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    miércoles 12 de junio de 2024

    El número de personas que padecen hambre aumentó 30% en la región desde 2019 como consecuencia de factores externos a los gobiernos

    El subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Mario Lubetkin, afirmó que aspectos como el Covid-19, la crisis climática y los conflictos internacionales incidieron en los indicadores negativos

    Cuando en agosto de 2022 Mario Lubetkin asumió como representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se convirtió en el uruguayo de más alto rango dentro del organismo internacional para el continente. Sin embargo, el experiodista ya ocupaba desde 2017 el rol de subdirector general de la FAO con sede en Roma, experiencia que le permitió obtener una visión integral sobre uno de los temas que hoy se posicionan como un aspecto prioritario en la agenda política: la inseguridad alimentaria de la población.

    Así, en su primera visita oficial a Uruguay el experto prevé reunirse con autoridades nacionales y diferentes actores de la sociedad civil para ahondar en una problemática que afecta a toda la región. Es que, según dijo en entrevista con Búsqueda, la coordinación y la integración de los países “es fundamental” para “consolidar un frente único” ante el aumento del hambre en el mundo, un flagelo que se ha visto profundizado por la desigualdad de ingresos, el cambio climático y una crisis económica generalizada.

    “Todos tenemos la percepción de que sobre los temas de la seguridad alimentaria la cosa va mal; entonces el gran desafío es la búsqueda de soluciones, y ese es el punto central en el cual estoy concentrando mi acción y mi atención”, dijo Lubetkin.

    —¿Cómo ha sido su experiencia en el cargo desde que asumió este nuevo rol?

    —Ha sido desafiante. Desde que asumí me he cruzado con tres realidades. La primera es que entré en la fase final del momento más difícil del Covid-19. Segundo, me tomó en un contexto internacional muy difícil, donde a las crisis económicas ya existentes y al Covid-19 se le sumó el escenario de la guerra. Y, tercero, se dio un conjunto de cambios de presidentes de América Latina y del Caribe que también cambiaron aspectos y perfiles de la región. Esos aspectos se sumaron a un tema, que también es parte de un escenario nuevo, que es que la seguridad alimentaria se ha transformado en un punto central a nivel global, tanto en la percepción y preocupación de los gobiernos como de los ciudadanos.

    —¿A qué se debe su visita a Uruguay?

    —En estos pocos meses desde que asumí he tenido una acción muy intensa, he visto a muchísimos presidentes, lo que demuestra que las primeras figuras de cada país están preocupadas por el tema de la seguridad alimentaria. He visto muchísimos ministros, y no solo los ministros de Agricultura, que eran los que tradicionalmente se reunían con directores y funcionarios de la FAO, sino ministros de Economía, de Relaciones Exteriores, de Ambiente, de Educación, de Salud, de Desarrollo. Porque el tema de la seguridad alimentaria es visto ahora como una necesidad transversal para resolver algo de fondo, que es la transformación de los sistemas agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria.

    Estamos hablando del manejo de la tierra, de la semilla, del agua, de las líneas de crédito sobre todo para los pequeños productores, del manejo de los mercados locales e internacionales. La búsqueda de la seguridad alimentaria de las poblaciones es un tema central que ha llegado para quedarse por muchos años, como también la crisis energética o la crisis económica. Y todas ellas hoy no se resuelven de forma lineal, sino a través de una acción transversal de todos los principales actores, públicos, privados, sociedad civil y academia. Porque uno de los temas principales que siento que se está planteando en la región es que todos tenemos la percepción de que sobre los temas de la seguridad alimentaria la cosa va mal; entonces el gran desafío es la búsqueda de soluciones, y ese es el punto central en el cual estoy concentrando mi acción y mi atención.

    —Días atrás se realizó en Brasil el lanzamiento oficial de un proyecto binacional que busca impulsar una gestión colaborativa de la cuenca de la laguna Merín. ¿Qué relevancia tendrá esta iniciativa para la preservación de ese recurso?

