—Hay dos relatos en pugna, pero los relatos son relatos y deben de ceñirse a la realidad.
Es correcto reconocer que en los 15 años de gobierno frenteamplista hubo muchas cosas en materia de derecho laboral individual que fueron muy buenas. La ley que abrevió los procesos laborales, por ejemplo, en términos generales es buena, igual que la ley que reguló la materia de trabajo doméstico, las leyes de tercerización también. Tampoco todo lo que hay es bueno, porque en términos de derecho laboral colectivo, la ley de fuero sindical aplicada en forma abstracta y objetiva no es mala; ahora, cómo se da en la práctica y los abusos que las partes pueden hacer de ella, es otro tema. Hay mucho para mejorar, pero no todo lo que queda es malo.
—Entre las cosas a mejorar está la ley de negociación colectiva, sobre la que pesan observaciones de la OIT. Los Consejos de Salarios seguirán convocándose, ¿con qué cambios?
—El presidente electo dijo hasta el cansancio que los Consejos de Salarios se van a mantener. En los ‘90 no se desactivaron por un tema ideológico. Ahí lo que hubo fue un tema puramente económico por el ritmo de inflación, que llevó a tomar esa determinación.
Pero volviendo al presente, que es lo que importa, los Consejos son una excelente herramienta. Lo que hay que tener en cuenta con las críticas, sobre todo de la OIT, es qué hacer en función de dónde vienen. Como abogado que se dedica al derecho laboral, creo que los Consejos de Salarios planteados como están, en forma tripartita, son muy buenos. Ahora, lo que nos queda de estos 15 años es una especie de gustito amargo, con un MTSS que no estuvo parado en la mitad de la cancha. Cuando sos empleador y pasaste por 15 años de gobierno, con una persona al frente del MTSS muy identificada con el movimiento sindical, que no cumplió con su rol de administrador, de estar parado en la mitad de la cancha ejerciendo contrapesos...
—¿No convocar los Consejos de Salarios porque se disparó la inflación fue pararse en el medio de la cancha?
—Bueno, eso es historia.
—Y sobre esa historia, ¿qué reflexión hace?
—La reflexión es que era un estudiante y no me corresponde juzgarla. El desempeño del Estado y del herrerismo en ese momento no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos mirando hoy. Me parece una cuestión de gravedad demagógica, completamente mal intencionada, atar el programa de gobierno de Lacalle Pou y el de la coalición multipartidaria a lo que sucedió en los años 90. Son simplificaciones hechas por la izquierda soberbia, que no deja de insistir con esas cuestiones cuando no tiene autoridad moral para hablar de nada… Todos sabemos y alcanza con revisar los libros de historia para ver con cuántos muertos cargan en la espalda. Yo decía pararse en la mitad de la cancha con miras al interés general. Esa decisión se tomó en los ‘90 con un país que hacía cinco años había salido de una dictadura gravísima, que venía acarreando consecuencias gravísimas. No es la situación que nos toca vivir.
—Pero la inflación se puede volver a disparar…
—Se puede disparar, ¿pero en qué cambia esto? En la concepción que tenemos quienes estamos hoy en que esto no lo negocia, porque las relaciones de trabajo se dan de otra manera, por un montón de condimentos externos, la existencia de multinacionales, de tecnología, etc. Entonces, no concebimos las relaciones laborales en el Uruguay de hoy sin la existencia de los Consejos de Salarios.
—En esta cuestión de los relatos y la realidad, ¿cómo explica que la mayoría de los convenios se hayan firmado por trabajadores y empresarios?
—Eso es relato puro. En materia laboral yo me afilio a la posición del Estado de derecho, de la garantía. A mí no me gusta un Estado que en materia laboral escore a babor o estribor, ni a izquierda ni a derecha. Cuando el ministro (Ernesto) Murro dice que ese porcentaje se firmó sin inconveniente, no me resulta un dato relevante, porque cuando estás acorralado en una circunstancia práctica, de hecho y de derecho, en la cual tu mejor escenario es ese porque el otro es el conflicto y la productividad cero por la huelga, el paro, medidas de cualquier tipo, no estás negociando libremente. Lo que hay para mejorar en los Consejos de Salarios no es cambiar en un ápice su estructura, sino hacerlos funcionales al criterio de justicia abstracta. No puede el Estado —como se ponía Murro el gorro del PIT-CNT— ponerse el gorro de nadie, porque pierde legitimidad frente a los actores. Entonces, los jugadores dejan de creer en el sistema y se auto-rregulan de manera informal o en el mejor de los casos —lo cual no comparto— van a buscar asistencia al extranjero, como fue la queja planteada en la OIT. Ese tema lo solucionaría sentando a las dos partes y al Estado a buscar un consenso.
