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    miércoles 12 de junio de 2024

    El juicio político a Carolina Cosse tuvo un tibio respaldo orgánico y una crítica de dirigentes nacionalistas por el uso de medida extrema

    Lo que quedó detrás de la decisión de la bancada de ediles de la oposición de iniciarle un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue un tibio respaldo institucional de los partidos que integran la coalición del gobierno nacional y la incómoda interrogante instalada de si se trató de una medida exagerada, una bala de plata que se podría haber guardado en la recámara mientras se apostaba por un camino de diálogo.

    Es que más allá del apoyo orgánico expresado por el Partido Nacional y el Partido Colorado en distintos comunicados, esa fue la sensación que transmitieron distintos dirigentes partidarios en declaraciones públicas y privadas.

    Fue evidente que no hubo unanimidad ni consultas de primera línea previas a aprobar la acción contra Cosse. Y ni bien la decisión tomó estado público, legisladores y gobernantes oficialistas comenzaron a desmarcarse de sus correligionarios de la capital.

    El juicio político se decidió luego de que la intendenta no concurriera a un llamado de la Junta Departamental para dar explicaciones sobre “numerosos pedidos de informes sin responder”. La medida está amparada en el incumplimiento del artículo 285 de la Constitución, que establece que la única razón por la cual no puede enviar un representante en su nombre, es cuando el llamado refiere justamente a los pedidos de informes.

    El edil blanco Javier Barrios Bove defendió la postura de su bancada y matizó la idea de que no haya tenido respaldo orgánico. “Quienes criticaron lo habrán hecho a título personal”, dijo en diálogo con Búsqueda. Barrios Bove hizo una cronología de los hechos que empujaron a la decisión. “Teníamos la esperanza de que Cosse concurriera el viernes a la Junta; sobre las 12 se empieza a correr el rumor de que no iba a venir y ahí empezamos a evaluar las posibilidades que teníamos, después de que la intendenta no nos contestara los pedidos de informes y no se pudieran votar las investigadoras porque se blindaba con sus ediles. Y a las 14 nos comunicaron que la intendenta no iba a venir”, narró. “Constitucionalmente ella tenía que ir a la Junta, pero termina desconociendo el Poder Legislativo en materia departamental. Por eso entendimos que el único mecanismo era iniciar el juicio político. Lo comentamos y lo acordamos con los restantes ediles de los otros partidos y quedamos en comunicar cada uno a nuestros referentes partidarios”, señaló, y concedió que pudo haber “alguno que omitió esa comunicación”. Pero aclaró: “No lo consultamos, lo comunicamos: la decisión estaba tomada y quedamos en que si eso trascendía, cada uno de los referentes partidarios estuviera enterado”.

    Laura Raffo, presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo, casi una sombra de Cosse y referente en todos los asuntos municipales, admitiría luego que no la participaron de la medida del juicio. Pero dijo que de todas formas la respalda.

    El edil blanco argumentó que también existió una “cuestión de tiempos”. “Había que volver a sala y tomar una decisión. No podíamos posponer la sesión de la Junta, citar un congreso y ahí hacerlo. No se había hablado antes porque nadie pensó que la intendenta iba a violar la Constitución. Se debía decidir en el momento porque la situación cambió abruptamente en dos horas. Antes no se había discutido, pero sí se comunicó después”.

    Matías Barreto, edil del Partido Colorado, fue en la misma línea. Insistió en que la decisión había que tomarla “en el momento” y que los hechos “derivaron” en este final. “Quienes estamos todos los días en la Junta somos los ediles y los que sabemos cómo es el trato con la intendencia, que no nos permite hacer nuestro trabajo, somos solo nosotros. Eso no lo vive ningún diputado, ni senador, ni ministro, ni nadie”.

    Cosse, con el respaldo de todo el Frente Amplio, respondió con indignación al planteo de los ediles, a los que acusó de cometer una “barbaridad republicana”. “Lamento que la forma de conducirse sea el ataque y el interés en pretender impedir que Montevideo se desarrolle”, dijo en conferencia de prensa. Para la intendenta, se está usando su juicio político como una “fabulosa cortina de humo” que busca esconder “los problemas”del gobierno.

    Junta Departamental de Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Más diálogo

    El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, remarcó que Cosse “no está cumpliendo con un mandato constitucional”, pero que hay que “valorar políticamente si corresponde llevarla a juicio”.

    “No hay un buen relacionamiento. Y los ediles no pueden permitir que les estén tomando el pelo todos los días. No sé si eso es tan grave, pero tienen derecho a reclamarlo“, señaló. De todas formas, Iturralde subrayó la idea de apelar al diálogo para evitar caer en extremismos. “En estas cosas hay que ser cuidadoso, hay que tener más diálogo. Faltó diálogo antes de la decisión. Y faltó diálogo con el partido, con los principales legisladores, porque es parte de cómo tenemos que actuar. Es una medida extrema”, insistió. “Hay que saber cuándo se sacan armas de este calibre. Según el sapo, la pedrada, como dicen en mis pagos”, dijo, pero le avisó a Cosse que “no se haga la carmelita descalza”.

    El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, en tanto, rechazó los “actos de menosprecio” de Cosse hacia los ediles de la oposición. Y también sugirió una mayor apuesta al diálogo departamental.

    Información Nacional
    2022-10-13T00:33:00