    —En efecto, autoridades nacionales de Uruguay y Brasil llevaron adelante el lanzamiento de un proyecto altamente estratégico para el manejo de la laguna Merín. El proyecto impulsa la generación de las condiciones necesarias para apoyar la gestión binacional armonizada y colaborativa de esa cuenca, incluyendo las otras lagunas costeras de la zona y el río binacional Yaguarón. El objetivo del proyecto es conservar el ecosistema y fortalecer las capacidades de los dos países para continuar realizando un uso sostenible de este recurso natural. Lo ejecutan los dos países, con asistencia técnica de la FAO y financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF).

    Un mapeo inicial señala que 850.000 personas tienen como fuente de abastecimiento el agua y los recursos de la cuenca de la laguna Merín. Es decir, casi 1 millón de personas de ambas orillas se beneficiarán con este proyecto. Más específicamente, unas 83.000 personas, de las cuales un 38% son mujeres, basan su medio de vida directamente en los recursos naturales de la cuenca.

    —¿Cómo describiría la situación actual del hambre en América Latina? ¿Cuáles son las particularidades del problema alimentario hoy en la región?

    —En la región, el impacto de una serie de crisis sucesivas ha incidido en el aumento del hambre y la malnutrición en todas sus formas. La desigualdad de ingresos, el cambio climático y una crisis económica generalizada son factores preponderantes en esta situación.

    Los datos más recientes presentados en el informe Panorama regional sobre seguridad alimentaria y nutricional 2022, elaborado por la FAO junto con otras cuatro agencias de Naciones Unidas, señala que el hambre afectó a 56,5 millones de personas en 2021. Por otra parte, la Cepal proyectó que en 2022 201 millones estuvieron en situación de pobreza, es decir, el 32,1% de la población total de la región.

    Además, el precio promedio de una dieta saludable en la región es de US$ 3,89 por persona por día, mayor que los valores promedio mundiales (US$ 3,54). Esto deja como resultado que una de cada cinco personas no pueda acceder económicamente a dietas nutritivas.

    También el sobrepeso y la obesidad afectan a la seguridad alimentaria de la población. La obesidad en adultos está aumentando en todas las regiones y se ha incrementado en todo el mundo del 11,8% en 2012 al 13,1% en 2016. En América Latina y el Caribe, el 7,5% de los niños y las niñas menores de cinco años padecieron sobrepeso en 2020, es decir, casi dos puntos porcentuales por encima del promedio mundial (5,7%).

    Por otro lado, actualmente el 41,6% de lo que se produce en la región se exporta, teniendo un superávit agroalimentario anual de más de US$ 174.000 millones, equivalente a US$ 265 por habitante, más que cualquier otra región del mundo.

    —¿Se puede hablar de una crisis de inseguridad alimentaria?

    —Con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, que se expresa en la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen las familias e incluso en la falta de alimentos durante uno o más días, fue del 40,6% de la población regional en 2021. A nivel global, este indicador fue del 29,3% del total de la población en el mismo año.

    La inseguridad alimentaria grave, que implica que las familias dejaron de comer uno o más días, también es más alta en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%).

    En la FAO analizamos los problemas alimentarios desde un enfoque de sistemas alimentarios, incorporando dimensiones que van más allá de la producción de alimentos. Si bien la producción y las exportaciones de alimentos presentan cifras favorables desde la perspectiva económica en la región como un todo, otras dimensiones del sistema alimentario no son favorables para la América Latina y el Caribe.

    —¿Dónde deberían focalizarse las inversiones o las políticas públicas para combatir este problema?

    —La alimentación de las personas depende de una serie de aspectos y variables que hace que su análisis sea complejo, y la realidad y las necesidades de los países son diferentes, por lo tanto, los problemas demandan soluciones específicas de acuerdo a cada contexto.

    Estudios recientes señalan, por ejemplo, que las políticas orientadas a reducir el costo de una dieta saludable pueden contribuir con su asequibilidad y resultar muy efectivas cuando se integra el enfoque del sistema agroalimentario que incluye la producción, el comercio y los mercados, así como el consumo adecuado de alimentos.

    La diversificación en la producción de alimentos nutritivos es un elemento clave para hacer que las dietas saludables sean asequibles para todos, especialmente para las comunidades que impulsan su producción. Una mayor y más diversificada producción de alimentos puede aumentar los ingresos de la producción familiar y reducir el costo de los alimentos nutritivos, fomentando cadenas de suministro más cortas.