—Eso ya se intentó y no se logró...
—Ese fue el gran fracaso de Murro, no haber conseguido el consenso para arreglarlo entre casa. Hay principios de soberanía del Estado, no hay por qué seguir el tranco de las decisiones internacionales; se puede no seguirlas y asumir las consecuencias negativas que eso implica (que no son tan graves como se las pinta), o renegociar los tratados. En este caso, eso es inviable. A Uruguay le quedan dos caminos: sigue la recomendación o no. Pueden pasar cosas también, como que quienes plantearon la queja la retiren. Esa es una opción que está arriba de la mesa. Si este (nuevo) gobierno ajusta de acuerdo a las pautas de la OIT, tendrá graves problemas porque el sindicalismo va a entender que va a haber un retroceso. Al proyecto de ley que envió el gobierno al Parlamento, la OIT ya le hizo observaciones porque entiende que la negociación debe ser bipartita y no tripartita. Yo entiendo que debe ser tripartita, porque el Estado debe garantizar el escenario a las partes de negociación, mediar y amortiguar. Porque los que están negociando en el MTSS ¿de verdad representan a todos los empleadores y trabajadores de cada rama? El Estado tiene que tener puesto el gorro solo del interés general, ningún otro. Tenemos que ser conscientes de que hay un nivel muy alto de no participación en materia sindical y empresarial.
—¿Qué otros desafíos tiene el gobierno electo en torno al trabajo?
—El primero es el empleo, porque hay una pérdida significativa.
Por otro lado, la precarización del trabajo y la tendencia hacia la autonomía, con el riesgo de la informalidad. Una de mis preocupaciones, por ejemplo, son los delivery. Me amarga ver la tecnología puesta al servicio del esfuerzo brutal en la zona urbana, los muchachos que van en repecho, con calor y una mochila de medio metro cúbico, con el riesgo que significa. Ese problema nos lleva a pensar, a buscar mecanismos creativos para que el individuo no quede desprotegido, como seguros contra todo riesgo que no sean prueba de una relación de dependencia. Porque estas plataformas funcionan con esa persona como socio o empresa, entonces o prohibís —lo cual te deja afuera del mundo— o cuidás al débil, con normas de protección que rompan la tradicional teoría de quién es el trabajador y quién el empleador.
El otro gran desafío es profundizar derechos individuales y situaciones vinculadas a la informalidad, total o parcial. No hacés nada con una linda sentencia si no tenés a quién cobrársela. Hay un fondo de insolvencia patronal —una creación del Frente Amplio, que a mi juicio es buena—, pero se olvidó de la embarazada, que no está contemplada en la ley.
Por último, un derecho laboral centrado en las personas también debe atender a las empresas. Venimos de un discurso bastante hegemónico en el cual parecería que los empresarios no tienen derecho a nada. Y en el sistema normativo uruguayo existe la propiedad privada y la empresa, y sus elaboraciones intelectuales y su información son propiedad privada.
—El ministro designado, Pablo Mieres, ya mostró disposición a ajustar el texto de la ley de urgente consideración sobre el derecho de huelga ante los reclamos del PIT-CNT. ¿Cuál es su posición?
—Hay dos posiciones bien claras, y no hay una forma de decir que la ocupación no es la extensión del derecho de huelga que les guste a los que opinan lo contrario. Respecto al texto, siempre se puede corregir, en más o en menos, lo que no van a ponerse de acuerdo es en el fondo. El gobierno electo está haciendo lo que dijo que iba a hacer: desactivar el tema de las ocupaciones. En la práctica laboral de todos los días, son verdaderamente pocas las ocupaciones en Uruguay, lo que nos preocupa de esto es (que sean) una carta abierta, las señales que damos al exterior, a los inversores de afuera y los nuestros. Es más una posición filosófica sobre la libertad de comercio, de empresa, sobre la propiedad privada.
Recuadro de la entrevista
? “Un tiempo nuevo”
