El secretario de Inteligencia y un senador advirtieron a Lacalle Pou sobre las anotaciones policiales de su jefe de seguridad

“Cuando empezó el gobierno o antes de empezar obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y no había antecedentes penales. Recuerdo de una persona que me habló de este tema”, dijo en rueda de prensa en Fray Bentos.

Mientras la información sobre Astesiano y sus antecedentes aparecían en los medios, dirigentes del Frente Amplio aumentaban sus críticas contra el gobierno y el presidente Lacalle Pou por sus contradicciones.

A las 21:04 del miércoles 28, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que anunció una investigación administrativa de urgencia para determinar por qué la información sobre los procesamientos de Astesiano no estaba en la documentación que se le dio al presidente en 2020 y 2021. Calificó el episodio de una “anomalía” sorprendente.

El largo miércoles tenía espacio para un dato más. Después de ese comunicado, El Observador informó que Astesiano había sido indagado por un posible delito en enero del 2022.

Mensajes borrados

El lunes 26 los periodistas Gabriel Pereyra y Eduardo Preve informaron en sus cuentas de Twitter que Astesiano había sido detenido por ser supuesto partícipe de una red dedicada a tramitar pasaportes uruguayos de manera irregular para ciudadanos rusos. El martes 27 la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, lo imputó a él y a otras tres personas, por un delito continuado de suposición de estado civil con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. El juez Matías Porciúncula le dispuso prisión preventiva de 30 días.

Fossati argumentó el pedido de prisión bajo la “sospecha grave” de que el imputado pueda entorpecer la investigación. Astesiano borró casi todos los mensajes que tuvo con su cómplice principal horas antes de que lo detuvieran y su teléfono celular fuera incautado. “No se sabe si tuvo conocimiento o no de la investigación. Se adoptaron todas las medidas para que fuera reservada, pero a veces no alcanzan los esfuerzos”, indicó la fiscal.

Durante la audiencia de formalización, Fossati argumentó que Astesiano está “en un lugar privilegiado, como la mano derecha del presidente de la nación”, por lo cual “es absolutamente impensable que en libertad no realice todas las gestiones que sean necesarias para que de aquí en más esta investigación se tranque”.

Astesiano repetía a sus cómplices que tenía una estrecha relación con funcionarios ubicados en “puestos estratégicos” de la administración pública, lo que le permitía tramitar los pasaportes con documentación falsa. Algunas de las reuniones que mantuvo con los miembros del grupo delictivo sucedieron en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Fuentes policiales confirmaron que Astesiano, por su rol, tenía contactos a todo nivel —incluso en la Policía— y evaluaron que “notoriamente” pudo haberlos utilizado. “Hay certeza razonable de que esas personas existen y que depende de la investigación encontrarlas e identificarlas”, dijo el juez Porciúncula. Las fuentes afirmaron que la investigación de Fossati incluye a jerarcas de la Policía Nacional.

Astesiano es personal civil y está vinculado al Estado a través de un contrato de adscripción, pero durante la década del 90 integró la Policía como parte del Agrupamiento Táctico de Seguridad (ATS), enclavado en el Prado. Ya retirado de la fuerza, el año pasado Sarandí accedió a expedientes oficiales que mostraban que desde 2003 a 2018 fue indagado, requerido y recibió anotaciones policiales en más de 20 ocasiones. Su procesamiento con prisión en 2013, ordenado por el Juzgado de 4º turno de Maldonado, provocó su reclusión en la cárcel de Las Rosas. Hoy está en la Unidad Nº 19 de Florida, una de las más seguras del sistema penitenciario, debido a patologías médicas —diabetes y una piedra en la vesícula— y a que manifestó temer represalias de una banda criminal que fue desarticulada tras rapiñar a su hijo el año pasado.

Su arresto se desencadenó la semana pasada cuando autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) advirtieron a Fiscalía sobre la presencia de un ciudadano ruso, Roman Karpov, que pretendía obtener la cédula de identidad uruguaya con documentación irregular. Con la detención e indagatoria a Karpov se detuvo a otro ruso, Alexey Slivaev, y al escribano uruguayo Álvaro Fernández —lazo principal de Astesiano—, que desde hace meses estaban en la mira de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Ambos eran sospechados como partícipes de una actividad de gestión y obtención de pasaportes uruguayos mediante la adulteración de documentación extranjera.

La investigación había sido archivada en 2019, pero se amplió el año pasado luego de que el Consulado General de Uruguay recibiera información por parte de la Asociación de Compatriotas Rusos en México (Soumex), que alertaba sobre varios ciudadanos rusos que utilizaban en ese país documentación uruguaya conseguida de forma apócrifa. Las irregularidades ya habían sido detectadas en 2020 en la DNIC e informadas por el director del Departamento de Cédulas de Identidad y Pasaportes de Montevideo de ese organismo, Juan Esteban Martínez Iglesias, quien elevó una solicitud expresa al director de la DNIC, José Luis Rondán, para fortalecer la normativa de expedición de pasaportes de uruguayos a extranjeros.

La red integrada por Astesiano adulteraba partidas originales rusas e inscribía a rusos como hijos naturales de ciudadanos uruguayos, generalmente ya fallecidos. Los datos de estos uruguayos eran sacados de partidas que conseguía Fernández en distintos registros del país; luego les indicaba a los rusos cuándo viajar a Uruguay y concurrir a la DNIC. Slivaev intervenía como traductor, conseguía a los clientes rusos, acordaba los montos que los clientes debían abonar y repartía luego las ganancias. Astesiano trabajó con el grupo al menos desde agosto de 2021 y coordinaba toda la tramitación mediante su vínculo con funcionarios públicos.

Aunque Fiscalía desconoce la cantidad de pasaportes que fueron emitidos bajo esta modalidad, la Policía Nacional ya prepara un trabajo conjunto con Interpol para determinar dónde se encuentran los ciudadanos rusos que obtuvieron pasaportes uruguayos de manera ilegal. La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol solicitarán un listado de estos ciudadanos rusos para conocer su paradero y estado actual: si están o fueron arrestados, si son requeridos o investigados en causas internacionales. El interés radica en saber si participan de actividades de crimen organizado, narcotráfico e incluso espionaje.