El Frente Amplio había prometido en la campaña electoral de 2009 una rebaja general de dos puntos porcentuales del IVA.
Dificultad cultural
“Vemos una dificultad en el tema cultural de la gente, que retira el efectivo y eso tendrá un costo” aún cuando tiene tarjeta de débito, apuntó el presidente de Abitab, Roberto Palermo, al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Hacienda.
Según el proyecto, antes de dos años desde su aprobación los honorarios de los profesionales independientes también deberán pagarse por medios electrónicos.
El presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Jorge Bergalli, comentó que “a veces hay intentos de regular que exceden las realidades”, y puso como ejemplo la ley de mercado de valores, que es una “muy buena norma pero no hay un mercado de capitales”.
Bergalli señaló que esta ley —que en el gobierno se la identifica como de “inclusión financiera”— es “demasiado ambiciosa en el cronograma que se plantea”. E insistió: “A uno le sobran los dedos de una mano para señalar los bancos que tienen actividad concreta con la población en general, incluyendo al Banco de la República (BROU). Entendemos que, si bien este proyecto es bueno, no están dadas las condiciones de educación para insertar en el mundo financiero a gran parte de la población”.
En una línea similar se expresó Jorge Ottavianelli, en representación de la Asociación de Bancos Privados. “Para que sea viable la inclusión financiera se necesita educación financiera”, dijo.
También pidió contemplar el hecho de que el proyecto acarreará mayores costos para los bancos, afectando la rentabilidad.
Palermo, de Abitab, aludió a ese asunto. Informó que, de acuerdo con un análisis hecho por esa red, los bancos que canalicen pagos de salarios precisarán que entre 60% y 70% de sus nuevos clientes “compren algún servicio financiero para llegar al punto de equilibrio, lo que es una meta casi inalcanzable”.
Inconstitucionalidad
Esta reforma también limita el uso del dinero para ciertos pagos. Así, un año después de la vigencia de la ley toda transacción económica que supere las 40.000 unidades indexadas (UI) a la inflación —unos U$S 4.995 actualmente— no podrá pagarse con dinero en efectivo. La misma restricción regirá desde igual fecha para las enajenaciones por 160.000 UI o más (cerca de U$S 19.980 hoy).
En el caso de las compraventas de inmuebles y vehículos motorizados que superen las 40.000 UI, además de medios electrónicos se permite abonar con cheques certificados cruzados no a la orden y diferidos cruzados no a la orden, o Letras de Cambio cruzadas emitidas por un banco.
Roque Molla, de la Asociación de Escribanos del Uruguay, advirtió que “puede haber visos de inconstitucionalidad en este proyecto”, ya que amenaza “el principio de libertad consagrado en la Constitución, porque la moneda nacional es la que tiene el poder cancelatorio. También aludió a varios “errores de técnica legislativa” en los que, a su entender, se incurre en el articulado.
Los arrendamientos por más de 40 Bases de Prestaciones y Contribuciones anuales o su equivalente mensual (unos $ 112.000 al año o $ 9.400 al mes) tampoco podrán abonarse en efectivo después de los seis meses de vigencia de la ley.
Desde la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles se advirtió que el pago electrónico de los alquileres puede provocar problemas al momento de ejecutar una intimación de pago o desalojo, ya que según el proyecto el recibo pasa a ser el número de un depósito bancario sin “claridad o cristalinidad suficiente” en cuanto a qué comprende el importe. “Si se deja este tipo de puerta abierta, entendemos que se va a sobrecargar al Poder Judicial con una cantidad de artimañas y mecanismos que se van a utilizar para no pagar y dilatar los juicios”, dijo el directivo Eduardo Baldovino.
El director gerente de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Bernardo Quesada, informó, basado en datos del Banco Central, que los cheques son el medio de pago que las empresas más usan en Uruguay y señaló que una de las funciones de esos documentos es dar una financiación cuando se emiten a plazo. “(...) Nos preocupa cómo pueden verse afectadas por esto las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes, en realidad, siempre trabajan con bancos y cada vez hacen más transferencias electrónicas”. Según Quesada, con esta ley se está “afectando (...) la fluidez del mercado de crédito en cuanto a la circulación de los cheques”.
¿Cooperativas en riesgo?
Un capítulo del articulado refiere al llamado crédito de nómina. Los trabajadores o pasivos que elijan una institución de intermediación financiera para el cobro de sus haberes podrán solicitar en esa o en otras especificadas préstamos y autorizar a su empleador, instituto previsional o compañía aseguradora (en el caso de las jubilaciones por AFAP) a que le realicen el descuento para el pago de las cuotas respectivas. El valor de la o las cuotas no podrá superar el 20% de los haberes mensuales (o 35% para créditos hipotecarios).
El texto también establece un orden de prioridad para las retenciones de cuotas: servicio de garantía de alquileres, cuota sindical, BROU, Banco Hipotecario o Mevir, Banco de Seguros del Estado, cuota de afiliación de instituciones de asistencia médica colectiva. Luego vienen las instituciones de intermediación financiera y los “actos cooperativos” realizados por los socios de las cooperativas de consumo.
