Cuando tomó el poder Tabaré Vázquez en 2005, el déficit fiscal en períodos de 12 meses representaba 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y el desequilibrio era de 2,2% cinco años después, en el momento en que le pasó la banda presidencial a José Mujica. A la luz del desempeño que vienen mostrando las finanzas públicas en el comienzo del año electoral, el gobierno que se instale el próximo 1º de marzo casi seguro recibirá números peores que los que heredaron sus antecesores.
En 2013 el déficit había cerrado en U$S 1.243 millones o 2,2% del Producto. Ese resultado, mayor al previsto por el equipo económico del gobierno, disparó críticas desde la oposición política. Tras una baja en enero, dicho monto se fue incrementando en forma ininterrumpida desde febrero. Según surge de las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, llegó a U$S 1.883 millones en los 12 meses terminados en junio, lo que representa 3,4% del PBI (el mayor desequilibrio desde agosto de 2003, cuando se situó en 3,6%).
Consultado por Búsqueda, Ramón Pampín, uno de los asesores económicos principales del candidato presidencial del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, dijo que el país viene de “años en los que los déficit están siendo bien grandes”, en torno a los U$S 1.500 millones anuales en promedio. “No son números para nada agradables”, opinó, pero acotó que pueden ser manejados razonablemente sin la necesidad de tomar medidas drásticas. “Evidentemente en materia de política fiscal y gasto público deben plantearse cosas. No nos conforta tener esta cifra (de déficit) luego de un período de crecimiento como el vivido”, pero “no es racional tomar medidas drásticas”, añadió. Se deben ir “resolviendo paulatinamente los desequilibrios” macroeconómicos con acciones de “sintonía fina”.
El economista dijo que la propuesta de los blancos en materia fiscal contempla, por un lado, “ordenar la casa” y lograr una racionalización del gasto que ahorraría una cifra cercana a los U$S 400 millones anuales. Por otro, anclar el nivel de aumento de los egresos del Estado con el ritmo de crecimiento de la economía del país.
Los blancos también plantean “desarrollar una nueva institucionalidad de auditoría” que vigile los procesos contables y permita evaluar la calidad del gasto público.
Por su parte, Isaac Alfie, ex ministro de Economía y actual asesor económico del presidenciable colorado Pedro Bordaberry, declaró a Búsqueda que el “déficit como está es absolutamente insostenible”. Estimó que el desequilibrio “estructural” ronda el 4% del PBI y configurará una “herencia pesada” para el gobierno que se instale en marzo de 2015.
“Pero dado el desborde absoluto que ha tenido el gasto, veo como factible que la situación se pueda encaminar” con medidas que acoten los niveles de gasto ya que, sostuvo, por el lado de los ingresos “está bastante claro que la presión tributaria no da para más” y se encuentra en “máximos históricos”.
Según el economista, una corrección “se puede hacer razonablemente en un máximo de dos años bajo condiciones normales”, ya que en su opinión el deterioro fiscal se explica en gran medida por el gasto realizado por las empresas públicas. También planteó que un “ajuste menor, del 5% al 7% en gastos no personales y algunas transferencias”, ayudarían a revertir la situación de “descontrol” que a su juicio existe en el gobierno central.
Además, el asesor de Bordaberry sostuvo que la carga de intereses de deuda del Banco Central se puede bajar “sin afectar el sector monetario a través de un programa pensado en cuestión de un año”, lo que tendría un efecto de algo más de un punto del PBI.
Un impacto similar tendría dentro de 10 años no reponer, por ejemplo, la quinta parte de los funcionarios públicos que se jubilan —entre 20.000 y 25.000 al año en promedio—. “No se trata de echar a nadie” sino de dejar vacantes algunos cargos, en especial los de confianza, que “siempre existieron pero nunca hubo tantos” como ahora, argumentó.
Como otra medida “de buena administración” con efectos fiscales en el largo plazo, Alfie planteó eliminar la aprobación de jubilaciones por parte del Banco de Previsión Social en base a una declaración, sin exigir testigos ni pruebas de los años efectivamente trabajados por las personas. “Esto claramente es una canilla libre a que la gente no aporte y se jubile. Es un jolgorio”, afirmó.
