facho” de Tabaré.
Ayer miércoles todavía quedaban algunos vestigios del enfrentamiento que habían mantenido por la noche decenas de manifestantes con efectivos de la Guardia Republicana. Varios sindicatos eligieron la Plaza del Entrevero, ubicada a metros del lugar de los incidentes, para hacer un acto de repudio a la “represión” policial. No faltaron proclamas y cánticos atacando al presidente Tabaré Vázquez, los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y María Julia Muñoz (Educación) y contra la dirigencia del PIT-CNT.
Antes de partir desde la plaza al Palacio Legislativo, estudiantes del liceo Zorrilla leyeron una proclama: “En vista de lo ocurrido en la noche del 22 de setiembre, los estudiantes expresamos nuestro más intenso asco y desprecio ante el accionar de las autoridades. Desmentimos las declaraciones del ministro del Interior Eduardo Bonomi en las cuales niega la violencia dentro del edificio: esto es falso ya que fuimos agredidos tanto dentro como fuera del edificio”, dijeron. “Repudiamos también el accionar de los oportunistas que aprovecharon la situación para llevar a cabo una lucha que no es la nuestra, respondiendo a intereses políticos que nos son ajenos.(…) No nos sentimos identificados con todos aquellos individuos que generaron instancias de acciones violentas en momentos de negociación”.
Aunque Bonomi, Muñoz y Vázquez fueron los principales elegidos para los cánticos, sobre el final también se apuntó a la central única de trabajadores: “Che vos PIT-CNT/ Che vos PIT-CNT/ Vos no estás con el pueblo/ Estás con el facho de Tabaré”.
Las relaciones entre el gobierno y los sindicatos de la educación se encontraba en una situación difícil antes de el desalojo del Codicen. Semanas atrás, el Poder Ejecutivo había decretado la esencialidad de la enseñanza para evitar que los paros docentes siguieran restando días de clases. Después de recibir críticas y negociar con los gremios, el gobierno decidió dar marcha atrás a la decisión sin llegar a aplicar la medida.
En un comunicado conjunto de nueve sindicatos emitido ayer miércoles, los gremios estudiantiles y docentes rechazaron el accionar de la Policía. Denunciaron que los efectivos ingresaron “sin previo aviso” y cuando ya los estudiantes habían aceptado el planteo del Ministerio de Trabajo de ocupar solo los pisos del Codicen. En ese edificio también hay oficinas del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de Seguros del Estado, entre otros.
Por su parte, el Suatt también divulgó un comunicado ayer miércoles en el que afirma que habrá más “episodios” de represión del gobierno y por eso convocaron “al pueblo” a que se prepare para la “resistencia y solidaridad”.
“Detrás de este operativo, detrás de la saña de los individuos concretos que lo llevaron a cabo, se encuentra toda una política del gobierno, que tiene que ver con resolver a los golpes todos y cada uno de los conflictos sociales y sindicales planteados en el presente”, afirmaron los integrantes del Suatt.
Respuesta oficial.
Las autoridades del gobierno hicieron una ofensiva mediática para dar su versión de los hechos. El Ministerio de Educación informó a la prensa que las autoridades del Codicen tuvieron un diálogo fluido con los ocupantes y que estos se retiraron “de forma pacífica”. Y añadió: “Los agresores fueron otros”.
“¿Cómo es posible que quienes dicen defender la educación pública adopten medidas que la entorpezcan? ¿Cómo es posible ocasionar destrozos en oficinas públicas y educativas, cuando se reclama más presupuesto para la educación?”, prosigue el comunicado.
La ministra Muñoz declaró a varios medios que los que ocasionaron los “problemas” fueron “los adultos” que estaban afuera de la ocupación y no los estudiantes.
Varios dirigentes del Frente Amplio y sindicalistas apuntaron sus dardos a estos grupos.
El diputado oficialista del Frente Líber Seregni (FLS) José Carlos Mahía dijo a Búsqueda que las imágenes presentadas en los medios de comunicación y los vídeos publicados por el Ministerio del Interior, dejan clara la presencia de “grupos y actores políticos y sociales contrarios al Frente Amplio y al gobierno”. “Actuaron con la intención de promover ese tipo de situaciones ocurridas y buscando de forma clara generar un hecho político”, opinó. “El episodio en sí es lamentable”.