    También, garantizar la transparencia de la información sobre la producción y los precios en los mercados puede facilitar el comercio agroalimentario y mejorar el acceso económico a alimentos nutritivos.

    Es fundamental, a su vez, fortalecer los programas de protección social, principalmente orientados a la población más vulnerable, lo que puede hacerse a través de transferencias monetarias o en especie, como es el caso de los programas de alimentación escolar.

    —¿Qué importancia tiene la integración regional para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe y cómo se vincula ese aspecto con la transformación de los sistemas alimentarios?

    —Las trasformaciones profundas y esperadas para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren de la interacción de múltiples actores y sectores que posibiliten la creación de alianzas sólidas. Desde nuestro frente de trabajo hemos evidenciado los esfuerzos de los gobiernos para responder a los desafíos que nos plantean las actuales cifras de hambre e inseguridad alimentaria a través de diferentes estructuras de integración regional, desde una mirada más transversal e intersectorial.

    Los acuerdos y deliberaciones de los diferentes foros de integración y diálogo multilateral regional han demostrado una fuerte voluntad política de los gobiernos para trabajar juntos. Por ejemplo, la última declaración de jefes de Estado y gobierno de la Celac destacó la relevancia de avanzar en la actualización del Plan SAN Celac, un mecanismo que considera pilares, líneas de acción y medidas para avanzar en la seguridad alimentaria y la nutrición en la región. También otros organismos como la Aladi, el Mercosur, el Caricom, la Comunidad Andina, el Sela y el SICA han planteado sus discusiones para mejorar la seguridad alimentaria y el comercio agroalimentario.

    La coordinación y la integración de los países es fundamental y clave para responder a los desafíos actuales y consolidar un frente único para discutir temas relevantes que impactan en el desarrollo sostenible de la región.

    —¿La pandemia del Covid-19 agravó la situación de inseguridad alimentaria en la región?

    —El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia por Covid-19.

    En la región, el hambre aumentó en un 30% entre 2019 y 2021, período en el que las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la crisis climática y los conflictos internacionales han tenido un impacto significativo.

    El confinamiento por la pandemia del Covid-19 provocó una reducción de la actividad económica. La demanda y el empleo disminuyeron, y esto afectó la capacidad de los hogares para generar ingresos. Además, la presencia significativa de empleo informal en la región hizo que una proporción considerable de los hogares fuera más vulnerable a un choque de esta magnitud.

    Por otro lado, la pandemia causó un estancamiento en las economías de los países de América Latina y el Caribe, provocando profundos cambios que han acentuado las desigualdades ya existentes.

    Estamos en un largo proceso de salida o de reversión de sus efectos. Algo que todos hemos comprendido mejor es que necesitamos mejorar nuestros sistemas agroalimentarios para que podamos enfrentar futuros desafíos con mayores fortalezas.

    —¿Cómo impactó la guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria de los países? ¿La guerra produjo una oportunidad para América Latina, por ejemplo, para la exportación de materias primas?

    —Nos rige el objetivo de no dejar a nadie atrás, y una guerra no puede verse como oportunidad. Hacerlo sería observar la realidad desde una perspectiva parcial. Lo cierto es que el mundo no se fortalece a raíz de conflictos; estos generan más desafíos que beneficios para el equilibrio global y para las personas vulnerables, afectando en definitiva a todas las personas.

    Esta situación ha demostrado la necesidad de una mayor colaboración y coordinación dentro de la región para garantizar el suministro de alimentos y los insumos necesarios para producirlos. Asimismo, es fundamental reducir la dependencia de la región en cuanto a las importaciones de fertilizantes, por ejemplo. Sabemos que a mediano plazo es posible disminuir su uso mediante cambios en las prácticas y el uso de materiales e insumos alternativos.

    —¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año en cuanto a la seguridad alimentaria?

    —Confío en que estamos obteniendo lecciones claves y trabajando para encarar un mejor futuro, sin hambre. El desafío de eliminar este problema está ahora en el más alto nivel de la agenda política de los países de la región y ese es un primer paso importante en la búsqueda colectiva de soluciones consistentes.

    Ciencia, Salud y Ambiente
    2023-05-24T22:39:00