El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Bernardo Berasain, expresó “apoyo a la ley” porque “ayuda a la inclusión financiera” y a la “educación cooperativa”, pero también alertó que los “costos sociales que puede traer (...) para las cooperativas de ahorro y crédito son muy grandes”.
Extendiendo a los bancos la posibilidad de la retención sobre los salarios y pasividades de los préstamos “se somete a las cooperativas a una competencia sumamente desigual con actores de gran poderío económico”, advirtió. Y fue más allá: si a eso se suma el topeo de las tasas de interés y la limitación del porcentaje de afectación de los ingresos, “el resultado es el desplazamiento o la desaparición del sector cooperativo de ahorro y crédito”.
Unas 900.000 personas están vinculadas a este tipo de instituciones, informó Berasain.
Alfredo Lamenza, de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, sugirió hacerle otros ajustes al proyecto, algunos “pequeños y otros no tanto”. A su juicio, extender el régimen de retención para el pago de cuotas de créditos a “empresas privadas como lo bancos privados (...) es un cambio fundamental. Y si a esto sumamos que es sobre las cooperativas de ahorro y crédito, el cambio se torna más importante”.
Advirtió que los topes al costo de los préstamos que se establecen en la ley de inclusión financiera “son perjudiciales” para esas instituciones y también “para las personas de menores recursos que toman créditos. (...) Al día de hoy, tendríamos un tope de tasa de crédito de nómina de aproximadamente un 31%, de tasa de crédito de retención de un 33% y de tasa de crédito sin retención de un 116%; o sea que hay una diferencia de más de un 80% entre la tasa de crédito de nómina y de crédito de retención que podrían llegar a prestar las cooperativas, y la tasa de crédito de los préstamos otorgados por las entidades financieras. (...) Si no se puede prestar un crédito de nómina por razones de capacidad o del intangible (...) la persona no va a tener más remedio que recurrir al crédito por fuera de la retención. Obviamente, esta tasa le va a costar, por lo menos, un 80% más cara, lo que significa que la persona tendrá que tomar un crédito mucho más caro que aquel al que puede acceder ahora”.
José Trípodi, en nombre de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, dijo que se comparte la “filosofía” de la iniciativa “porque el acceso a las posibilidades de crédito es una herramienta fundamental para los temas de inclusión y de movilidad social”. Luego advirtió sobre algunos posibles problemas de implementación y reclamó que las cooperativas de consumo tengan prioridad de cobro de los créditos de nómina.
La delegación de la Asociación Nacional de Afiliados (Anda) advirtió que la ley “afectará en forma importante” el “normal funcionamiento o el desarrollo que ha tenido” esta institución. También impactará en las fuentes laborales, señaló Washington Almada, uno de los representantes. “El 40% de su recaudación va a disminuir, se verán afectados puestos de trabajo y disminuirán algunos servicios sociales que otorga la institución y actualmente están subsidiados por los ingresos que tiene por concepto de cuota social y de tasa de interés. Nos estamos refiriendo, concretamente, al servicio odontológico, a la garantía de alquiler y a los servicios médicos”, complementó Hugo Speranza.
Esta organización sin fines de lucro reclamaba que el articulado garantizara la interoperabilidad de las redes de POS. Si no se contempla eso, sus 230.000 afiliados “no podrán acceder al descuento del IVA planteado en el proyecto porque en los comercios donde hay POS 2000 la tarjeta de Anda no entra, por disposición de los dueños de ese POS, que son los bancos”, comentó.
Algunos artículos “impactarán de forma contundente en la estructura funcional, económica y financiera de Anda”, advirtió Mauricio Flores, del gremio de empleados de esa organización que hoy jueves se congregará en la explanada del Palacio Legislativo para manifestarse.
El PIT-CNT tomó distancia de la postura de Anda. El martes 22 su Secretariado Ejecutivo emitió un comunicado en el que reafirmó el respaldo al proyecto, rechazó las “amenazas” sobre eventuales reestructuras y exhortó a “levantar la mira, dejar de lado pequeños intereses particulares y poner todo el esfuerzo en beneficio de los miles de uruguayos que (...) merecen igualdad de oportunidades”.
La empresa RedPOS tiene unos 4.000 puntos de venta que utilizan sus equipos de registración electrónica de transacciones con las tarjetas de Anda, Creditel, Pass Card y Club del Este, y también permiten hacer recargas de celulares y pagos de algunos servicios como de televisión satelital. Su gerente comercial, Edgardo González, se quejó porque la mayor empresa del sector —POS 2000— tiene una situación “cuasi monopólica y de posición dominante”, y reclamó que se ponga en práctica la interconexión de las redes en “no menos de un año”.
Según González, posibilitar que “todas las tarjetas de crédito internacionales pasen” a través de las redes de POS menores permitiría “evitar de alguna manera el acabose empresarial, cuidar los puestos de trabajo y cuidar a la empresa en sí misma”.
Antonio Martínez, representante de la financiera Microfinanzas del Uruguay, dijo que si bien comparte su “marco general”, el proyecto “está muy enfocado en la bancarización, en los créditos de nómina y en las cuentas bancarias” y “le falta la pata que corresponde a las micro y pequeñas empresas”.
Economía
2014-04-24T00:00:00
2014-04-24T00:00:00