“Me llama la atención que el reclamo (de parte de los estudiantes y docentes) sea en esta etapa con los ministerios, cuando están vencidos los plazos constitucionales para que el Poder Ejecutivo mande un mensaje complementario. La discusión ahora es en el Parlamento”, dijo el legislador frenteamplista.
El secretario de la oficina de Derechos Humanos de Presidencia de la República dijo a Canal 10 que Plenaria Memoria y Justicia es “fascista”.
Acusó a esa organización y a otros involucrados en los disturbios de “subirse al carro de la violencia”.
Constanza Moreira, senadora de Casa Grande y habitual crítica con las políticas de seguridad del gobierno, también cuestionó la presencia de estos grupos en la manifestación. Dijo a Canal 4 que este tipo de violencia “beneficia a grupos de izquierda anti frentistas”.
“No entiendo qué hacían personas mayores, el sindicato del Taxi o Plenaria en la ocupación de estudiantes”, agregó.
Desde el PIT-CNT rechazaron el procedimiento policial y se distanciaron de los “pequeños grupos que actúan bajo la premisa del cuanto peor mejor”.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo a “El Observador” que Plenaria Memoria y Justicia “no existe”. “Son provocadores. Ese es el concepto político que nosotros manejamos. Y finalmente juegan para el enemigo (...), ellos rompen los huevos afuera. ¿Por qué no van a una ocupación de la Untmra (metalúrgicos) o el Sunca(construcción)? No van. A mí me encantaría que fueran un día”, agregó.
El Ministerio del Interior también dio su versión de los hechos mediante un comunicado. “En la noche del martes 22 de setiembre, se llevó a cabo la desocupación del edificio donde funcionan varias oficinas (incluidas las del Codicen) por parte de la Policía, dando cumplimiento a la resolución del MTSS. La resolución se fundó en el pedido realizado por los organismos públicos que funcionan en dicho edificio, los que vieron impedido su normal funcionamiento a causa de la ocupación producida (entre ellos, oficinas del MEF que no pudieron liquidar partidas para intendencias del interior destinadas al pago de sueldos)”, sostuvo.
Además, sostiene que fueron miembros del Suatt y de Plenaria los que desencadenaron los hechos de violencia al atacar a miembros de la Guardia Republicana.
Oposición.
El diputado colorado Ope Pasquet defendió la decisión del gobierno. “No es cuestión de colores partidarios. Ocupación de edificios públicos no debe permitirse. La autoridad debe actuar para ponerle fin”, escribió el legislador en Twitter.
Pasquet afirmó que no se puede equiparar la ocupación de un edificio público con uno privado. “Puede ser necesario ocupar el local de una empresa privada para evitar vaciamiento. Luego sí, a la Justicia”, afirmó. El diputado colorado cuestionó a quienes sostienen que había que esperar que los ocupantes se fueran solos del Codicen. “¿Por cuánto tiempo puede un grupito impedir que el Codicen funcione?”.
“El Frente Amplio durante mucho tiempo dio mucha manija y ahora está pagando las consecuencias”, dijo el diputado blanco Gustavo Penadés (Todos) en rueda de prensa. “En el Codicen no tenían nada que hacer ni el sindicato del Taxi ni Plenaria Memoria y Justicia”.
Por su parte, los integrantes del sector estudiantil de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional repudiaron “la desmedida represión policial que cayó sobre unas pocas decenas de estudiantes que ocupaban las oficinas del Codicen”.
“Con igual decisión desestimamos la participación de grupos de izquierda (Plenaria Memoria y Justicia y Suatt) que pretendieron resistir violentamente el desalojo policial. Se expuso innecesariamente a adolescentes y jóvenes con los resultados de lesionados y heridos que están a la vista”, agregaron en un comunicado.
También defendieron el reclamo del 6% del Producto Bruto Interno para la educación como “condición absolutamente necesaria, aunque insuficiente, para mejorar la calidad y acceso a la misma”.