Estas acciones permitirían “cerrar la brecha hacia un déficiti menor, del orden de medio punto del PBI, que a mediano plazo es posible sostener sin problema y con una deuda reduciéndose”, sostuvo el economista colorado. A su juicio, se necesita “tener un déficit muy bajito para poner al país libre de problemas serios. Hoy el volumen de la deuda es muy alto”, y si bien la del gobierno central “está reperfilada y no presenta urgencias, la del BCU está bajo riesgo en principio, por lo abultada y de corto plazo” de su amortización.
Sin ahogo.
El equipo económico le ha restado significación al deterioro fiscal reciente, y alega que la estrategia de gestión del endeudamiento ha permitido mejorar el perfil de las obligaciones y obtener fondos por adelantado, además de que los activos de reserva están en cifras históricamente altas. Su jefe, el ministro Mario Bergara, dijo el 9 de julio ante la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que “el manejo fiscal prudente es el que ha permitido reducir sustancialmente el peso de la deuda. (...) La que importa, que es la verdadera contracara de la gestión fiscal, es la deuda neta. La deuda neta pasa del 75% al 23%. El peso de la deuda neta en el Producto es envidiable en cualquier comparativo internacional. Imaginen las cifras que están manejando en Europa, en Estados Unidos. (...) Además, no es solamente que ahora, en términos de nuestro ingreso, debemos mucho menos; es también que debemos en moneda local y en el largo plazo. O sea, toda la estructura de deuda es más saludable”. Según el titular del MEF, “esto también es importante porque es parte del análisis del tema del resultado fiscal. Cuando uno está ahogado, crece poco y debe mucho, tiene que ajustarse más el cinturón. Pero cuando en un país hay un proceso por el cual se empieza a deber menos, se crece más y se debe sin ahogo, es razonable que las necesidades de apretarse el cinturón se aflojen un poco”.
El gobierno proyecta que el déficit fiscal anual cuando termine el 2014 se ubicará en torno a 3,2% del PBI, por más inversiones en infraestructura de las empresas públicas y mayores transferencias a la seguridad social para atender prestaciones a trabajadores en actividad, entre otros factores. “Por lo tanto, si bien en la línea del tiempo se puede ver un deterioro de los números, son justificables desde el punto de vista de las estrategias financieras, de las estrategias de política económica y social”, alegó Bergara.
Por su parte, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, dijo el domingo 3 en “La República”, que la “responsabilidad fiscal es vital” y que los “números que hoy muestra Uruguay son manejables y por lo tanto no será necesario un ajuste fiscal” en el siguiente período.
Gobierno y entes
El nuevo deterioro fiscal verificado en junio se explicó principalmente por el peor desempeño de los entes públicos comerciales e industriales, ya que el gobierno central tuvo en el mes un resultado muy similar al de un año atrás.
En enero-junio Ancap y Antel dieron pérdidas (por U$S 95 millones y U$S 80,5 millones, respectivamente), lo que contrasta con las ganancias que habían registrado en el mismo lapso del año pasado.
AFE amplió su resultado negativo (de U$S 8,7 millones en enero-junio de 2013 a U$S 12,4 millones en ese período de 2014).
OSE y ANP incrementaron sus ganancias, aunque comparativamente sus números son pequeños respecto a los de los entes petrolero y de las telecomunicaciones (U$S 6,2 millones y U$S 13,7 millones, respectivamente). Lo opuesto ocurrió con UTE —más relevante en el resultado fiscal global—, cuyas ganancias se achicaron a prácticamente la mitad (de U$S 136,1 millones en el primer semestre de 2013 a U$S 69,8 millones en ese período del presente año).
En conjunto, estos entes tuvieron pérdidas por U$S 98,1 millones, frente a las ganancias por U$S 321,2 millones que habían logrado en enero-junio de 2013.
En tanto, el gobierno central acumuló en el primer semestre un déficit de U$S 505,5 millones.
Respecto a un año atrás, los ingresos aumentaron 1,1% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) a pesar de la caída de la venta de energía eléctrica y de los recursos de libre disponibilidad.
Los gastos se incrementaron más —3,5% real—, principalmente por las transferencias a la seguridad social y a otros organismos, así como en remuneraciones e inversiones. Los intereses de la deuda pública se redujeron.
