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El concepto del “shock de austeridad”, complementado con una cifra de recorte de gastos estimada en US$ 900 millones al año, fue uno de los eslóganes de la última campaña electoral de Luis Lacalle Pou como candidato blanco. Ya como presidente, para cumplir con esa promesa en marzo decretó un tope al gasto y el paso siguiente vendrá con la ley de Presupuesto quinquenal, con vigencia desde 2021. Pero, ahora con números más nítidos que los que su equipo disponía antes de entrar al gobierno, el Poder Ejecutivo que él encabeza ve posible lograr un ahorro anual incluso mayor.
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En la conferencia de prensa que brindó el miércoles 26 por la tarde en la Torre Ejecutiva, el mandatario señaló que se propondrá un “presupuesto austero”, y que si bien por la pandemia de Covid-19 hubo que retrasar la intención de bajar gastos, en los años siguientes se va a conseguir “un ahorro de US$ 900 millones o más”. En la mañana, en la reunión que mantuvo con legisladores en la residencia de Suárez y Reyes para presentarles junto al equipo económico los lineamientos generales del proyecto presupuestal, fue más concreto. Allí manejó que sería posible ahorrar US$ 1.100 millones al año desde 2021, contó a Búsqueda una fuente oficial. Son más de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).
“Habrá, en general, una eliminación de gastos innecesarios en todos los incisos. A alguno se le dará un presupuesto por encima de la línea de base general, en función de prioridades y determinados programas que parecen buenos”, explicó una fuente. En esa categoría estarán las áreas de educación, seguridad y vivienda.
“El gasto innecesario, el despilfarro (detectado), es una locura. De hecho, contando la administración central, las empresas públicas y los organismos del artículo 220, el ahorro será bien grande”, graficó una fuente. Se trata, dijo, de una “acumulación de pequeñas cosas, que no son tan pequeñas”. Y puso como ejemplo que algunos programas cuestan “decenas de miles de dólares” y dos terceras partes del gasto son contratos, en varios casos injustificados.
En 2019, el presupuesto de los tres poderes del Estado y los organismos del artículo 220 (tribunales de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, ANEP, Universidad de la República, Universidad Tecnológica, ASSE, Instituto del Menor, etc.) rondó el equivalente a US$ 16.700 millones. El decreto de marzo topeó el gasto en 85% de lo ejecutado el año pasado, dejando de lado ciertos rubros.
El proyecto de ley de Presupuesto para el quinquenio 2021-2025 todavía está siendo redactado; el texto será entregado al Parlamento el lunes 31, al vencimiento del plazo constitucional. Además de “austero”, en el contacto con los medios de comunicación Lacalle Pou lo definió como “equilibrado”, “realista” y “de acuerdo al plan”.
Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
Macro
La iniciativa se sustenta en la proyección de una economía uruguaya que irá remontando la crisis que trajo el Covid-19, si bien el panorama internacional plantea incertidumbre, reconoció una fuente gubernamental.
En la presentación ante los legisladores y en la conferencia de prensa posterior, el presidente y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, comentaron algunos números, aunque se cuidaron de adelantar por ahora la secuencia esperada año por año.
Según las estimaciones oficiales, el PBI se contraería 3,5% en 2020 y rebotaría 4% en 2021. Para los demás años del quinquenio se prevén tasas de expansión de entre 2,5% y 3,7%, dijo una fuente.
El déficit anual en las cuentas públicas, que según las proyecciones del gobierno trepará a 6,5% del PBI este año —por los gastos adicionales asociados al combate al Covid-19 y sus consecuencias—, bajará a 4,1% en 2021. Esa tendencia seguirá en los años siguientes, hasta ubicarse en 2,5% del Producto en 2024.
En cuanto a la inflación, el equipo económico ya tiene definido un nivel objetivo, pero recién la próxima semana las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central lo formalizarán en una reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica. La intención es que el alza de los precios minoristas en Uruguay no supere el 4% anual, si bien la meta seguirá siendo presentada como un rango de porcentajes.
“Un modelo”. Un presupuesto “responsable” con la persona en “el centro” de todas las políticas y con el objetivo de “reactivar la economía” a través de la generación de puestos de trabajo y la atracción de inversiones para que Uruguay “vuelva a ser competitivo”. Todo esto en un contexto “muy complejo”, producto de la pandemia y de la situación económica que su gobierno “heredó” de la anterior administración. La presentación a cargo de Lacalle Pou y Arbeleche dejó algunos de estos conceptos para que los legisladores de la coalición vayan masticando de cara a la discusión parlamentaria.
La ministra llevó la voz cantante. Según dijeron distintos participantes del encuentro a Búsqueda, se habló de la necesidad de ir bajando el peso de la deuda pública a los efectos de no perder el reconocimiento de las calificadoras de riesgo. Se puso énfasis en que Uruguay aún no está siendo competitivo. Y se reafirmó la intención de, en materia de inflación, “jugar en las grandes ligas”.
Durante la presentación se le dedicó algunos minutos al gobierno anterior, a lo que fueron “años de bonanza, con un nivel de gasto muy fuerte”. Eso en contraste con una administración que pretende ser austera, “responsable, pero cumpliendo metas prometidas en la campaña. Y que le llegue a la gente, que es a la que tiene que llegar”, resumió la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en diálogo con Búsqueda.
Luego, en conferencia de prensa en la tarde, el presidente reafirmó que no se prevé aumentar impuestos: “Podemos cumplir con el plan sin tocar los bolsillos de los uruguayos”.
El senador blanco Jorge Gandini, una de las puntas de lanza del gobierno en el futuro debate parlamentario por el Presupuesto, evaluó en diálogo con Búsqueda que el proyecto “expone las cuentas públicas y un plan económico que constituye un modelo para los cinco años. Y que busca equilibrios y fomenta el desarrollo de la economía real. No se puede repartir lo que no hay. Pero no faltará dinero para las funciones esenciales”. Agregó que las restricciones presupuestarias se “compensarán con mejor gestión y menos despilfarro”.
La situación coyuntural por la pandemia y sus consecuencias no estuvieron ajenas en el encuentro de Suárez y Reyes. Pero más que un problema, se la evaluó como una oportunidad. Lacalle Pou habló de la posibilidad de posicionar al Uruguay como un país que ha sido exitoso en el manejo del virus y que esto servirá para generar una “marca país” que atraiga a inversiones. Destacó que “hay mucha gente en el mundo” que mira a Uruguay para “hacer negocios”. Argimón acotó que el manejo de la pandemia “puede incidir hasta en la perspectiva del comercio exterior”.
