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Tras la decisión de la Justicia que determinó el cierre de la mutualista Casa de Galicia en diciembre del año pasado, se inició un proceso de negociación para que los socios no perdieran la atención médica y la mayoría de los profesionales que ejercían sus trabajos allí no se quedaran sin una fuente laboral. El gobierno definió que el Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam), la Sociedad Médica Universal, la Cooperativa Regional de Asistencia Médica Integral (Crami), el Círculo Católico y el Hospital Evangélico serían las que absorbieran a los socios y trabajadores.
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Para ordenar la negociación entre Casa de Galicia y las cinco mutualistas definidas por el gobierno se adjudicó la sindicatura a la Liga de Defensa Comercial (Lideco). El sindicato de trabajadores de la empresa firmó un convenio que establecía un orden para las reasignaciones de funcionarios, según distintos grupos y etapas. Los primeros en obtener un cargo en una nueva mutualista serían aquellos cuya única fuente laboral, o la más importante, derivara de Casa de Galicia. En la primera etapa, que duraría 45 días desde el cierre de la empresa, las cinco mutualistas debían contratar a todos los trabajadores de ese primer grupo. Si la cantidad de personas ubicadas allí era menor a 65, se debía alcanzar esa cifra con trabajadores del grupo 2. Esos grupos se establecieron según su dependencia laboral de Casa de Galicia, de mayor a menor.
El acuerdo firmado incluyó el acceso del sindicato de trabajadores a la base de datos de la División Evaluación y Monitoreo del Personal de la Salud (Dempesa) del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Banco de Previsión Social (BPS). En la base de datos de Dempesa se presentaron datos de los ingresos de los funcionarios a agosto de 2021, algo que, según el sindicato de Casa de Galicia, resultó erróneo, porque en el acuerdo se estableció que se tomaría diciembre de ese año.
La presidenta del gremio, Ximena Carrera, comentó a Búsqueda que tras la firma del convenio preguntaron a las mutualistas beneficiarias qué documentación les pedirían a los exempleados de Casa de Galicia para evaluar el momento de su contratación. Según su versión, la respuesta fue que no se pediría ninguna documentación, lo que haría fracasar el convenio. Pero los trabajadores tenían interés en que prosperara, y por tanto decidieron realizar su propia base de datos. “Así constituimos, de cada una de las personas, el grado de dependencia del ingreso de Casa de Galicia y las ordenamos. Lo que hicimos fue combinarlo con la base que tenía construida del MSP”, contó Carrera.
De los datos recabados por el sindicato resultó que el primer grupo de trabajadores que ejercían de forma exclusiva en la mutualista que cerró era de 58. El martes 31 de mayo venció el plazo para contratarlos a todos y, según información a la que accedió Búsqueda, los contratados fueron 65. Si bien esa era la cifra que se había establecido en el acuerdo, no se cumplió con el orden según grupos y se contrataron trabajadores con diversos grados de dependencia de Casa de Galicia. Los criterios no se respetaron y, según datos del Sindicato Médico del Uruguay, al cierre de esta edición había 12 trabajadores cuyo único ingreso derivaba de su actividad en Casa de Galicia a los que no se les había asignado un cargo en una de las cinco mutualistas que seleccionó el gobierno.
“Se supone”
Carrera contó a Búsqueda que los pagos de salarios en Casa de Galicia se realizaban con base en dos componentes: uno fijo y otro variable. El fijo era el salario base y el variable dependía de cuántos pacientes había visto el médico o, si era cirujano, a cuántos había operado, cuántos llamados de radio había atendido, entre otras cosas. La mutualista pagaba los sueldos fijos de sus trabajadores a mes vencido. A los médicos titulares, el variable se les abonaba cada dos meses. Pero a los suplentes, en cambio, se les pagaban los dos componentes cada dos meses.
Quienes se desvincularon de la mutualista en marzo de este año debieron haber cobrado los componentes variables o ambos en mayo. Pero eso, informó Carrera, no sucedió.
La sindicatura se había comprometido, según el acuerdo de palabra, a realizar las liquidaciones de los salarios de todos los trabajadores que se fueran desvinculando. Sin embargo, se informó al sindicato que el pago de sueldos llegaría junto con la liquidación final. Esto, según su versión, se debió a la antigüedad del programa informático usado para efectuar las liquidaciones, que hace que la tarea sea engorrosa. “Entonces nos decían que tenían la plata pero que no lo iban a poder pagar por ese mecanismo”, dijo.
“Nosotros planteamos que era inaceptable, si tenían la plata... Que se tenía que generar un mecanismo para pagarlo, porque tenemos que tener en cuenta que, de las personas que se desvincularon el 31 de marzo, la gran mayoría no tiene una oferta laboral y no cobró el salario de lo trabajado” en los últimos meses, contó Carrera. Agregó que la liquidación final está pautada para junio, pero los mecanismos de cobro del Fondo de Contingencia también podrían llegar a demorar meses.
“La situación es que nada sucedió como se supone que iba a suceder”, dijo la presidenta del sindicato de trabajadores de Casa de Galicia. “Se supone que la etapa 1 del acuerdo se cumpliría, se comenzaría con la etapa 2 de forma paulatina. El 8 de junio se supone que es el remate de la institución, se supone que habrá algún oferente, se supone que los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) continuarán funcionando hasta el 8 de junio y habrá que ver”, añadió.
