El proyecto de financiamiento de partidos al borde del naufragio a un año de las elecciones

En total, el proyecto frenteamplista, modificatorio de la actual normativa, había sido devuelto con siete artículos en rojo, 20 en amarillo y uno solo en verde. Desde entonces, la oposición reclamó en varias oportunidades al oficialismo que entregara un texto alternativo al de la legislatura pasada. En ese entonces, la izquierda no pudo desactivar el rechazo al texto del entonces diputado oficialista Darío Pérez, por lo que en esta legislatura volvió a presentarlo con un compromiso del Partido Nacional de volver a tratar el tema. Pero por el momento solo han circulado documentos de los diputados Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) y Conrado Rodríguez (Partido Colorado) con críticas al proyecto del Frente Amplio y redacciones alternativas.

Los reproches, aunque sutiles, ya venían apareciendo desde fines del año pasado. En la última sesión de 2022, el entonces presidente de la comisión, el frenteamplista Mariano Tucci, le reclamó al oficialismo un proyecto y que además ocupara la presidencia del cuerpo, con el argumento de que sería “responsabilidad” de la coalición “asumir el liderazgo para terminar con una ley de manera rápida, que conforme a la mayoría de los partidos políticos aquí representados”.

Los tiempos de la populosa comisión, con nada menos que 15 integrantes y representación de siete partidos políticos, venían barajándose a través de una subcomisión que actuaba como mesa chica, integrada por un representante de cada bancada, entre los que estaban Varela, Conrado Rodríguez, Juan Martín Rodríguez y el cabildante Martín Sodano. Según explicaron integrantes del cuerpo, el texto alternativo de la coalición iba a ser entregado el 27 de junio en ese grupo, pero eso no ocurrió.

El 6 de julio, en una entrevista con Búsqueda, Juan Martín Rodríguez admitió que existen “diferencias” o “matices” en algunas disposiciones del proyecto del Frente Amplio. “Hay voluntad política, pero no te voy a negar que dentro de la coalición hay diferencias”. Allí, el nacionalista, que ha actuado como una suerte de coordinador en el tema de parte de la coalición, sostuvo que su posición es de no avanzar si no es con el respaldo de todos los partidos, incluida la oposición, pero que tampoco iba a permitir que un partido de la coalición quedara al margen.

La posición de Cabildo Abierto es clave en la interna. Sodano asegura que la subcomisión nunca fue convocada y que sigue entendiendo que para aprobar el proyecto es necesario que su partido esté representado con un ministro en la Corte Electoral, algo que “se decidió democráticamente” en la última elección.

Si bien la presencia cabildante en la Corte Electoral había sido acordada políticamente entre los partidos desde inicios de la legislatura, viene dilatándose por discrepancias con la oposición y con el Partido Colorado en la suplencia del presidente de la corte.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó al oficialismo en declaraciones a Búsqueda por no acompañar el proyecto: “Los partidos hablan de que hay que evitar el financiamiento del narcotráfico y luego no votan el proyecto. No son coherentes. Actuar supone votar una ley de financiamiento, pero esto no sucede por un diferendo entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado por la Corte Electoral, que quieren trabajarlo en un paquete. Es una cosa absurda”. El exsindicalista aseguró que “los votos del Frente Amplio están” y que el tema termina siendo “rehén” de una “diferencia menor”.

En la última sesión de la comisión, tanto Rodríguez como Sodano deslizaron incluso la posibilidad de que la normativa comience a ser aplicada para 2029 y no a partir de 2024. Esto, argumentó el cabildante, tiene sentido en la medida que la Rendición de Cuentas que en ese entonces estaba por entrar no iba a poder considerar nuevas atribuciones tangibles para la Corte Electoral “que requeriría este proyecto”.

Lo sostenido por Sodano es, justamente, parte del argumento que tienen algunos legisladores del Frente Amplio para entender que existe falta de voluntad política para llevar adelante el proyecto. La bancada frenteamplista, que busca que la futura ley se aplique a partir de las próximas elecciones, insistirá con el tema cuando la Corte Electoral se presente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que a priori está previsto para el jueves 3 de agosto.

Por lo pronto, quien sí ha asistido a la comisión fue el gremio del organismo, la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, que denunció falta de personal y carencias de infraestructura física. Cuando fue consultada por el cabildante Álvaro Perrone acerca de las condiciones del organismo para el proceso de verificación de firmas ante un plebiscito, el funcionario respondió que con el actual personal de la Corte es “muy difícil afrontar, primero, un cierre de período y, luego, un proceso eleccionario”.