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    El golpe de Estado de 1973: una economía en crisis y plagada de distorsiones que tendría un duradero giro liberalizador

    En 1971, apenas recibido, Carlos Steneri fue junto con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas al despacho del ministro de Economía de la época. Este, para sondear si el joven economista estaba apto para ingresar a la administración pública, le preguntó cómo se maneja el mercado del dólar en Uruguay. “¿En qué bolilla” está la respuesta?, pensó Steneri. Con una libretita negra en la mano, el secretario de Estado los desasnó: “Yo, todos los días antes de que abra el mercado de cambios, a eso de las 12 y 30, llamo a los cambistas amigos y les pregunto cómo está el precio de la lechuga. En base a eso llamamos al Banco de la República y le ponemos cinco centésimos por debajo” como cotización. Steneri —quien terminó su carrera como jefe de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía— acotó a ese relato: “Eso era el Uruguay de principios de la década de 1970”, con múltiples distorsiones, en cuyo marco y el de una crisis política se produjo un golpe de Estado, hace 50 años, y ya en dictadura tuvo un viraje liberalizador en lo económico.

    En esta área, tras el golpe del 27 de junio de 1973 se inició una serie de transformaciones —no exentas de dificultades y críticas— a un modelo aplicado hasta entonces en el país que mostraba claros síntomas de agotamiento. Aquel giro, liderado en sus primeras fases por Alejandro Végh Villegas como ministro de Hacienda (1974-1976 y 1983-1985), asentó varias políticas que perduran hasta hoy.

    La situación económica en crisis

    Uruguay había sufrido una crisis en su sistema financiero en 1965 y en 1971, tras un crecimiento del crédito parabancario y una crisis cambiaria. En ese contexto, el déficit del gobierno central se elevó a 5,7% del Producto Bruto Interno (PBI o PIB) en ese último año. La disciplina fiscal había decaído en el año electoral, a la vez que se autorizaron aumentos salariales que se trasladaron a los precios: la inflación terminó en 35% en 1971.

    Un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en los años 90 —Liberalization and financial crisis in Uruguay 1974-1987— describió la problemática de entonces de manera estructural. “Desde principios de la década de 1950 y por más de 20 años los formuladores de políticas recurrieron a la sustitución de importaciones y controles de amplio alcance sobre los bienes y mercados financieros nacionales, lo que se reflejó en aranceles elevados, otras barreras comerciales, tasas de interés negativas en términos reales y amplias distorsiones de precios. Esos años se caracterizaron por un crecimiento del PIB real muy bajo y en desaceleración, tasas de inflación altas” y “volátiles”, así como un “bajo nivel de ahorro interno, crisis recurrentes de la balanza de pagos, déficits fiscales crecientes” y elevado desempleo.

    Las primas y comisiones habían ido proliferando durante 1971, a lo que se sumó un aumento de la escala de recargos cambiarios e incontables medidas de restricción o diferimiento en el pago de divisas por las importaciones, limitaciones a la venta de divisas, hasta llegar al requerimiento de intervención previa del Ministerio de Economía y Finanzas para algunas de esas operaciones, recogió el libro Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central del Uruguay. Pese a todos esos intentos de control, en aquel año hubo pérdida de reservas internacionales y un incremento de la deuda en moneda extranjera; “con esta frágil situación económica” se llegó a la sucesión en el mando el 1° de marzo de 1972, rememoran los autores.

    Tras el cambio de gobierno, el equipo económico de Juan María Bordaberry resolvió pasar a un doble mercado de cambio (uno con mecanismo de paridad deslizante para el comercio exterior y otro libre, tras un ajuste de $ 250 a $ 500 en el tipo de cambio). El régimen de minidevaluaciones terminó consolidando expectativas de mayor evaluación futura y un proceso inflacionario (el alza de precios minoristas fue de 94,7% en 1972).

