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Con el agua al cuello del sistema de previsión social, el Parlamento tiene la posibilidad de descomprimir esta situación. Pero las especulaciones acerca de los costos políticos que podría tener su resolución ya están al orden del día: todos los partidos saben que levantar la mano para votar una reforma de la seguridad social que a todas luces no será simpática puede obstaculizar su carrera de cara a 2024, y a medida que pasan los meses ese factor pesa cada vez más.
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El expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain, ahora trabaja junto con el director de Seguridad Social, Daniel García Zeballos, en la redacción del proyecto de ley con las propuestas de reforma. Ese texto, además de extender el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, garantizará un ingreso mínimo (“pilar cero”) para los jubilados sin importar los años de aportes, fortalecerá la “perspectiva de género” al generalizar el cómputo de un año por hijo y duplicarlo en casos de discapacidad y propondrá que el pasivo pueda volver a trabajar luego del retiro, dijo el especialista a Búsqueda.
Pero la oposición ha marcado su postura firme en el CESS. En la bancada del Frente Amplio aseguran que no aprobarán una reforma que recorte prestaciones sociales y a priori también rechazan cualquier propuesta de aumento de la edad mínima de retiro, algo que en los hechos choca con el espíritu de lo que se sabe que contendrá la reforma. “No llevaría ningún proyecto que aumente la edad de retiro, pero hay que ver de qué manera se inserta eso en el texto”, dijo a Búsqueda el senador frenteamplista Daniel Olesker. La votación final del informe aprobado por esa comisión no contó con el apoyo de los representantes del Frente Amplio, el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y esta postura, sumada al ya crispado relacionamiento que ha habido entre la coalición y la oposición en los últimos meses, provoca escepticismo en el oficialismo y también en la oposición respecto al compromiso del Frente Amplio con el tema.
Estas dudas han venido siendo planteadas por quienes mañana definirán el futuro del proyecto de ley. A fines de marzo, el senador nacionalista Jorge Gandini fue el primero en advertir el costo que podría tener para el oficialismo aprobar en soledad esa reforma. “O hay madurez en el sistema político y entendemos que tenemos que hacer algunas reformas o la reforma, a mi juicio, no sale. Yo no estoy dispuesto a avanzar en una reforma con voto puro y duro, sin acuerdo político”, dijo en ese entonces al programa Desayunos Informales, de Canal 12.
La semana pasada, el también senador nacionalista Gustavo Penadés vertió conceptos parecidos en una entrevista con El Observador. “Para mí, la reforma de la seguridad social necesita del apoyo de todos los partidos políticos”, dijo el legislador, que sostuvo que si bien todos deben hacerse “cargo” de un “problema” que conocen, lo que no puede ocurrir es que “ante ese problema, algunos le saquen la cola a la jeringa”.
Esa misma percepción que expusieron los dos senadores nacionalistas más experimentados es también la que predomina en sus compañeros de bancada, según pudo saber Búsqueda a partir de fuentes parlamentarias. El tema incluso fue abordado ayer miércoles, durante la reunión realizada por los senadores nacionalistas para definir los proyectos prioritarios, y se llegó a la conclusión de que el abordaje de la reforma implica de forma “inminente” un acuerdo político.
La bancada nacionalista recibirá un informe en los próximos días de Saldain, para interiorizarse en el tema, y luego comenzará contactos con el resto de los socios de la coalición para ver cómo está el “ambiente” respecto al asunto.
Por lo pronto, Saldain asegura que aprobar la reforma en el corto plazo permitiría “darle mejores beneficios a buena parte de la población”; pero si se deja para el futuro el régimen general, tendría problemas similares a los que hoy tiene la Caja de Profesionales, un sistema que está cerca del agotamiento de sus reservas y al que se “dejó llegar hasta el borde” y ahora debe tener una reforma “durísima”.
Para Saldain, el “problema” no son las dudas de los legisladores de la coalición de gobierno de avanzar en el proyecto —a quienes “entiende”— sino de la “falta de responsabilidad de quienes gobernaron el país”, dijo en referencia a los 15 años de gobiernos del Frente Amplio. El especialista consideró que tanto la coalición de izquierda como el PIT-CNT eligieron este asunto “como campo de batalla para continuar el enfrentamiento”.
“Hay que ver si preferimos andar a las pedradas o si es mejor sentarnos a conversar y buscar algún tipo de entendimiento”, agregó.
El asesor del gobierno también duda de si es “buena idea sacar sin los votos del Frente” el proyecto: “¿Tenemos una mitad del país que decide ser irresponsable?”, cuestionó. Agregó que los dirigentes del Frente saben que hay que tomar medidas y si no lo hacen “deciden ir por un camino del facilismo político”, pero a su juicio “la gente es mucho más inteligente que eso, y se da cuenta que es una actitud demagógica”.
Guillermo Domenech. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Casa de Galicia
La incertidumbre reinante en filas nacionalistas también se derrama en el resto de los partidos de la coalición. Y ella no solo recae sobre la oposición, sino que entre los socios también hay desconfianza acerca de cómo se comportará la bancada nacionalista. Lo ocurrido durante la votación del proyecto de cierre de Casa de Galicia en el Senado, cuando los senadores blancos Sergio Botana y Juan Straneo declinaron dar su apoyo, fue un antecedente negativo señalado por legisladores colorados. Según dijo uno de ellos, en el fondo “hay unanimidad de que este proyecto no sale”, y la prueba es que “el Partido Nacional no lo toma como propio ni de casualidad”. A su juicio, los legisladores blancos que no llevan la iniciativa van a esperar a que esta “caiga por su propio peso”. Por lo pronto, los colorados entienden que en este momento son los blancos quienes “tienen la pelota” y deben comenzar a moverla.
En filas cabildantes, su presidente, Guillermo Domenech, sostuvo que el tema tiene que ser una “política de Estado”, por lo que es imprescindible un acuerdo político. La situación implica actuar con “patriotismo” y “hacer lo que uno entiende que el país necesita” más allá de los votos, sostuvo.
Pero, a su vez, sus socios también desconfían de cuál será la actitud de los liderados por el senador Guido Manini Ríos. Por lo pronto, uno de sus diputados más cercanos, Álvaro Perrone, asegura que la salida tiene que ser a través de un acuerdo de todos los líderes partidarios, informándole a la población de lo que se va a hacer y por qué.