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Aunque con mucho menos debate que otras medidas, más sensibles para la población, como el aumento de los años requeridos para poder jubilarse, la ley de reforma votada recientemente por el Parlamento introdujo una innovación: el “plan de ahorro por consumo”. Para Ariel Cancio, quien trabajó en el tema y hace pocas semanas renunció al Ministerio de Economía (MEF), puede ser una herramienta útil tanto para reforzar los montos jubilatorios futuros —sobre todo de sectores de la población de ingresos medios y medios-altos— como para “generar conciencia” sobre el ahorro voluntario.
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Trabajando en el MEF, Cancio integró el equipo coordinador del Programa de Inclusión Financiera en 2015-2020 y, ya con el actual gobierno, fue secretario técnico de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que diseñó la reforma que crea el sistema jubilatorio único. En un artículo publicado como parte de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que se presentó esta semana en Washington, conectó ambos temas. Para él, la “experiencia uruguaya de inclusión financiera y transformación del sistema de pagos” que se hizo “brinda un conjunto de enseñanzas que pueden resultar de utilidad para otras economías. En particular, el caso aporta insumos con relación a los desafíos a abordar para permitir que las iniciativas que apuntan a asociar ahorro previsional con pagos digitales puedan lograr un mayor impacto”.
El plan de ahorro por consumo fue consagrado en la “ley de reforma jubilatoria” (20.130) a través de seis artículos, aunque los detalles y la fecha de implementación quedarán sujetos a lo que disponga la reglamentación. En concreto, la norma faculta al Poder Ejecutivo a asignar a este plan “parte del porcentaje” al que refiere el artículo 1° de la Ley N° 17.934 de 2005, que habilitaba a devolver algunos puntos de IVA por los consumos hechos con tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos.
La reflexión del ahora exasesor ministerial sobre ese aspecto se basó en el anteproyecto de ley, del que fue corredactor; el texto votado por los legisladores recogió su esencia.
Según Cancio, el plan “sería una herramienta potente para complementar las prestaciones” jubilatorias, especialmente, en las clases medias y medias-altas. “En tal sentido, debemos ser conscientes de que una debilidad del mecanismo propuesto es que no aplicaría a las compras realizadas en efectivo, las que tienen una mayor participación en las compras de los hogares de menores ingresos (…). No obstante, el panorama en relación con el uso de estos instrumentos a futuro aún es incierto. El mundo está cambiando. A una velocidad mayor a la que nunca antes habíamos evidenciado”, señaló.
Agregó: “Tampoco debemos hacernos trampas al solitario. Las modalidades de ahorro por consumo difícilmente permitan alcanzar la dimensión necesaria para permitir que quienes hoy se encuentran en la informalidad o quienes desarrollan actividades bajo formas de trabajo no estándar puedan tener una pensión autofinanciada”.
A efectos de dimensionar el impacto potencial que podría tener esta modificación, el economista calculó que el monto total de los créditos fiscales asociados al IVA reintegrado equivalió a 13,6% de las transferencias de aportes que se realizan a las AFAP en los 12 meses a marzo de 2022. “Si bien parte de la rebaja del IVA seguramente esté aplicando a compras realizadas por jubilados o, en menor medida, estudiantes o menores de edad, estimamos que los montos asociados al ahorro voluntario podrían tener una incidencia de 10% en el total volcado a las cuentas de ahorro individual de un trabajador promedio”, complementó.
De esta manera, según Cancio, a un individuo con una movilidad salarial promedio, con una densidad de cotización del 75%, que se retira a los 65 años (la nueva edad mínima que introdujo la reforma), los recursos adicionales asociados a este mecanismo de ahorro voluntario le permitirían que los niveles de reemplazo que ofrece el pilar de ahorro individual pasen de valores de aproximadamente 45% del promedio de las asignaciones computables asignadas a este régimen a niveles cercanos al 50% del sueldo en actividad. Esta prestación se complementaría con la proveniente del pilar de solidaridad intergeneracional —la jubilación por el BPS— y, en caso de corresponder, con el suplemento proveniente del pilar no contributivo que se propone.
Externalidades
El exasesor del MEF en la reforma resaltó otros potenciales efectos positivos colaterales de la adopción de este mecanismo.
En primer lugar, desde la perspectiva de las instituciones intervinientes, puede “erigirse en la piedra base que permita vincular y facilitar el vínculo entre los bancos y demás entidades que ofrecen el servicio de cobro de remuneraciones y los fondos de ahorro previsional. En efecto, hoy en día no existen mecanismos automáticos que permitan establecer débitos recurrentes en cuenta, con finalidad de ahorro”. Según Cancio, la interoperabilidad entre estos agentes es una condición necesaria para que la medida funcione.
En segundo lugar, contemplando que es una actividad caracterizada por economías de escala, la implementación de estos mecanismos puede contribuir a “sentar las bases para un mayor desarrollo del ahorro voluntario” —hoy “casi inexistente”— incorporando “mejoras en la administración de los fondos, en la segmentación del mercado, entre otras”.
También podría ayudar a concientizar sobre la importancia del ahorro voluntario. “El proceso de inclusión financiera brinda, una vez más, un ejemplo interesante” en ese sentido, según el economista. Así como el beneficio del reintegro de unos puntos de IVA asociado al uso de tarjeta de débito permitió concientizar a la población de su uso como medio de pago —y no solo para sacar plata del cajero—, “es de esperar que la incorporación automática de la población a mecanismos de ahorro complementario para el retiro permita generar conciencia sobre la posibilidad de utilizar instrumentos de ahorro voluntario, para asegurar mejores niveles de reemplazo de ingresos en la vejez”.
