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Luego de un largo y trabajoso debate interno, el Frente Amplio se dispone a pisar el acelerador del trámite parlamentario del proyecto de ley de retiros militares, al que se sumará la discusión de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y una ley de Inteligencia, confirmaron a Búsqueda fuentes del partido de gobierno.
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En caso de que los tres proyectos logren salvar con éxito la prueba (el de retiros tiene que ser antes de octubre) y obtengan mayoría en ambas Cámaras, se cerrará un ciclo que comenzó en 2006 cuando el Frente Amplio realizó un Debate Nacional sobre Defensa. En aquella oportunidad, mientras transcurría el segundo año del primer gobierno de Tabaré Vázquez, además de la Ley de Defensa se discutió, sin llegar a acuerdo, un nuevo texto legal que reemplazara al decreto-ley de 1974 que regula el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, un código que fue parcialmente reformado a la salida de la dictadura, y una ley de inteligencia.
Según dijo a Búsqueda el diputado por Florida Carlos Rodríguez Galvez (MPP), con el acuerdo logrado por la comisión bicameral frenteamplista y el envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley orgánica, más el que tiene a estudio desde el año pasado que crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, se completarán las normas relacionadas con esta área.
En este último caso existe consenso para crear un sistema de inteligencia que tenga un director designado por el presidente y que actúe bajo control parlamentario.
“Caciques”.
El proyecto de ley orgánica, que fue firmado el martes 21 por el presidente Tabaré Vázquez y enviado al Parlamento para su discusión, no tiene grandes modificaciones a la normativa vigente, aunque es considerado un nuevo cuerpo marco para que luego se aprueben las leyes orgánicas de cada fuerza.
Una alta fuente militar dijo a Búsqueda que existe “cierto malestar en el Ejército”, porque la fuerza de tierra pierde proporcionalidad en las jerarquías superiores (coroneles y generales), que son considerados “los caciques” que conducen la fuerza y que además tienen responsabilidades importantes en actividades del Ministerio de Defensa, en Sanidad Militar y en otros organismos como Naciones Unidas.
“El Ejército es el único que se achica y eso produce cierto malestar porque la proporcionalidad entre el numero de efectivos y los generales no es correcta; tendrían que ser 25 y los coroneles 250”, indicó la fuente.
El proyecto firmado por Vázquez deja en siete los almirantes de la Armada (se suma uno nuevo que puede ser de Prefectura o Máquinas, que hasta ahora terminan la carrera en la jerarquía de capitán de navío), deja en seis los brigadieres generales de la Fuerza Aérea, pero disminuye de 16 a 13 los generales del Ejército.
En el caso de los coroneles del Ejército el número pasa de 180 a 145.
“El Ejército es el único que se achica y eso produce cierto malestar porque la proporcionalidad entre el numero de efectivos y los generales no es correcta; tendrían que ser 25 y los coroneles 250”, indicó la fuente, quien agregó que la misión de una fuerza está atada “a la geografía y no a la población” como se ha argumentado con frecuencia.
El proyecto de ley orgánica, aunque prevé un sistema de concursos para ascender, que podría provocar cambios, no incluye demasiadas novedades, ya que tampoco hace referencia al sistema de movilización de la población civil en caso de conflicto, un tema que ha sido planteado por diferentes sectores, pero sobre el cual no hubo acuerdo, explicaron las fuentes.
“Hacer la venia”.
A las discrepancias con la nueva ley orgánica se suma el ya añejo asunto de los retiros militares. Luego de una prolongada y tensa discusión, el Frente Amplio llegó a un acuerdo para proponer en comisión que en lugar de 10 años, como decía el proyecto original, se disponga una “transición” para los militares que tienen entre 15 y 19 años de servicio, y que los que tienen más de 20 permanezcan en el viejo sistema, que resulta más ventajoso.
A su vez, la tasa de reemplazo (lo que gana el militar una vez que se retira en comparación con lo que percibía mientras estaba en actividad) dejará de ser el 100% para pasar a ser de 90% en el personal subalterno y del 85% para los oficiales.
El proyecto del oficialismo prevé también un tope jubilatorio que se sitúa en unos $111.000.
La comisión había aprobado antes otro punto que resulta irritante para los militares: la edad de retiro. Se fijó en 65 años para los generales (ahora no hay tope de edad, pero hay un máximo de seis años en el cargo), 63 para los coroneles y 58 para el resto de los oficiales. Según dijo a Búsqueda el coronel retirado Rivera Elgue, que asesora a los militares retirados, las personas que redactaron esos topes, igual que los del personal subalterno, no tienen conocimiento de la “vida militar”.
Otra fuente militar indicó que algunos jerarcas del gobierno han dicho “grandes mentiras” para crear un clima contra los militares. La fuente destacó que los soldados, sobre todo, se verán perjudicados porque a bajos salarios sumarán una jubilación que se sitúa “en la mitad que ahora”. De acuerdo con ese cálculo, pasarán de $ 25.000 a $ 13.000 pesos y algunos, según los años, no tendrán causal jubilatoria al dejar la fuerza.
Por su parte, el diputado frenteamplista por Maldonado Darío Perez, que antes votó contra el impuesto a las jubilaciones militares, dijo que apoya en general la ley de retiros, pero advirtió que no le tiene que “hacer la venia a nadie”. “No le digo ni que sí ni que no, primero la voy a estudiar, porque no quiero que sea injusta con otras actividades del Estado”, añadió.
El tope de las jubilaciones que paga el Banco de Previsión Social está en $ 65.115 pesos, pero algunos de los que reciben esta jubilación también perciben ingresos del sistema de AFAP.
El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, está en una posición parecida a la de Pérez respecto a las dos leyes.