Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Díaz mantuvo con Búsqueda pocas horas después de haber firmado su designación como nuevo fiscal de Corte.
—Hace pocos días usted renunció a la magistratura para ser fiscal de Corte luego de una carrera de 18 años. ¿Qué sintió en ese momento?
—Fue un día difícil, muy ambiguo. Por un lado sentí tristeza por abandonar una institución a la que creo haber representado con dignidad y orgullo. Por otro lado tengo la expectativa de seguir trabajando dentro del sistema de justicia en un rol totalmente distinto con enormes desafíos. Fue un día de sentimientos muy encontrados.
—Fue designado como fiscal de Corte con el respaldo de la unanimidad del sistema político. ¿Qué implica eso?
—Una enorme responsabilidad. Soy consciente de la mochila que ello implica y de los desafíos que tengo planteados.
—¿Ese respaldo le genera la expectativa de que exista una política criminal a largo plazo?
—Ese es uno de los objetivos planteados. Necesariamente la política que se lleva adelante desde aquí tiene que ser de Estado, por dos razones: por un lado, porque la venia requiere mayorías especiales que ningún partido puede lograr por sí solo; y, por otro lado, porque necesariamente el fiscal de Corte dura en el cargo más de un período de gobierno.
—Usted dijo cuando asumió que trabajaría “sin prisa pero sin pausa” por la reforma del proceso penal. ¿Cree que efectivamente se va a aprobar en este período la reforma y que habrá recursos para llevarla a cabo?
—Estoy absolutamente convencido de que la reforma del proceso penal es impostergable. Como filosóficamente creo en ello voy a hacer todo lo posible dentro de mi rol para que eso salga y se pueda poner en funcionamiento. Soy optimista de que el país va a contar con los recursos materiales y humanos para llevar adelante esa reforma.
—En su experiencia como juez penal durante tantos años, ¿el proceso actual implica la violación de las garantías individuales?
—Los operadores del sistema, es decir los jueces, fiscales y abogados, hacen un enorme esfuerzo por tratar de aplicar un proceso penal de forma tal que les dé garantías a los investigados, indagados e imputados. El tema no son los operadores, es el sistema que no va en consonancia con los estándares democráticos exigidos por la comunidad internacional. Uruguay incluso fue observado por la Corte Interamericana y fue llamado a reformar su sistema procesal penal.
—Hay una discusión sobre el lugar institucional que debe tener el Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión?
—Desde el punto de vista personal, en una opinión que no compromete más que a mí mismo, soy partidario de dotar a la institución de una nueva ubicación que le dé la autonomía suficiente, porque entiendo que en un proceso acusatorio es menester alejar al Ministerio Público de las posibles influencias espurias que se puedan ejercer sobre él. En ese sentido soy partidario de sacar al Ministerio Público de la órbita del Poder Ejecutivo. Obviamente, la ubicación institucional concreta la va a definir el sistema político en su conjunto y no el fiscal de Corte.
—Algunos fiscales como Enrique Viana han planteado la preocupación de que usted recorra el mismo camino que el ex fiscal de Corte Oscar Peri Valdez y ejerza una injerencia indebida sobre los fiscales. ¿Qué dice frente a eso?
—No voy a debatir públicamente con un fiscal nacional sobre el punto. Esa es su opinión. Lo único que yo he dicho y reafirmo en esta oportunidad es mi compromiso personal por mantener la independencia de los fiscales en cuanto agentes del Ministerio Público y de cumplir como guía las directrices generales de Naciones Unidas para el funcionamiento de los fiscales.
—¿Pero es partidario de un régimen de directivas generales?
—Con el sistema jurídico actual es absolutamente imposible que el fiscal de Corte dé algún tipo de directivas. En la comisión del Senado dije que existen diferentes sistemas y en la mayor parte de los países del mundo se aplican instrucciones generales, que nunca tienen que ver con la decisión concreta en un caso concreto de si realizar o no una investigación, si acusar o no; esos temas siempre están fuera de las instrucciones generales.
—¿Con un proceso penal acusatorio como el que se quiere aplicar aquí son viables este tipo de directivas generales?
—Sobre ese punto prefiero no opinar en este momento porque estamos hablando del deber ser. Tenemos que esperar que el código se apruebe, tenemos que ver qué modelo de código se aprueba y también hay que reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Ese tema lo va a definir el legislador, así que por el momento estamos haciendo futurología y alentando viejos fantasmas que no vienen al caso.
