Esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución expone para 2015 un déficit presupuestal de $ 44.613 millones y un superávit de $ 12.562 millones por concepto de operaciones extrapresupuestarias.
El gobierno proyecta que el déficit fiscal del conjunto del sector público cerrará este año en el equivalente a 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI), y que con el ajuste propuesto el resultado negativo irá bajando: 3,3% en 2017, 2,9% en 2018 y 2,5% en 2019.
El déficit estructural —que depura gastos e ingresos extraordinarios o transitorios y ajusta por la evolución del ciclo económico, entre otras correcciones— será de 2,4% del Producto al final del período de gobierno. A su vez, el peso de la deuda neta se estabilizaría en el equivalente a 43% del PBI, lo que para el gobierno “pauta la sustentabilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo”.
El contexto macro.
En el informe económico que acompaña el articulado de la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo alega que el contexto internacional que debió afrontar Uruguay en la segunda mitad de 2015 resultó “más adverso de lo previsto”. En la región, Argentina tuvo un “fuerte retroceso” económico así como un “deterioro social significativo”, señala. Mientras, Brasil agudizó su recesión y se agravó la situación política por los “escándalos de corrupción en torno a la petrolera Petrobras y el impeachment”.
Según el análisis, todo eso impactó negativamente sobre la actividad en Uruguay el año pasado y en el primer trimestre de 2016 se confirmó la “reversión del ciclo económico”. En este marco, “si bien el país cuenta con importantes fortalezas financieras construidas a lo largo de los últimos años, estas son útiles para realizar un proceso de consolidación fiscal ordenado, pero no para evitarlo”, advierte.
Luego de conocido el articulado, la iniciativa recibió críticas de legisladores de la oposición y reparos de algunos sectores del oficialismo, pese al acuerdo político anunciado días atrás.
El plan de ajuste
Las medidas de ajuste propuestas buscan mejorar el resultado de las finanzas públicas en U$S 460 millones, casi 1% del PBI: U$S 335 millones por la vía de incremento de la recaudación tributaria y U$S 125 millones bajando gastos.
Según el Ejecutivo, se trata de un plan diseñado para distribuir el esfuerzo entre los distintos actores de la sociedad que lo diferencia de los “grandes ajustes fiscales” adoptados en el pasado.
Gasto.
Es escaso el margen para recortar gastos que la sociedad “ha definido como necesarios”, y por ello “el desafío no es entonces reducir el peso del Estado, sino mejorar sus intervenciones”, alega.
Como ahorros, el proyecto plantea, entre otras medidas:
—Bajar los incrementos de fondos por ($ 2.588 millones) que habían sido asignados para 2017 en el Presupuesto, salvo para los siguientes programas o incisos: Sistema de Cuidados; los convenios salariales de la ANEP, ASSE e INAU, el Ministerio del Interior; las partidas para el financiamiento de una nueva Penitenciaría a través de la modalidad de participación público-privada; para el Instituto de Inclusión Social Adolescente; para dar cumplimiento al acuerdo con las Intendencias relativo a los fondos de incentivos de gestión municipal; subsidios y subvenciones para la investigación e innovación (ANII), la Fundación Instituto Pasteur y un conjunto de organizaciones sociales; y, parcialmente, para la Fiscalía General de la Nación con el fin de instrumentar el nuevo Código del Proceso Penal. Todo esto que se exceptúa suma $ 2.977 millones.
A su vez, la Rendición plantea aumentos de gastos para implementar la retribución por permanencia a la orden en lugar de la zafralidad en la Corte Electoral y para fortalecer al Poder Judicial ante las competencias que asumirá al entrar en plena vigencia el nuevo Código Aduanero.
—Reducir el rubro salarial en $ 266 millones para 2017 dentro de la administración central y otros $ 65 millones en 2018. A eso se suman recortes por $ 761 millones ya previstos en el Presupuesto, con lo que se llega a un ahorro de 5%.
—Aplicar un tope salarial equivalente a 60% del sueldo del presidente de la República —ya vigente desde 2002 para todo el Estado— también a quienes se incorporen a trabajar a las personas de Derecho Público no estatal y las empresas de cualquier naturaleza en las que exista mayoría accionaria estatal.
—Mantener en términos nominales (sin ajuste por inflación) el gasto de funcionamiento, salvo para partidas específicas asociadas a políticas de los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social.
—Abatir gradualmente el número de funcionarios de la administración central restringiendo los ingresos a dos personas cada tres que se retiren. El mismo lineamiento se propone para que sea incorporado en los presupuestos de 2017 de las empresas públicas.
—Reducción de 3% real respecto a los presupuestos de 2016 en los “gastos gestionables” de las empresas públicas.
—Para aumentar la eficiencia del gasto, exigir a los organismos del artículo 220 de la Constitución la presentación de un informe al Parlamento de las medidas a adoptar en esa dirección.
—Dado que la capitalización de Ancap “podría naufragar si no logra rebajas sustantivas en sus costos”, el Ejecutivo plantea modificar la forma de determinación de márgenes negociados con los sellos distribuidores de combustibles y las bonificaciones pactadas con las estaciones de servicio, para reducir en al menos 10% los costos de distribución en 2017. Esta iniciativa se canalizará por fuera del proyecto de Rendición de Cuentas.
—Creación de una prestación pecuniaria coactiva para asistir al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas (“Caja Militar”) aplicable a sus retirados y pensionistas, lo que se estima permitirá reducir en cerca de 10% las transferencias que le hace Rentas Generales.
—Conformación de un grupo de trabajo conjunto entre la OPP, el Banco de Previsión Social, y los Ministerios de Trabajo y de Economía a los efectos de evaluar modificaciones al subsidio por enfermedad. Esta acción no está prevista en el articulado del proyecto.
Ingresos.
Por el lado de los ingresos, el Poder Ejecutivo señala en el mensaje que los cambios apuntan a lograr mayor recaudación y “profundizar el buen diseño del sistema tributario”. En este sentido, plantea, entre otras medidas:
—Reducción permanente de la tasa básica del IVA de 20% a 18% para las compras con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico de hasta 4.000 unidades indexadas (unos $ 13.700).
—Modificación de algunas franjas y alícuotas de los impuestos a las rentas personales de activos (IRPF) y pasivos (IASS), así como el cálculo de las deducciones, que pasan a ser por tasas fijas de 10% y 8%, según el nivel de ingresos (ver página 24).
—Se establece la presunción de que los resultados contables acumulados generados por contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) con una antigüedad mayor a tres ejercicios y que no hayan sido reinvertidos, se considerarán distribuidos a efectos fiscales. Por tal motivo, los socios y accionistas de las empresas deberán tributar 7% sobre dichas utilidades o dividendos fictos, en la proporción que les corresponda de acuerdo con su participación. Este régimen empezará a regir en marzo de 2017, según el proyecto de ley.
—Gravar con una tasa de 7% los retiros que realizan los titulares de empresas unipersonales, imputándolas como utilidades, siempre que superen los cuatro millones de unidades indexadas a la inflación.
—Eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales de las empresas unipersonales o de los socios.
—Se fija un límite a la deducción de las pérdidas fiscales de 50% de la renta neta fiscal obtenida luego de realizar la totalidad de los restantes ajustes de la renta neta.
—Incorporación al Código Tributario de una disposición que, ante la existencia de un conjunto económico constituido por sujetos independientes, sus integrantes responderán solidariamente por los adeudos tributarios generados por cada uno de ellos.
—Se restringe la realización del ajuste contable por inflación a los efectos fiscales a aquellos períodos en que el Poder Ejecutivo lo determine.
