Pocos minutos después, el turno de la mañana de un equipo especial de policías bajo el mando del mismísimo jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, quedaba con las manos libres para comenzar con la persecución de los secuestradores a quienes tenía vigilados de cerca.
Los más viejos de esos policías conocían de primera mano el caso del empresario de free shops Luis Ernesto González, un hombre con antecedentes penales por contrabando que había aparecido muerto en un aljibe el 23 de agosto de 1993 en Los Cerrillos.
Por el secuestro y muerte de González fueron acusados penalmente el ex guardaespaldas del presidente Julio Sanguinetti, Luis de María, y el capitán del Ejército Walter Carmona.
Años después, gracias a entradas y salidas de la cárcel, el ex policía se había relacionado con el hábil chofer Lepere para dar un golpe de tres millones de dólares en 2006. El caso tuvo una secuela trágica: tres homicidios, entre ellos el del propio Carmona.
Un mal clásico.
Para la doctora Salomone, el trauma más grande de su existencia había comenzado mientras Peñarol y Nacional jugaban el penúltimo clásico de la temporada. Había visitado a su madre en la ciudad de Florida y a una paciente en Montevideo y se preparaba para comer y tomar algo en su casa de Rafael Pastoriza y Feliciano Rodríguez, muy cerca del estadio donde su esposo y uno de sus hijos disfrutaban del partido.
Nunca llegó a entrar a la casa. Un comando que la seguía desde Florida en un Ford Escort, la interceptó y mientras uno de ellos se puso al volante otro la colocó boca abajo en la parte de atrás de la camioneta Kia blanca, que horas después fue encontrada incendiada a unas 15 cuadras del lugar donde permaneció recluida.
Para la familia comenzaba un largo y angustioso proceso en el cual tuvo como respaldo al penalista Jorge Barrera.
Pero no solo el ex diputado colorado jugó su papel en el caso de la ginecóloga secuestrada. La familia contó con el apoyo del oncólogo Álvaro Vázquez, uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, quien pidió la intervención de su padre y su tío, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.
Gracias a esos impulsos fue que la investigación comenzó a tener una mayor masa crítica y el equipo a cargo de Layera logró avances en medio de un panorama crítico.
El jefe de Montevideo, designado por el director nacional de Policía, Julio Guarteche, es uno de los policías uruguayos con experiencia en secuestros: había tomado parte de la investigación del caso de Valentina Simon, hija de un ejecutivo bancario, mantenida en cautiverio en 2003 en Punta Carretas.
Layera, además de la confianza de los mandos del Ministerio, tenía otro punto a favor: había actuado en la represión al narcotráfico y en esa función adquirió experiencia en el rastreo de llamadas telefónicas.
Rastreo e informantes.
Preocupado por las filtraciones a la prensa, Layera dispuso una compartimentación de la información, tanto con la familia como dentro de los equipos de investigación.
El trabajo policial se planteó dos hipótesis principales: un secuestro extorsivo o un asesinato debido a una venganza o ajuste de cuentas.
La segunda variable llevó a la Policía a recorrer un radio de varios kilómetros desde el lugar donde las cámaras y el GPS habían perdido el rastro al vehículo.
Fue así que se realizaron rastrillajes, sin éxito, en los barrios Cerro y Pajas Blancas.
Buscando apoyo de la población se habilitaron dos líneas 0800. La policía se dispuso a seguir todas las pistas que parecieran razonables, aun cuando algunas de ellas tenían fuerte olor a contrainformación.
El jueves 1º, antes de que se tuvieran noticias de los secuestradores y un día después del fallecimiento de la madre de Salomone, la directora del Instituto de Criminología, Adriana Savio, declaró que la hipótesis más probable era la de secuestro.
Algunas fuentes policiales indicaron que la principal pista para cercar a la banda provino de un informante preso.
Las autoridades, sin embargo, dijeron que ese informante brindó datos falsos y si bien no aportaron detalles dejaron entrever que se llegó a capturar a los secuestradores sobre todo gracias a los rastreos telefónicos y al estudio de las imágenes disponibles.
Toda la operación criminal fue planeada hasta los detalles más mínimos y las comunicaciones de los delincuentes fueron muy medidas. Por ejemplo, para hacer llegar una carta, la prueba de vida reclamada por la familia a propuesta de la Policía, se emplearon buzones reales elegidos al azar luego de enviar un mensaje de texto.
Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el martes 16 por la tarde, Layera dijo que después de que la familia decidió difundir la foto y hacer pública la situación comenzó a llegar un cúmulo de información y que su procesamiento facilitó ubicar a casi toda la banda.
Layera informó también acerca de un intercambio de disparos poco después de la liberación de la médica secuestrada y antes de los allanamientos que permitieron realizar 12 detenciones.
Tendencias.
Fuentes policiales dijeron a Búsqueda que lo que empezó a marcar la tendencia de una nueva modalidad delictiva fueron extorsiones a familiares de presos en centros de reclusión. “Les decían a los familiares que si no les mandaban plata mataban al preso”, explicaron.
También hubo un período breve en el que se registraron “secuestros exprés”, en los que la víctima era trasladada a un cajero automático para retirar dinero. Pero como mejoró la seguridad de los cajeros, eso se cortó pronto, indicaron los informantes.
También hubo secuestros de familiares de narcos, cometidos por otros narcos, algunos que nunca llegaron a la órbita judicial pero sobre los que la Policía recibió información.
Los dos últimos secuestros son un emergente, y manifiestan una tendencia de organizaciones criminales que eligen víctimas que no tienen vínculos con el mundo del delito.
La semana pasada, la jueza Julia Staricco había procesado con prisión a un dominicano y un uruguayo que secuestraron a un empresario metalúrgico y que fueron interceptados luego de un seguimiento de la Policía.
También hubo un caso en el Cerro, donde la Policía desarticuló una banda que había construido una suerte de carcelaje para retener a sus víctimas.
Durante la misma conferencia de prensa del martes 16, Guarteche envió una señal fuerte: “Espero que quede claro para muchas personas que tenemos la capacidad de personal por su dedicación, por su capacidad técnica y también tecnología para responder ante cualquier hecho de este tipo. Esperamos que sea un desestímulo para cualquier persona que esté pensando en aventurarse en este tipo de delito, el hecho de saber que podemos resolverlo tal como resolvimos este caso que era realmente complejo.”
Al cierre de esta edición de Busqueda, la jueza Dolores Sánchez tenía a estudio el pedido de procesamiento de la fiscal María de los Ángeles Camiño de cinco de los 12 detenidos por el caso Salomone. Solo tres de ellos enfrentan un pedido por el delito de secuestro, que tiene una pena máxima de 12 años. El decimotercer indagado, con antecedentes por homicidio, y uno de los principales del grupo aún está prófugo. La fiscal informó que la banda tenía “una infraestructura preparada para más secuestros”.
Contratapa
2015-06-18T00:00:00
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