    A fines de 1972 Francisco Forteza había renunciado como ministro de Economía y Moisés Cohen lo reemplazó, hasta mediados del año siguiente. Mientras, las Fuerzas Armadas pasaban el mensaje de que debían plantearse “objetivos socioeconómicos porque la seguridad estaba asociada a la estabilidad y al desarrollo económico”, recoge el libro sobre la historia del BCU. Aunque con escaso conocimiento de la temática, el involucramiento castrense con lo económico siguió a través de los llamados “cónclaves cívico-militares”, que sesionaron dos veces en el segundo semestre de 1973, ya después del golpe de Estado y con Manuel Pazos como ministro del área de corta gestión; Cohen volvió a ocupar el cargo hasta que el 12 de julio de 1974 lo sucedió Végh Villegas.

    La era reformista

    El nuevo equipo económico liderado por Végh respondió a los crecientes desequilibrios implementando un paquete desregulador.

    Al disertar en un acto de reconocimiento a Végh Villegas organizado por la Academia Nacional de Economía en 2014 —tres años antes de su muerte—, Steneri ponderó que “este homenaje coincide con los 40 años de un cambio de paradigma del modelo económico de desarrollo” de Uruguay, “que ha continuado hasta este momento y se ha profundizado. El año 74 marca en la historia económica del país el cambio, de manera decidida, con ‘la execrable’, como decía bien Végh, el abandono de un modelo de sustitución de importaciones que había sumido a toda la región y en particular al Uruguay en un estancamiento endémico que lo que había hecho era la caída del ingreso per cápita de los habitantes y el bienestar de nuestra sociedad”.

    En materia cambiaria, la reforma unificó el mercado de divisas y permitió la libre transacción de moneda extranjera. “Esta desregulación es tanto más notable cuanto que antes de setiembre de 1974 era ilegal que los uruguayos tuvieran dólares” y “se cuentan historias de gente enviada a la cárcel tras ser sorprendida con un billete de US$ 100”, ponderó el economista chileno Felipe Larraín en una consultoría para el Banco Mundial hecha en 1989. Los depósitos bancarios, que eran cerca de 11% del Producto Bruto Interno en 1973, casi duplicaron ese porcentaje tres años después, y hacia 1977 los saldos en moneda extranjera superaban a los nominados en pesos, según datos contenidos en esa investigación.

    Por el contexto en que fueron adoptadas, esas reformas financieras también le llamaron la atención a Ariel Davrieux, quien en aquella época trabajaba en la Asesoría Económica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “El gobernante económico más importante de todo el período fue el ingeniero Alejandro Végh Villegas, que estuvo apenas dos años como ministro de Economía, introduciendo múltiples cambios tributarios, presupuestales y, para mi asombro, en plena crisis, con un dólar que se iba a las nubes, liberó el mercado de moneda extranjera”, contó en el libro Economistas, economía y política ese contador y economista colorado que dirigió la OPP en la posdictadura.

    La reforma de los primeros años del gobierno de facto también terminó con el trato desigual en la ley de promoción de inversiones entre nacionales y extranjeros. Eso, destacó Steneri, permitió que se pudiera repatriar utilidades hacia el exterior, “cosa que era inaudita en aquellos momentos, y que fue un mojón que continúa hasta el día de hoy vigente”. También se aprobaron estímulos para las exportaciones no tradicionales, se desregularon los precios domésticos y una reforma fiscal “de un plumazo consolidó 80 impuestos”.

    “Si uno toma ese paquete de medidas, entiende que es la base de lo que aconteció posteriormente. Poco tiempo después, en el año 78, siguiendo la línea —Alejandro ya no era ministro— se producen la liberalización del sector agropecuario” y el monopolio de la carne en Montevideo del Frigorífico Nacional. Para Steneri, “esa bandera, que había sido bandera del industrialismo de la década del 50, fue liquidada en el año 78: se bajaron los aranceles a la importación de insumos agropecuarios, de manera tal de aumentar la protección efectiva de ese sector y darle espacio para que se expandiera. Y también comienza el proceso de disminución de las detracciones a las exportaciones que hoy felizmente es un impuesto que no está en el escenario de nuestro país”. Desde esa perspectiva, agregó, ese período fue “seminal” y permitió “lo que vino después, que se fue instrumentando en distintas velocidades, a veces con algún retroceso, pero mirando sin ninguna connotación política, mirando por la positiva, ese proceso ha continuado sin mayores retrocesos”.

    Economía
    2023-06-21T16:19:00