—Usted ha dicho que la contracara de la independencia es la responsabilidad de los fiscales. ¿Cómo se va a traducir esto? ¿Piensa controlar que concurran a las audiencias o que efectivamente vivan en la localidad o ciudad donde trabajan?
—En la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público se va a establecer con suma claridad cuáles son los derechos, deberes y obligaciones de los fiscales, cosa que hoy no sucede. Por otro lado lo que se va a hacer es controlar que efectivamente eso se cumpla, el jerarca tiene la obligación de hacer eso. Por ejemplo, hoy en mi segundo día de trabajo tuvimos una reunión con mi equipo en el que ya empezamos a trabajar sobre la base de un proyecto anterior que establecía un sistema de servicios inspectivos que hoy no existe en el Ministerio Público. Seguramente en el proyecto de Rendición de Cuentas insistamos sobre ese punto.
—¿Por ejemplo ese servicio inspectivo va a caer de sorpresa en el interior para corroborar que los fiscales vivan en el departamento?
—No nos podemos adelantar tanto en el tiempo. Lo que digo es que los servicios inspectivos controlan el cumplimiento de las normas legales y administrativas por parte de los funcionarios de la institución y eso es lo que se piensa hacer, que no es otra cosa que cumplir con las obligaciones que tiene el jerarca. Vamos a ser férreos en el control de las obligaciones legales pero no vamos a saltear porteras por vía administrativa estableciendo obligaciones que el legislador no estableció.
—Hay una disposición en la ley orgánica que prohíbe a los fiscales hacer manifestaciones públicas, lo que ha sido criticado por violentar la libertad de expresión. ¿Qué piensa al respecto?
—Mi opinión personal es que en el marco de una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público ese numeral debería ser derogado.
—Algunos fiscales se opusieron a su designación porque preferían que el fiscal de Corte fuera un integrante del Ministerio Público. ¿Cómo se ve como ex juez dirigiendo a los fiscales? ¿No teme chocar con ellos por esto?
—No, para nada. Ahora pertenecemos todos a la misma institución y estamos todos en el mismo barco y de la suerte de todos nosotros depende la suerte de toda la institución. Para mí el proceso de designación terminó en lunes 16 de abril con la resolución del presidente de la República y el ministro de Educación y Cultura designándome fiscal de Corte con la autorización previa del Senado de la República por unanimidad. Finalizado el debate no corresponde seguir discutiendo sobre lo que debió o no ser.
—A raíz de este proceso se ha hablado del mal relacionamiento suyo con el fiscal Ricardo Perciballe. ¿Qué pasa ahora? ¿Piensa trasladarlo?
—En primer lugar yo no tuve un mal relacionamiento con ninguno de los fiscales de la República. En segundo lugar, si hubiera existido ese mal relacionamiento no corresponde tomar decisiones de naturaleza funcional por un hipotético problema personal. Lo que voy a hacer como fiscal de Corte es tomar las decisiones basado en qué es lo mejor para el servicio y tratar de contar en todos los destinos con los mejores hombres y las mejores mujeres.
—El ex fiscal de Corte tuvo un mal relacionamiento con el gobierno después de que emitió un dictamen contrario al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a las pasividades. ¿No teme que le suceda lo mismo?
—Sobre el relacionamiento de Ubiría con el Ministerio de Educación y Cultura conozco lo que ha salido en la prensa. No me consta que haya sido así, tampoco tengo por qué dudar de esas versiones. Pero en todo caso en los 18 años que ejercí la judicatura tomé las decisiones que desde el punto de vista jurídico entendí que por derecho correspondían y es lo que pienso seguir haciendo acá. Si eso genera o no algún tipo de controversia habrá que aceptarla y tratar de resolverla de la mejor manera posible. En realidad no tengo temor sino confianza en el Ministerio Público como institución y en la madurez del sistema político uruguayo para resolver los conflictos.
“Se archivó”
—¿En qué quedó la investigación al fiscal Diego Pérez, que entregó tarde la apelación en el caso de Casinos Municipales?
—El día que asumí se me informó que ese expediente fue archivado a fines de marzo por el fiscal de Corte interino, Daniel Gutiérrez, afirmando que había existido un problema logístico.
—¿Y usted lo piensa reabrir?
—En principio no se puede porque el funcionario ya fue sometido a una investigación por esos hechos.
